CSIF lamenta las amenazas que están sufriendo los trabajadores municipales en Las Ventas de Retamosa y Menasalbas
-El sindicato pide responsabilidad a los consistorios y recuerda que los ERTE no se pueden aplicar en las administraciones públicas
21 de Marzo de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta la desprotección que sufren los trabajadores que continúan desarrollando su labor en los ayuntamientos de Las Ventas de Retamosa y Menasalbas, en la provincia de Toledo, así como las amenazas que reciben para obligarles a continuar en sus puestos de trabajo a pesar de estar expuestos al contagio de coronavirus.

En concreto, CSIF señala que los ayuntamientos de Las Ventas de Retamosa y Menasalbas han comunicado a sus empleados la intención de realizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). CSIF recuerda que la Ley del Estatuto de los Trabajadores excluye la posibilidad de aplicación de un ERTE en las administraciones públicas.

Además, en muchos ayuntamientos no se están entregando equipos de protección individual a los empleados para realizar sus funciones dentro de los servicios mínimos decretados. CSIF señala que, de acuerdo al artículo 316 del Código Penal, no facilitar con los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas puede ser castigado penas penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

En este sentido, CSIF tiene constancia de que en Carranque no se han adoptado medidas correctoras con servicios mínimos, ya que se obliga a todos los trabajadores a mantener su labor habitual sin teletrabajo.

CSIF reclama un ejercicio de responsabilidad para que los consistorios no aprovechen la pandemia de coronavirus como excusa para rescindir los contratos con el personal temporal. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea constata una vez más el abuso continuado de la contratación de empleados públicos temporales en España y exige medidas urgentes para atajar la precariedad y abre las puertas a la Justicia española para imponer sanciones.