Las oficinas de la Administración registran al menos un caso diario de amenazas y agresiones físicas
02 de Junio de 2015

- Los casos de violencia en las oficinas de empleo se triplican en el primer trimestre del año, tras la aprobación de la nueva prestación por desempleo
- Las prisiones registraron más de 2.300 agresiones a funcionarios en los últimos ocho años. Uno de cada tres funcionarios está en edad de jubilación
- CSIF reclama un protocolo de actuación en el conjunto de la Administración, refuerzo de las plantillas y medidas efectivas de seguridad


Las oficinas de la Administración General del Estado de atención presencial al público (fundamentalmente las oficinas de empleo, las dependencias de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo) registran al menos un caso diario de amenazas y agresiones físicas sobre los empleados públicos, según datos de Función Pública y del Ministerio de Empleo recabados por CSIF.

Los datos, correspondientes a 2014, recogen casos de violencia física y verbal, insultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el mobiliario de oficina. En total, se han comunicado un total de 357 casos en 12 ministerios u organismos, de los cuales un 11 por ciento corresponden a violencia física.

El informe que hoy presentamos, se trata de la primera experiencia en este ámbito para registrar los casos de violencia en el conjunto de la Administración, después de constatar el incremento de las situaciones conflictivas desde el comienzo de la crisis.

Son los primeros datos oficiales de los que se dispone –después de una campaña de denuncia que comenzó en 2013—y que en nuestra opinión solo reflejan una primera prueba del grave problema de inseguridad que viven a diario nuestros empleados públicos, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los casos aún no salen a la luz por la ausencia de un protocolo unificado.

La grave situación de paro que afrontan los españoles hacen de las oficinas de empleo uno de los puntos calientes. A lo largo de 2014, el Servicio Público de Empleo Estatal registró un total de 227 comunicaciones de violencia, de las cuales un 26 por ciento fueron de carácter físico o verbal-físico (gritos, amenazas, golpes al mobiliario y en último extremo agresiones físicas).

En el primer trimestre de 2015 se han disparado estas situaciones, con un total de 121 comunicaciones de incidentes (el triple que en el mismo periodo del año anterior).Tal y como reconoce la propia Administración, uno de los motivos de este incremento es la implementación de la nueva prestación por desempleo (Programa de Activación para el Empleo PAE) y la frustración que genera en muchas personas su denegación.

La mayoría de los casos no se denuncian

Las principales causas de incidentes son la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdo con la información recibida por el empleado público, petición de documentación, solicitud de certificados o carecer de cita previa o presentarse fuera de hora.

El tipo de violenciaque más sufren los empleados públicos es verbal (insultos, gritos, amenazas), seguida por ‘verbal y física’ (la agresión comienza con gritos y finaliza con golpes al mobiliario o en el peor de los casos con una agresión física) y en tercer lugar directamente una agresión física.

El número de comunicaciones oficiales de incidentes por violencia es reducido por la creencia de que la denuncia “no sirve para nada”, o por el miedo a las represalias de los usuarios. Por eso, animamos a los trabajadores a denunciar y no tolerar estas situaciones. CSI-F entiende que las comunicaciones no reflejan la realidad completa, teniendo en cuenta en que se llevan a cabo más de 13 millones de gestiones cara al público y que en las oficinas de empleo se producen llamadas a la policía prácticamente a diario.

Las agresiones se producen más sobre mujeres (un 52 por ciento frente al 36,5 de los hombres) porque son mayoría en la plantilla y por su mayor vulnerabilidad. Además, se producen nuevas situaciones que hasta ahora no se habían dado como la grabación por móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en las redes sociales o la realización de amenazas por dichas redes.

Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren situación de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas.

Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio en la que se nos ha responsabilizado directamente de las causas de recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.

Además, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han mermado las plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga laboral, que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan ‘cara al público’ en situaciones muy adversas.


AGRESIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

La administración penitenciaria merece capítulo aparte por sus especiales características y el perfil de los internos con los que se relacionan a diario los funcionarios de prisiones.

En las prisiones de España tenemos los índices más altos de agresiones a Empleados Públicos de toda la Administración General del Estado, donde año tras año se incrementan sustancialmente sin que la Administración Penitenciaria ponga las medidas necesarias para reducir esta situación.


Agresiones Físicas a nivel Nacional

AÑO
2007
AÑO
2008
AÑO
2009
AÑO
2010
AÑO
2011
AÑO
2012
AÑO
2013

227


275


262


323


268


310


329


La Administración aún no ha facilitado los datos correspondientes a 2014, pero la información recabada por nuestros delegados de prevención apuntan un incremento del número de casos de en torno al 12 por ciento, hasta los 370 casos.

Esto supone un incremento del 37 por ciento en el número de agresiones desde el comienzo de la crisis y más de 2.300 agresiones en los últimos ocho años (entre 2007 y 2014).

En el medio penitenciario, no se dispone de ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia en el medio penitenciario desde el prisma de la prevención, que es desde donde tenemos que abordar esta lacra, a lo que se suma las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios en su tarea diaria por la falta personal (la excesiva ratio de internos por módulo) y la ausencia de ofertas públicas de empleo.

En este sentido, reclamamos la inclusión de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de Prevención de Agresiones que se está negociando para el conjunto de las administraciones públicas.

Con el protocolo se pretende identificar las posibles conductas antisociales, así como la implantación de una metodología para análisis y registro de la violencia, y seguimiento de los casos, para finalizar con un diagnóstico de la situación y el aporte de las medidas de actuación.

El protocolo nos permitiría actuar sobrelas variables que generan el incremento de la violencia que, para CSIF son fundamentalmente:

- La falta de personal. En la actualidad, hay 3.400 plazas vacantes entre bajas vegetativas (jubilaciones, defunciones, incapacidad o excedencia) y plazas no cubiertas por la práctica ausencia de oferta de empleo público. Y es que, entre 2011 y 2014, solo se han ofertado 174 plazas.

- La sobre ocupación. CSIF estima que aquellos centros con una población reclusa de entre el 130 y el 140 por ciento de ocupación experimentan un incremento de situaciones de violencia. En la actualidad, la media de ocupación es de 150 internos por módulo (cuando el ideal serían en torno a 70) de los que se ocupa uno o dos funcionarios.

- El envejecimiento de la plantilla. El 38 por ciento de los funcionarios tienen más de 50 años y uno de cada tres está a punto de jubilarse.

- La falta de plantilla de Psiquiatría. En torno al 45 por ciento de la población reclusa tiene alguna patología psiquiátrica y pese a ello los centros carecen de personal de psiquiatría de carrera. Únicamente hay visitas de psiquiatras 2 o tres veces al mes.

- La falta de formación específicaen determinados perfiles de presos, como los de carácter yihadista.

Por tanto, desde el departamento de Prevención de CSIF, exigimos a la Administración Penitenciaria que cumpla con la legislación vigente y garantice la seguridad y salud de los trabajadores penitenciarios, integrando en el protocolo que se nos quiere excluir, a los 23.222 trabajadores de la Administración Penitenciaria.

CONCLUSIONES GENERALES

Ante esta situación, reclamamos:

- Que la violencia sea contemplada como un objeto de la acción preventiva, haya o no antecedentes de la misma, en el marco de un protocolo para el conjunto de las administraciones públicas, incluido Instituciones Penitenciarias.

- Una formación adecuada para la detección de las situaciones violentas, la protección y el manejo de conflictos.

- Incremento de las medidas de protección: guardias de seguridad o miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en todas las oficinas, señales y alarmas acústicas, arcos de seguridad y escáner.

- Creación de un Observatorio de Agresiones a los Empleados públicos que institucionalice el seguimiento de este problema, con transparencia y agilidad a la hora de facilitar los datos.

- Evitar identificar al empleado público con nombres y apellidos; únicamente constará identificado con un número.

- Que el trabajador agredido reciba en todo momento el respaldo completo de la organización, así como su seguimiento y apoyo en todos los aspectos (médico, psicológico, jurídico).

- Promover una campaña ciudadana que promueva la dignificación del trabajo del empleado público, el rechazo a la agresión y en definitiva una cultura de tolerancia cero hacia la violencia contra los empleados públicos.

- Considerar al empleado de las administraciones como agente de la autoridad pública, tal y como sucede con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal docente y el sanitario, con el fin de que el testimonio sea válido como prueba ante una agresión.

- Aprobación de un protocolo de prevención frente a la violencia en el trabajo, en el conjunto de las Administraciones Públicas, en el que se incluya a todo el personal de Instituciones Penitenciarias.

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ALGUNAS DE LAS AGRESIONES MÁS GRAVES OCURRIDAS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.doc 107 KB
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