Almería

CSIF se moviliza contra las promesas incumplidas de la ministra Mónica García y exige un Estatuto Marco con mejoras laborales para todos los profesionales

estefania.garcia.soria — Tue, 06 May 25 13:18:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud, se ha movilizado hoy ante la Subdelegación del Gobierno de Almería, así como en el resto de provincias españolas, para denunciar las promesas incumplidas por la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre el Estatuto Marco.

Decenas de delegadas y delegados de CSIF han reclamado a la titular de Sanidad que presente una propuesta con mejoras salariales y una nueva clasificación para todos los colectivos y categorías de la Sanidad. “Después de dos años de reuniones, la negociación no avanza. La ministra se niega a concretar mejoras salariales, una nueva clasificación de las profesiones o la reducción de horas de guardia sin pérdida retributiva”, ha denunciado la responsable del sector de Sanidad de CSIF Almería, Belén Granados.

La Central Sindical ha exigido una adecuada clasificación del nivel de las diferentes profesionales de la Sanidad, acorde a la titulación exigida, así como a las responsabilidades requeridas y funciones realizadas, con la debida concreción de retribución económica específica y básica, conforme a lo propuesto por CSIF. Asimismo, la organización reivindica la aplicación de lo dispuestos en el artículo 76 del TREBEP para técnicos medios y superiores al grupo C1 y B.

La jubilación voluntaria parcial y anticipada y por coeficientes reductores para el personal del Sistema Nacional de Salud es otra de las reclamaciones de CSIF. Del mismo modo, la organización reclama la jornada de 35 horas semanales para todo el sistema sanitario, así como la reducción de las horas diarias de guardias, sin merma retributiva.

La Central Sindical también cree necesaria la equiparación salarial en el conjunto de las comunidades autónomas para los profesionales que realizan el mismo trabajo tengan el mismo salario. En materia retributiva, CSIF también ha reivindicado la recuperación de la estructura salarial previa a la bajada de sueldo de 2010 con el cobro de la paga extra íntegra y las subidas salariales pendientes.

Por último, CSIF ha reclamado el desarrollo de la carrera profesional en todas las comunidades y para todas las categorías, así como una revisión del régimen de incompatibilidades para evitar la fuga de profesionales.

“Desde CSIF expresamos nuestra decepción con la ministra de Sanidad por su actitud, ya que emplea más tiempo en maquillar la negociación del Estatuto Marco que de mejorar el Sistema Nacional de Salud y de reconocer la labor diaria de los profesionales”, ha subrayado Granados.

Por último, CSIF ha señalado que ha registrado una carta dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedirle que habilite una partida presupuestaria para financiar el sistema retributivo de la nueva clasificación de profesionales de Sanidad en el Estatuto Marco.

CSIF califica de insuficiente e inaceptable la subida del 0,5% a los empleados públicos y reclama renegociar un nuevo acuerdo salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido

admin — Mon, 09 Oct 23 10:44:14 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, considera “totalmente insuficiente e inaceptable” la subida del 0,5% en los salarios de los empleados públicos que se hará efectiva en la nómina del mes de octubre. Este incremento se aplica como variable ligada al Índice de Precios al Consumo (IPC) dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado por CCOO y UGT con el Gobierno de España en octubre del pasado año y que la central sindical se negó a corroborar.
Tras conocerse los datos del IPC, que en Andalucía aumentó un 0,6% en agosto con respecto al mes anterior hasta situarse en el 2,9%, la central sindical considera que los salarios de los empleados públicos continúan muy por debajo de los indicadores de inflación.

El citado acuerdo, rechazado por la central sindical, fijaba una subida del 6% a tres años más un 1,5% en variables hasta 2024. Lamentablemente, el IPC medio en 2022 fue del 8,4% y la previsión actual es que se sitúe en este 2023 en el 3,9%; lo que se traduce en que, en el mejor de los casos, los empleados públicos pierden cinco puntos de poder adquisitivo en sólo dos años.
Desde el sindicato han manifestado que “cualquier subida siempre es positiva, pero en este caso no sólo es insuficiente, sino que es inaceptable porque supone una auténtica injusticia para los empleados públicos”. Desde CSIF “no podíamos conformarnos con la primera oferta que el Gobierno central puso encima de la mesa, algo que lamentablemente CCOO y UGT sí hizo, lo que provocó que se echara por tierra la negociación que habíamos conseguido iniciar con la manifestación multitudinaria en Madrid en septiembre de 2022”.
A efectos prácticos, desde enero de 2022, “por culpa de este mal acuerdo”, una nómina de 1.000 euros se ha visto incrementada en 65 euros, cuando para no seguir perdiendo poder adquisitivo, teniendo en cuenta el IPC, se debiera haber incrementado en 120 euros. “Seguimos sumando pérdidas gracias a CCOO y UGT, si antes del acuerdo nuestro poder adquisitivo acumulaba una pérdida del 20%, ahora es de más del 25%”, ha detallado.
CSIF ha instado al Gobierno a sentarse nuevamente con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Función Pública para renegociar un acuerdo que palíe la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que en Andalucía supera el 24% desde 2010. El sindicato reclama al Gobierno que "corrija esta situación" y ha recordado que en Andalucía hay medio millón de trabajadores al servicio de las distintas administraciones públicas.
Según explica el sindicato, “estamos asistiendo a un empobrecimiento generalizado de la ciudadanía puesto que los precios continúan al alza, la vuelta al cole ha sido la más cara de los últimos años, la cesta de la compra sigue subiendo sin atisbo de que se frene, al igual que los carburantes y la inflación subyacente por encima del 6%”. Por todo ello, “pedimos que el Gobierno reaccione y ponga límites al deterioro de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores y que se establezcan salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual”, han añadido desde la central sindical.

CSIF sale a la calle para exigir a la Junta recuperar las ayudas de Acción Social de los empleados públicos andaluces y las pagas extra pendientes desde hace una década

admin — Wed, 27 Sep 23 10:22:25 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, fuerza sindical en la Administración pública, ha protagonizado este miércoles una concentración en la Delegación del Gobierno de la Junta para denunciar el incumplimiento del Acuerdo firmado en 2018 por parte de la administración autonómica y exigir la recuperación de las ayudas de Acción Social y de la parte regional de las pagas extra detraídas a los empleados y empleadas públicas de sus nóminas en los ejercicios 2013 y 2014. Esta movilización ha sido, además, de manera simultánea en todas las provincias de la comunidad autónoma.

Ante la “falta de voluntad de la Junta”, CSIF ha explicado que este calendario de movilizaciones, que tendrá continuidad el día 4 de octubre con una concentración regional ante el Palacio de San Telmo, responde “a la necesidad de que la Administración simplemente cumpla con lo pactado”. Precisamente, el lema elegido ha sido ‘La Junta No cumple’. En cuanto a cifras, en la provincia de Almería esta situación afecta a unos 20.000 trabajadores y trabajadoras que dependían de la comunidad autónoma y que estaban trabajando en Sanidad, Educación, Justicia y la Administración General de la Junta.
El Acuerdo Marco de 13 de Julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones del trabajo del personal del sector público recogía tanto la recuperación de las Ayudas de Acción Social –que dejaron de concederse en 2011-- como la restitución de las cantidades dejadas de percibir en los conceptos de pagas adicionales o complemento específico en su caso de los ejercicios 2013 y 2014.
A juicio de CSIF, “esta dilación responde a la falta de voluntad política de la Junta de Andalucía, que lleva un lustro mareando la perdiz para seguir incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz”.
Todas las comunidades autónomas de nuestro país a excepción de Andalucía han recuperado las ayudas de Acción Social, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Dichas prestaciones --que permiten, por ejemplo, una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario-- adquieren aún más relevancia en un periodo de dificultades económicas para las familias como el actual, ha destacado el responsable sindical.
Respecto a la parte autonómica de las pagas extra de los años 2013 y 2014, Andalucía es la única comunidad que ni siquiera ha hecho el intento de devolverla.
“Por este motivo, desde CSIF denunciamos que la Junta de Andalucía ha convertido a las empleadas y empleados públicos andaluces en los únicos del territorio nacional que siguen sin poder acceder a las prestaciones de Acción Social, ni han podido recuperar las pagas extra de 2013 y 2014 después de toda una década”, ha apuntado el presidente de CSIF Almería, Juan Fernández Cabezas.
Por otra parte, el dirigente sindical ha subrayado además que el sindicato ha actuado con responsabilidad y flexibilidad en relación a los años de crisis y los difíciles momentos vividos durante la pandemia de la Covid-19. No obstante, “ha llegado el momento de que alcemos la voz para que los empleados y empleadas públicas accedan a lo que les corresponde por derecho, sin más excusas y sin más demoras”, ha manifestado.

CSIF rechaza que los empleados públicos se vuelvan a quedar este año sin ayudas de Acción Social y reprocha a la Junta su falta de voluntad para retomarlas

admin — Thu, 12 Jan 23 12:42:21 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en la Administración pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha rechazado de plano que las empleadas y los empleados públicos andaluces vuelvan a quedarse un año más sin ayudas de Acción Social debido a la falta de consignación presupuestaria para las mismas en 2023, salvo en el caso de las destinadas a personas con discapacidad. En concreto, en la provincia de Almería estas prestaciones afectan a más de 25.400 trabajadores y trabajadoras dependientes de la Administración autonómica. Ello pone de relieve “la falta de voluntad de la Junta de Andalucía para retomarlas” después de que dejaran de concederse hace más de una década, concretamente en 2011.

Según el secretario de Acción Sindical de CSIF Andalucía, Manuel Pérez, “la Junta se escuda en limitaciones de carácter legal que afectan a aquellas comunidades que incumplen el déficit de gasto, entre las que no se encuentra Andalucía, pero en el fondo esta dilación responde a su falta de voluntad política por retomar estas ayudas y, por lo tanto, su falta de prioridad presupuestaria para dar cobertura a estas prestaciones que, entre otra cuestiones, posibilitan una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario, entre otras”.
El responsable sindical ha explicado que “tanto durante las negociaciones llevadas a cabo en Mesa General, como en las reuniones o conversaciones mantenidas desde CSIF a lo largo del pasado año con distintos responsables de la Administración, ésta ha mareado la perdiz con el objetivo de que no diera tiempo poner en marcha de nuevo las ayudas de Acción Social en 2023, como finalmente ha ocurrido”.
“El resultado es que el Gobierno de la Junta sigue incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, en el que se recogía la recuperación de las ayudas de Acción Social, y que un año más los empleados y empleadas públicas que dependen de la Administración autonómica se ven privados de la posibilidad de optar a estas ayudas, a las que en el último ejercicio en el que fueron concedidas se destinaron en torno a 35 millones de euros”, según ha detallado el secretario de Acción Sindical de CSIF-A.
El “paripé” de la Administración
“En resumidas cuentas, la Administración ha estado haciendo el paripé, demorando y mareando la perdiz para conseguir el que era su objetivo, lo que vuelve a dejar a sus empleados públicos sin ayudas de acción social después de más de diez años sin ellas”, ha lamentado el dirigente sindical.
Manuel Pérez ha argumentado además que otras comunidades autónomas sí han recuperado ya dichas ayudas, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
“Desde CSIF seguiremos trabajando y reivindicando la puesta en marcha de nuevo de estas ayudas, que son esenciales para los empleados y empleadas públicas de la comunidad andaluza y que adquieren aún más relevancia en un periodo de problemas económicos para las familias como el que vivimos”, ha concluido el responsable sindical.

CSIF logra abrir la negociación salarial y una compensación para este año, pero la oferta del Gobierno es muy insuficiente

admin — Thu, 29 Sep 22 10:10:39 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones y con presencia creciente en el sector privado, ha logrado abrir la negociación salarial tras la gran movilización realizada el pasado sábado en Madrid, después de 2 años de bloqueo por parte del Gobierno.

En concreto, la propuesta inicial del Gobierno pasa por una subida salarial del 1,5 por ciento con efectos retroactivos desde enero de este año. Asimismo, desde Hacienda ofrecen una subida del 2,5 y del 2 por ciento para 2023 y 2024 respectivamente.

Desde CSIF, valoramos de manera positiva el inicio de las conversaciones y que el Gobierno haya accedido a revalorizar el sueldo de 2022 para compensar los efectos de la inflación, tal y como reclamó nuestra organización. No obstante, esta propuesta es muy insuficiente, teniendo en cuenta el poder adquisitivo perdido por la evolución de los precios y los recortes sufridos desde 2010.

Además, esta oferta debe complementarse con otras cuestiones salariales como la equiparación salarial entre comunidades autónomas (especialmente en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, educación, sanidad…), la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio (dietas por desplazamiento), las indemnizaciones por residencia e insularidad o la mejora salarial del personal laboral en el exterior

CSIF recuerda que desde 2010, cuando el Gobierno socialista les bajó el sueldo por primera vez, su poder de compra se ha visto mermado en más de un 20 por ciento (solo en los dos últimos años se ha perdido un 11 por ciento como consecuencia de la evolución de los precios). Por este motivo, CSIF exige al Gobierno que realice una oferta a la altura del esfuerzo, la profesionalidad y el papel que desempeñan nuestros servidores públicos, especialmente durante la pandemia y la actual crisis económica.

Además de las cuestiones retributivas CSIF considera fundamentales otros asuntos como suprimir la tasa de reposición para mejorar las ofertas de empleo público y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos, la jornada laboral de 35 horas, el desarrollo del teletrabajo y de la carrera profesional o la jubilación anticipada de aquellos colectivos que por su especial penosidad así lo han solicitado (conductores de ambulancias, personal del Sistema Nacional de Salud, entre otros).

En concreto, estas son las propuestas de CSIF:

Proponemos un acuerdo plurianual con una subida económica que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por el conjunto de los empleados públicos. Desde 2010 se sitúa en el 24,35 por ciento. Además, dicho acuerdo debe llevar una cláusula de revisión salarial vinculada a la subida del IPC. Dicho acuerdo debe contemplar la primera subida con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022.
Proponemos que dicho acuerdo permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, por lo que proponemos la derogación del RDL 8/2010.
Proponemos que dicho acuerdo contemple la habilitación de crédito para ejecutar en el desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado y dentro del ámbito de negociación adecuado, que permita:

Corregir las desigualdades retributivas existentes que permitan corregir, al conjunto de empleados públicos entre los distintos ámbitos territoriales.
Actualizar la indemnización por razón de servicio. Unas cuantías que están sin actualizar desde el año 2005 y que suponen un coste para el bolsillo de los EEPP en el desarrollo de sus funciones públicas. Resulta ofensivo que nuestros parlamentarios se hayan subido las dietas en el ejercicio de sus funciones (0,25 €/Km) y se mantengan para el resto en 0,19 €/Km.
Queremos que dicho acuerdo recoja la actualización de las cantidades de indemnización por residencia. El encarecimiento de la vida y fundamentalmente de la vivienda no permite la estabilidad deseada en las plantillas de empleados públicos de las islas lo que afecta directamente a la prestación del servicio público.
Proponemos que dicho acuerdo homologue las retribuciones del personal laboral contratado en el exterior.

PENSIONES:

Sobre esta materia y teniendo en cuenta que las mismas se van a revalorizar conforme al IPC, CSIF propone que el acuerdo contemple el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas para equiparar la cuantía de las mismas a las del Régimen General de la Seguridad Social. Además, solicitamos la extensión de la jubilación parcial anticipada al conjunto del personal funcionario y estatutario (actualmente solo está reconocida para el personal laboral). Este acuerdo también debe contemplar el inicio de los trámites para establecer la jubilación anticipada de aquellos colectivos que, por su especial dificultad, así lo han solicitado (Conductores de ambulancias, personal del SNS, etc.)

EMPLEO y OTROS DERECHOS

El acuerdo debe recoger la supresión de la tasa de reposición para que las distintas administraciones públicas puedan adaptar las ofertas de empleo público a la planificación de recursos humanos y necesidades reales de cada ámbito.
Debe establecerse definitivamente la jornada laboral de 35 horas mediante su regulación en el Art. 47 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público como normativa básica.
Debe flexibilizarse definitivamente la Promoción Interna estableciendo por una sola vez y con carácter excepcional el concurso de méritos.
Debe potenciarse la movilidad estableciendo dicho mecanismo como sistema prioritario de provisión de puestos de trabajo. Se fijará en la normativa básica la convocatoria de al menos un concurso ordinario de traslados.
Proponemos la adecuación de los grupos de clasificación profesionales del artículo 76 del TREBEP.
Hay que desarrollar la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y aplicar de manera inmediata el acuerdo de TELETRABAJO así como el desarrollo de la CARRERA PROFESIONAL para el conjunto de EEPP.
Por último, debe establecerse en dicho acuerdo la garantía de financiación para las MUTUALIDADES a fin de que las mismas presten una asistencia sanitaria adecuada, dado que los incrementos del 1 por ciento para 2023 y 2024 no garantizan el mantenimiento de los niveles de calidad en la asistencia.

CSIF denuncia que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20% y se moviliza para frenar el deterioro de sus condiciones laborales

admin — Wed, 22 Jun 22 11:05:50 CEST

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Cientos de personas se han dado cita este miércoles en Sevilla, ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, convocadas por la Central Sindical, Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía en defensa de los empleados y empleadas públicas y con el objetivo de frenar el deterioro de sus condiciones laborales. Así lo ha puesto de manifiesto durante la protesta el presidente de CSIF-A, Germán Girela, quien ha denunciado que este colectivo acumula desde 2010 una pérdida de poder adquisitivo de casi el 20%.

Esta movilización forma parte de las convocadas simultáneamente por CSIF en todo el territorio nacional para exigir “que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se siente a negociar un calendario para una subida salarial justa que implique recuperar la devaluación en las nóminas de los servidores públicos desde hace más de una década”, según ha explicado el responsable autonómico de la central sindical.
CSIF, como fuerza sindical más representativa en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha visibilizado a través de esta movilización, a la que se han sumado personas procedentes de todas las provincias andaluzas, “el deterioro de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos” y ha exigido “que se posibilite una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía”, según Girela.
Bajo el lema “Por la dignificación de la labor de los empleados y empleadas públicas y la defensa de la negociación colectiva”, el sindicato da continuidad a las movilizaciones que ya inició el pasado 25 de mayo con el objetivo de “asegurar que los servidores públicos sean retribuidos con unos salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual, poniendo fin a dicha pérdida de poder adquisitivo y estableciendo los mecanismos oportunos para que no vuelva a producirse en el futuro”.
Brutal inflación que también sufre personal del sector público
“Ante la pérdida de poder adquisitivo acumulada, la situación de incertidumbre de la economía, la brutal inflación y sus consecuencias en la cesta de la compra, es apremiante que el Gobierno central se siente a negociar ya”, ha argumentado Germán Girela, quien ha recordado que en Andalucía hay más de medio millón de trabajadores y trabajadoras al servicio de las distintas administraciones públicas.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, otro de los problemas que afecta a los empleados y empleadas públicas la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, así como el envejecimiento de las plantillas derivado de las insuficientes ofertas de empleo público, que hace necesaria una renovación generacional, según ha explicado el responsable sindical.

CSIF Almería protestará en Sevilla junto a empleadas y empleados públicos de toda Andalucía contra la pérdida de poder adquisitivo del colectivo y en demanda de que se dignifique su labor

admin — Mon, 20 Jun 22 11:01:48 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, se trasladará a Sevilla el próximo miércoles, día 22, para la gran movilización que llevará a cabo ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, en la que participarán empleados y empleadas públicas de todas las provincias, para protestar por su pérdida de poder adquisitivo y para reivindicar la dignificación de su trabajo.

Tras la concentración provincial que tuvo lugar el pasado 25 de mayo, CSIF prosigue con su calendario de movilizaciones y celebra protestas este miércoles, no sólo en Andalucía sino en el resto de comunidades autónomas y ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el objetivo de visibilizar el deterioro de sus condiciones laborales y retributivas y de reivindicar que se posibilite una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía.
Con esta concentración regional que se celebrará en Sevilla el próximo 22 de junio, la central sindical más representativa del sector público quiere trasladar a la opinión pública los recortes que este colectivo acumula desde hace más de una década, ya que dicho personal habrá acumulado una merma de poder adquisitivo que será de un 20% a finales de 2022 respecto a 2010. En este sentido, desde el sindicato se insta al Ministerio a sentarse ya a negociar una subida salarial.
Por este motivo, a juicio de la organización sindical, hay que asegurar que los servidores públicos sean retribuidos con unos salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual, poniendo fin a dicha pérdida de poder adquisitivo y estableciendo los mecanismos oportunos para que no vuelva a producirse en el futuro. A la movilización de este miércoles se suma también la asociación policial Jupol, que comparte esta reivindicación.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, otro de los problemas que afecta a los empleados y empleadas públicas la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que hay 175.100 temporales en el conjunto de 599.100 asalariados totales del sector público en la región.
El envejecimiento de las plantillas, derivado de las insuficientes ofertas de empleo público, es otra de las cuestiones que denuncia CSIF, que insiste en la necesidad de una renovación generacional.

Las empleadas y empleados públicos almerienses se movilizan el miércoles contra la pérdida de poder adquisitivo y la falta de negociación salarial

admin — Fri, 20 May 22 10:35:51 CEST

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La Central Sindical, Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, dará comienzo el próximo miércoles, 25 de mayo, a un calendario de movilizaciones con las que quiere denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas, que en la provincia suman más de 40.000 personas, y la falta de negociación sobre sus salarios. En concreto, el miércoles se desarrollará una concentración en la Subdelegación del Gobierno, que tendrá réplica en el resto de provincias andaluzas. Además, a estas movilizaciones se han adherido las asociaciones profesionales policiales y de Guardia Civil, integradas en JUSAPOL.

Según ha explicado el sindicato “se trata de movilizaciones que se realizarán en el conjunto de España y que tendrán continuidad en el tiempo en defensa de nuestros empleados y empleadas públicas, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, cuando el Gobierno central les rebajó el sueldo, por lo que urge negociar una subida salarial”.
Asimismo, CSIF ha subrayado que “el personal del sector público lleva contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años”, por lo que ha considerado que “necesita salarios acordes al trabajo que desarrolla y no puede seguir sufriendo más recortes”, ante lo que urge al Ministerio de Hacienda y Función Pública a sentarse a negociar.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, la central sindical ha alertado sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que hay 175.100 temporales en el conjunto de 599.100 asalariados totales del sector público en la región.
Asimismo, CSIF ha recordado que hay ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social que se encuentran en una situación muy compleja, como puso de manifiesto la pandemia, y que necesitan un refuerzo extraordinario de personal. En concreto, el déficit de personal de la Seguridad Social en Andalucía asciende a unas 900 personas y en el SEPE hay medio millar de trabajadores y trabajadoras menos en las oficinas andaluzas que hace cuatro años debido fundamentalmente a jubilaciones del personal.
Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) anunciado por el Gobierno, CSIF considera que “se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara”. En este sentido, ha criticado igualmente que la modalidad laboral no presencial no haya sido una prioridad tampoco para la Junta de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado una normativa específica al respecto.
En concreto, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualizados a julio de 2021), en Andalucía hay un total de 507.607 trabajadoras y trabajadores al servicio de las distintas administraciones públicas. De ellos, el 60% aproximadamente (304.829) pertenecen a la Administración autonómica; el 23,4% (118.767) a las administraciones locales; y el 16,6% (84.011) al sector público del Estado.

CSIF se concentra contra el cese indiscriminado de empleadas y empleados públicos de la Junta

admin — Tue, 19 Apr 22 11:15:45 CEST

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El Sector de Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, junto a los sindicatos UGT, CCOO, ISA Y USTEA, representados en la Mesa Sectorial y en la Comisión de Convenio, se han concentrado este martes en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía contra el cese indiscriminado de empleadas y empleados públicos y contra la inexistencia de unos procesos reales de estabilización en la Junta de Andalucía.

Las organizaciones sindicales han denunciado la situación que la Administración autonómica ha generado con la resolución de los procesos de estabilización/consolidación de las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2019.
En concreto, la Junta ha cesado en aquellos puestos con más de una persona temporal o interina, al personal laboral temporal y al personal funcionario interino con más antigüedad en la Administración, contraviniendo la instrucción consensuada con las organizaciones sindicales, por la que se regulan los ceses de este personal y aplicando retroactivamente la Ley de reducción de la temporalidad con un doble fin. Por un lado, la Junta pretende no tener que convocar nuevamente dichas plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022; y por otro, busca ahorrarse las indemnizaciones que le corresponderían al personal que cese tras la entrada en vigor de la Ley de temporalidad del 29 de diciembre de 2021.
Estos procesos de estabilización y consolidación no están siendo adecuados para cubrir los objetivos que se proponen. En ningún momento ha habido interés de negociarlos con las organizaciones sindicales y están ya recurridos en los tribunales. Los afectados por estas decisiones son más de 3.000 empleadas y empleados públicos, funcionarios interinos o laborales temporales de larga duración, muchos de ellos con más de 20 años de trabajo en la Junta de Andalucía.
La administración convocó plazas justo antes de la aprobación de la ley 20/21 para la reducción de la temporalidad y con el conocimiento previo de su texto. Esto provoca que el personal se enfrente en peores condiciones a los procesos de estabilización y, en muchos casos, pueda perder la indemnización. Además, en los procesos realizados, se han llegado a quedar plazas desiertas, dejando a personal con experiencia sobrada y muchos años de dedicación a la Junta de Andalucía en situación de precariedad.
Condena a la exclusión laboral
La Administración anuncia el cese del personal cuyas plazas están señaladas en las OEP 2017/2019, y empleados públicos de más de 50 años edad y con una larga experiencia laboral, condenados ahora a exclusión laboral. Es significativo cómo la Junta adelanta los procesos selectivos para no tener que aplicar la Ley de reducción de la temporalidad a las personas que cesen, abonando las correspondientes indemnizaciones, pero sí dice que la aplica para cesarlos y no tener que convocar nuevamente las plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022.
La Administración de la Junta de Andalucía es la responsable de la mala gestión de estas Ofertas de Estabilización/Consolidación y debería de haber negociado con las organizaciones sindicales, al igual que se ha hecho en otras administraciones, procesos de estabilización/consolidación reales, con el fin de acabar con la excesiva temporalidad en la Administración General de la Junta de Andalucía.
No es de justicia que, por cuestión de tiempos o por otras razones que no queremos imaginar, a personas con más de 20 años de prestación de servicio en la Junta no se les haya aplicado la Ley de reducción de la temporalidad saltándose la doctrina fijada por el TJUE de instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad y, por otro lado, evitando la realización de unos procesos selectivos de estabilización adecuados, que dentro de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, hubieran hecho valer la experiencia acumulada en la propia administración de la Junta de Andalucía.
“En estos momentos nos encontramos con unos criterios de ceses que no han sido negociados y que provocarán despidos masivos aun existiendo plazas vacantes dotadas sin cubrir, con necesidades de personal en la mayoría de los centros de trabajo y realizando constantes planes de choques y contrataciones de personal fuera de las relaciones de puestos de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo, teniendo un capital humano, con experiencia y formado dentro de la propia Administración”, han explicado.
“Las organizaciones sindicales estamos dispuestas a utilizar todos los recursos de movilización, negociación y legales que tenemos en nuestras manos para defender a estos empleados y empleadas públicos que están sufriendo esta nefasta gestión de recursos humanos propios”, han puntualizado.