CSIF denuncia deficiencias en la atención sanitaria de las cárceles por el incumplimiento de la transferencia de los servicios sanitarios a la comunidad autónoma
El traspaso de las competencias lleva 16 años de retraso, lo que perjudica a la atención sanitaria de los internos y a las condiciones laborales de los trabajadores. Un médico de prisiones cobra 1.000 euros menos al mes que uno del Salud. En la crisis del COVID-19 se ha acentuado la falta de personal.
04 de Junio de 2020

Zaragoza. (04/06/2020).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el incumplimiento durante 16 años de las transferencias de los servicios sanitarios de las prisiones a las comunidades autónomas provoca deficiencias en la atención a los internos y perjudica a las condiciones laborales de los trabajadores. Las cárceles aragonesas de Zuera y Daroca tienen graves carencias de personal sanitario. La falta de transferencias agrava aún más el problema.

Se acaba de cumplir 17 años de la aprobación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema nacional de salud de 2003, que recogía las transferencias de los servicios sanitarios de las prisiones a las comunidades autónomas. La ley daba un plazo de 18 meses para este traspaso, que solo se ha producido en Cataluña (tiene la transferencia total de Prisiones) y en el País Vasco (tiene transferidos los servicios sanitarios). En Aragón no se ha dado ningún paso en este sentido. CSIF ha presentado sendos escritos al Justicia de Aragón y al Defensor del Pueblo reclamando estas transferencias. Ambas instituciones han admitido a trámite las quejas y se van a dirigir al Gobierno de Aragón y a Instituciones Penitenciarias.

Los centros penitenciarios tienen una carencia de personal sanitario, especialmente de médicos. La disminución del número de médicos es constante, no se cubren las bajas ni las jubilaciones. Es un colectivo envejecido y muy sobrecargado de trabajo. Durante la crisis del coronavirus se ha evidenciado la falta de personal sanitario en las cárceles aragonesas. La incidencia de COVID-19 en las cárceles aragonesas ha sido de un funcionario contagiado en Daroca; en Zuera dos funcionarios y un interno, y en Teruel cinco funcionarios, de los cuales lamentablemente uno falleció por esta causa.

La prisión de Daroca, con 400 internos, ha pasado los días duros del COVID-19 con unsolo médico localizado a 80 kilómetros del centro penitenciario. La plantilla debería ser de 6 médicos, pero solo hay uno activo. También hay carencias del personal de enfermería.

Durante la situación de colapso sanitario, 4 enfermeras (de una plantilla de 7) dieron cobertura las 24 horas durante todos los días de la semana. Recientemente se han incorporado tres trabajadoras (había tres bajas sin cubrir desde octubre). En Zuera, con 1.200 internos, también hay puestos sin cubrir. De una RPT de 8 médicos, solo hay 3 activos, que realizan las guardias a 50 kilómetros de la cárcel. También faltan 4 enfermeros y 5 técnicos auxiliares de enfermería (TCAE). En Teruel, con una TCAE de baja, no hay tantos problemas de personal, pero también sufren los inconvenientes y las deficiencias en la atención sanitaria por no pertenecer al Servicio Aragonés de Salud (Salud).

“Ante las carencias de personal, los reclusos reciben una atención sanitaria deficiente y no es posible un correcto control de los pacientes crónicos. El déficit de personal permite únicamente dar una asistencia de urgencia. En una situación de urgencia vital, cuando el médico está de guardia localizada, solo reciben asistencia por parte de un enfermero y el médico al teléfono haciendo un diagnóstico telefónico sin poder valorar al paciente. En estas condiciones, las personas privadas de libertad no disfrutan de una asistencia sanitaria como la del resto de los ciudadanos. Además, al no pertenecer al Salud estos pacientes no pueden participar en campañas de prevención por ejemplo de cáncer de mama o de colon. Y el personal sanitario no tenemos acceso a sus historias clínicas. No sabemos ni la medicación que toman, solo lo que ellos nos cuentan”, explica Silvia Moriche, delegada de Prisiones de CSIF Aragón.

CSIF denuncia que el incumplimiento de la transferencia de los servicios sanitarios también afecta a las condiciones laborales de los trabajadores. “No hay médicos que quieran ir a trabajar a las cárceles y cuesta encontrar personal de enfermería. Las diferencias retributivas respecto al personal del Salud son muy grandes. Hay sobrecarga de trabajo; los centros penitenciarios están alejados de los núcleos urbanos y no se pagan gastos de transporte, y las guardias se pagan muy por debajo delo que paga el Salud. La diferencia en el sueldo mensual puede suponer 500 euros al mes en enfermería y entre 1000 y 1.400 euros para médicos”, señala Silvia Moriche.