Castilla-La Mancha necesita incorporar al menos 9.000 empleados públicos a corto plazo
-CSIF propone reforzar las administraciones con 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años a nivel nacional

-La Sanidad requiere un plan adicional con 289.235 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararnos a la media de la UE
19 de Octubre de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha realizado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años, además de un plan adicional en Sanidad con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031. En el ámbito de Castilla-La Mancha, la situación a corto plazo pasa por la incorporación de al menos 9.000 empleados públicos.

CSIF considera que este refuerzo debe estar contemplado en el Plan de Recuperación del Gobierno. Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes.

En el caso de Castilla-La Mancha hacen falta al menos 4.000 efectivos más en Sanidad para aumentar la plantilla orgánica, y no sólo con contratos inestables de eventuales de corta duración; 3.000 docentes más en Educación, sin contar con los que ya se han incorporado en este inicio de curso, muchos de los cuales a media jornada; y más de 2.000 en Administración General del Estado, que cuenta con el 19,2% ciento de la plantilla con más de 60 años.

El informe de CSIF hace un diagnóstico en los diferentes ámbitos partiendo de la base de que en los últimos 10 años se han destruido 106.392 puestos de trabajo en toda España: 43.700 en Administración General del Estado, 43.393 en Educación y 19.299 en Justicia.

En el caso concreto de Sanidad, este sector requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea y recuperar los niveles de calidad con los que se planteó el Sistema Nacional de Salud desde sus inicios y que hoy se encuentran seriamente deteriorados, como ha quedado evidente en esta pandemia. Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales.

CSIF considera que las administraciones públicas deben ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, también mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía.

Mientras tenemos estas necesidades estructurales en nuestra sanidad, escuelas, SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias o en los juzgados, hemos comprobado que la Administración General del Estado destina en asesores 55.805.512,86 euros al año, según datos oficiales recabados por CSIF.

PROPUESTA SALARIAL

CSIF ha presentado un estudio económico sobre la pérdida retributiva de los empleados públicos en el periodo 2010-2020. El estudio analiza la pérdida producida en los diferentes conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico, trienios, etc) de los principales grupos de las administraciones públicas (A1, A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.

El estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros.

Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente.

En definitiva, los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, a lo que se suma el efecto de la ‘tasa Cospedal’ en Castilla-La Mancha. Por ello, reivindicamos un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.