Unos 300 empleados públicos de Valladolid sufren agresiones en 2016
11 de Enero de 2017

Tras los recientes sucesos violentos ocurridos en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el pasado uno de enero, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Valladolid estima en unos 300 los empleados de los servicios públicos de la provincia que han sufrido algún tipo de agresión en el año 2016.

Más del 80% han sido agresiones verbales, como insultos, amenazas o gritos, y cerca del 20% restante son agresiones físicas, según CSIF. “Sufrimos unos índices de violencia en los espacios públicos que no son tolerables", remarca la presidenta provincial de CSIF Valladolid, Mª José San Román, que advierte “que esto es sólo la punta del iceberg. El problema es que la mayoría de los casos no se denuncian, porque los profesionales no quieren más problemas, porque desconocen que su administración les ofrece un asesoramiento jurídico, o porque tienen miedo a posibles represalias". Sin embargo, “la realidad de los datos está ahí”, lamenta San Román.

El sector sanitario es el más afectado por las agresiones, ya que entre el 60 y el 70% de los empleados públicos que las han sufrido en Valladolid pertenecen a centros sanitarios. Cerca de 200 profesionales sanitarios de Valladolid han sufrido algún tipo de agresión, según estimaciones de CSIF. Estas agresiones suponen un tercio del total de los trabajadores agredidos en Sacyl en toda la Comunidad, según los datos aproximados de CSIF. La mayor concentración de agresiones se da en las unidades de psiquiatría, seguido de los servicios de urgencias. Un 60% de este total corresponde a incidentes producidos en hospitales y un 40% en centros de salud.

Dentro del sector sanitario, el personal de enfermería es el más afectado en Valladolid, con más del 50% de las agresiones producidas. Un dato que a la presidenta provincial de CSIF Valladolid, Mª José San Román, no le pasa desapercibido. “Enfermería es un sector feminizado, por lo que también hay que considerar el factor de la desigualdad de género que se da en este tipo de agresiones, que también se evidencia en otros sectores”, indica.

En el caso de Educación, María José San Román apunta que “más del 90% de los docentes que han sufrido alguna agresión en Valladolid son mujeres”. CSIF contabiliza unas 20 agresiones al personal docente en la provincia Valladolid, que ascienden a unas 65 en el conjunto de Castilla y León.

En los centros de trabajo de la Junta de Castilla y León de Valladolid, al menos 16 profesionales han sufrido agresiones, “y también todas son mujeres”, subraya San Román. Seis de estas agresiones se han producido en la residencia asistida a personas mayores La Rubia, cuatro en la residencia mixta de Parquesol, 5 en el centro de atención a minusválidos psíquicos y una en un registro de sección agraria comarcal.

En el ámbito local, los servicios sociales son los que más amenazas han sufrido; así como los policías locales, ya que más de un 10% de las comparecencias en Comisaría son por insultos o agresiones a policías municipales. Además, faltarían los datos de agresiones a los empleados dependientes de la administración central, “que también existen”, indica San Román.

La presidenta provincial de CSIF Valladolid considera que “se ha avanzado en el camino en cuanto a los derechos del paciente, pero no en los deberes del paciente”. Para CSIF, “los empleados públicos están muy desamparados, es necesario un reconocimiento de su autoridad, y que se acabe la campaña de desprestigio que, desde el inicio de la crisis, vienen sufriendo con más énfasis”.

CSIF entiende que la sociedad “debe ser consciente de que a los trabajadores que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos no le les puede señalar como los culpables de problemas políticos, sobre los que los trabajadores públicos no tienen ninguna responsabilidad”.

CSIF recalca que “es necesario que las administraciones refuercen los protocolos preventivos anti-agresiones. Las medidas organizativas, técnicas y de seguridad llevadas a cabo hasta ahora no son suficientes, no están dando los resultados deseados. Las actividades formativas en materia de prevención, detección y actuación en caso de agresiones no aportan seguridad ni confianza a los trabajadores”.

“Las agresiones a profesionales no sólo afectan al agresor y al agredido”, afirma María José San Román, “inciden en el coste, la eficiencia y efectividad de los servicios públicos, que se deterioran, afectando a la calidad de la asistencia que la población recibe”.