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La temporalidad en el conjunto de la Administración se sitúa en torno al 25 por ciento, pero en algunos ámbitos como en la Sanidad, la práctica totalidad de los contratos que se han producido desde el comienzo de la crisis son interinos, por la ausencia de ofertas públicas de empleo.
Por otra parte, en el ámbito estricto de las empresas públicas, el Gobierno debería de cumplir la Ley y convertir en contratos fijos todos aquellos que en un periodo de 30 meses hayan estado contratados durante un plazo superior de 24 meses.
En la actualidad no se cumple esta premisa en empresas como Tragsa-Tragsatec, donde CSIF ha presentado numerosas denuncias. Los tribunales nos están dando la razón y pese a la negativa del Gobierno, las empresas se han visto obligadas a crear una nueva categoría de personal ‘Indefinido no fijo’, que ha ganado su plaza por la situación de fraude de Ley.
Por otra parte, se da la circunstancia de que los contratos temporales en la administración sufren una discriminación respecto al sector privado ya que, mientras en este último las extinciones llevan consigo una indemnización de 12 días por año trabajado, en el ámbito público no existe ninguna contraprestación económica.