CSIF Valladolid se solidariza con los muchos vallisoletanos que son empleados públicos en Cataluña.
21 de Septiembre de 2017

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Valladolid reafirma el apoyo a los empleados públicos de Cataluña, por la situación de incertidumbre, dificultades y presiones que están sufriendo por el proceso de independencia. CSIF estima que más de un centenar de vallisoletanos han tenido que desplazarse a Cataluña tras aprobar su oposición a la Administración del Estado, en los últimos cinco años.

“Nuestros compañeros tienen que sentir que no están solos en este momento, que cuentan con todo el respaldo, colaboración y respeto del conjunto de los empleados públicos”, recalca este sindicato independiente.

CSIF Valladolid recuerda que “son muchas las personas de Valladolid que se ha presentado y se presentan a las oposiciones del Estado, oposiciones en las que numerosos destinos se sitúan en Cataluña, donde el número de opositores es inferior, porque las condiciones laborales de la administración del Estado son menos atractivas que las de las administraciones autonómica y locales, y de la empresa privada”, afirma la presidenta de CSIF Valladolid, María José San Román.

CSIF, que promueve una campaña de apoyo en todas las mesas de negociación de empleados públicos de España, indica que “debemos recordar que somos un elemento cohesionador del Estado. Los empleados públicos trabajamos para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho desde el comienzo de la democracia”, considera CSIF.

Los empleados públicos de Valladolid destinados en Cataluña, además de sufrir a lo largo de los últimos años, como el conjunto de los empleados públicos, los recortes en sus condiciones laborales, de encontrarse lejos de su hogar y su familia muchos de ellos o de haberse afincado en la comunidad catalana, ahora se enfrentan para mayor gravedad a una situación que les genera inseguridad jurídica, como consecuencia del denominado proceso soberanista, lamenta San Román. “Los trabajadores que se enfrentan a esta situación de inseguridad, sienten además que se está examinando su trabajo y su resistencia”, añade.

“La primera obligación del empleado público, en cualquiera de las administraciones en las que ejerza su función –estatal, autonómica o local— es la lealtad constitucional y el debido acatamiento al ordenamiento jurídico vigente: la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, insiste CSIF.

Los empleados públicos catalanes, como consecuencia del proceso independentista de la Generalitat, “pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales, y CSIF, como defensor de los intereses de los trabajadores, no va a consentir que se vea afectada su seguridad jurídica, ni las condiciones laborales. En definitiva, que se ponga en peligro la carrera y el puesto de trabajo de un empleado público como consecuencia de una decisión política. Y desde luego, no vamos a permitir que se ejerza ningún tipo de presión o coacción contra un empleado público por el hecho de situarse en el orden constitucional”, reitera CSIF