CSI-F solicita mesa de forma urgente para negociar jornada general después de la sentencia del supremo que anula la resolución de 2005
15 de Mayo de 2011

La Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional declaró en su FD4º: “Es por ello que tratándose de una disposición general de naturaleza reglamentaria cuya competencia correspondía al Ministro de Justicia y dado que la misma ha sido dictada por el Secretario de Estado ha de concluirse que fue dictado por órgano incompetente y puesto que no ha sido objeto de convalidación ha de reputarse nula y sin efecto. Dicha sentencia ha sido confirmada por la Sentencia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, declarando no haber lugar al recurso de casación formulado por la Abogacía del Estado.

Según el artículo 500 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponderá al órgano competente del Ministerio de Justicia previo informe de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas y previa negociación con las centrales sindicales más representativas, fijar por resolución “La duración de la jornada general de trabajo efectivo en cómputo anual y de aquellas jornadas que hayan de ser realizadas en régimen de dedicación especial, así como sus especificidades”.

El Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales, “determinará las compensaciones horarias y cómputos especiales cuando la atención de actuaciones procesales urgentes e inaplazables suponga un exceso de horas sobre la jornada a realizar”

En desarrollo del anterior artículo, se dictó Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Habida cuenta de que la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional declaró en su FD4º: “Es por ello que tratándose de una disposición general de naturaleza reglamentaria cuya competencia correspondía al Ministro de Justicia y dado que la misma ha sido dictada por el Secretario de Estado ha de concluirse que fue dictado por órgano incompetente y puesto que no ha sido objeto de convalidación ha de reputarse nula y sin efecto. Dicha sentencia ha sido confirmada por la Sentencia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, declarando no haber lugar al recurso de casación formulado por la Abogacía del Estado.

Por ello y en aras a evitar la inseguridad jurídica en que nos encontramos, hemos solicitado al Ministro de Justicia la convocatoria de Mesa Sectorial, para ser oídas las Centrales Sindicales conforme al artículo 500 de la LOPJ.