ANOMALÍAS en la gestión de la Dirección General de Justicia.- CSIF solicita una reunión con la Consejera de Presidencia y Justicia

IRENE DE LA RIVA, Responsable autonómica del Sector de Justicia de CSIF Aragón, quiere poner en su conocimiento, a través del presente escrito, la anómala situación de gestión de la Dirección General de Justicia y de la que depende directamente el personal de dicha administración.

 

En la administración de Justicia aragonesa estamos atravesando un momento de gran incertidumbre con la implantación de la nueva oficina judicial (NUMO). Cabe esperar que una reforma de tan enorme calado implique disfunciones que se vayan solventando con el día a día. Pero lo que está sucediendo supera con creces la expectativa de una simple acomodación a una nueva organización. La causa, entre otros motivos, la premura de la negociación y la escasez de reuniones para cerrar la fase III de acoplamiento con garantías. Una Fase III con muchos desafíos puesto que afecta a los tres partidos judiciales de las capitales, donde están destinados y afectados la gran mayoría de los funcionarios de la administración de Justicia aragonesa

 

Numerosas disfunciones en el aplicativo informático (TTO) creado para este proceso, que no garantizaba los derechos de los funcionarios ni respondía a la normativa del proceso de acoplamiento aprobado por todas las organizaciones sindicales para realizar un acoplamiento de forma correcta. A modo de ejemplo, señalar las numerosas dudas que ocasionaba a los funcionarios la simple cumplimentación de la propia solicitud. La configuración de este tramitador online vulneraba lo acordado en el propio proceso de acoplamiento, creando incertidumbre e indefensión ante cualquier decisión que adopte posteriormente la Administración de todo el personal afectado.

 

CSIF ha denunciado diariamente y durante todo el proceso de solicitud del procedimiento de acoplamiento, todas las incidencias de las que iba teniendo conocimiento por email y/o por teléfono, directamente con el personal de la Dirección General de Justicia y con el propio Director General. A veces se solventaban, pero en otras ocasiones la solución implicaba más problemas de interpretación que, a día de hoy, y con el proceso de solicitud ya finalizado, permanecen sin respuesta.

 

La Dirección General tampoco se dignó a enviar notas informativas aclaratorias ni correos electrónicos informativos al personal afectado sumido en la más absoluta duda, ni se hizo ningún tipo de manual que ayudase a cumplimentar la propia solicitud, pese a que CSIF lo solicitó en numerosas ocasiones. El sentimiento de abandono informativo por parte de la Dirección General de Justicia fue absoluto. Todo un absoluto despropósito.

 

Esto indiscutiblemente conducirá a que una vez resuelta la fase de acoplamiento, los recursos que van a presentar los afectados van a ser una verdadera avalancha. El no querer dejar claras las “reglas del juego” desde el primer momento que se pone en marcha el proceso de acoplamiento, aparte de crear desconfianza, genera a posteriori más trabajo burocrático y un mayor retraso mayor en el cumplimiento de plazos para la implantación de la NUMO. CSIF estuvo pendiente desde el primer momento y ya lo advirtió.

 

Pero no solo las disfunciones quedan aquí, la problemática que está suscitando el nombramiento de personal interino es un problema bastante grave. A parte de estar en precario con las bolsas de interinos y estar nombrando aspirantes procedentes del inaem sin formación previa, los nombramientos se están realizando ahora a través de una empresa externa, de lo que no se nos ha informado en absoluto. Empresa que está manejando datos personales. Los nombramientos no son públicos, no es un proceso transparente, no conocemos el criterio de nombramiento y no se está controlando ni a quien se nombra ni siquiera sabemos a qué criterio de preferencia responden para nombrar en un determinado órgano judicial por delante de otro.

Es un verdadero disparate la situación que estamos padeciendo.

 

Por no hablar de que algo que también preocupa como son la realización de las guardias de violencia de género, que van asociadas a la nueva oficina judicial y que a veinte días del 31 de diciembre, absolutamente nadie de la Administración se ha pronunciado para aclarar cuando se hacen efectiva la realización de esta guardia. Y este servicio hay que organizarlo previamente. Los compañeros han de saber si la han de realizar o no para poder organizar su periodo vacacional navideño, y que, a estas alturas, aún no saben a qué atenerse.

 

Por último, señalar que ya son dos los años sin ejecutar los programas de formación del IAPP. Aparte de alguna sesión de Avantius o ciberseguridad, no se ha convocado ninguna formación a nivel procesal, cuando sí se han producido reformas procesales de gran calado.

 

Frente a toda la problemática expuesta y a la situación insostenible en la que nos encontramos actualmente, CSIF ha solicitado numerosas reuniones presenciales con el Director General de Justicia para intentar buscar soluciones, pero por parte de la Administración de Justicia, no se nos ha dado ningún tipo de respuesta. Esta situación de abandono institucional condujo a nuestra petición de dimisión tanto del Director General de Justicia como del Jefe de Servicio del personal de la administración de Justicia, sin que hasta la fecha haya habido ningún cambio en este sentido

 

En consecuencia, y dada la gravedad de la situación, CSIF solicita una reunión con la Consejera de Presidencia y Justicia, Dª Mar Vaquero, para tratar en persona esta delicada situación y alcanzar posibles soluciones que hagan recuperar la confianza del personal de Justicia en esta importante institución.