El Ministerio de Justicia se queda sin argumentos para justificar la privatización del Registro Civil
11 de Noviembre de 2014

En la mesa informativa del pasado 4 de noviembre, el Ministro Catalá intentó zanjar la cuestión aludiendo al argumento de la decisión de Gobierno o, lo que es lo mismo, esto se hace porque nos da la gana.

CSIF denuncia el falso talante de diálogo del nuevo Ministro en una cuestión que le consta es hipersensible desde el punto de vista de los intereses profesionales de los funcionarios de Justicia y de la mejor prestación de este importante servicio público. El Gobierno se ha acordado del Registro civil justamente cuando pretende hacer de él un negocio a costa de los ciudadanos y a favor de un colectivo de “funcionarios” privilegiados.


LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL SUPONE LA VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.- Que reserva a los funcionarios públicos las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en potestades públicas. Es por lo tanto una reforma ilegal. Los Registradores no son funcionarios públicos según sentencia de la UE y, según el propio gobierno español que
reconoce que son profesionales liberales (gestionan un negocio de prestación de servicios como una empresa privada y sujeto a IVA) mientras que su carácter de funcionarios se reduce a la actividad residual de gestionar algunos impuestos. Además, sus trabajadores no son funcionarios públicos.

NO ES CIERTO QUE EL REGISTRO CIVIL FUNCIONE MAL.- El 84% de los ciudadanos están satisfechos o muy satisfechos con el Registro civil según un informe de la Agencia Estatal de evaluación de políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos dependiente del poco sospechoso Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (Informe AEVAL 2013). Hay quejas, sí pero están localizadas y tienen su causa en la falta secular de medios materiales y personales con la que los políticos han castigado al Registro civil.

NO ES CIERTO QUE LOS REGISTRADORES TRAIGAN SEGURIDAD JURÍDICA AL REGISTRO CIVIL.- Esa seguridad jurídica se viene prestando desde hace 143 años en el Registro civil de la mano de los Secretarios Judiciales que también tienen entre sus funciones la de la Fe pública y en colaboración con el resto de funcionarios de Justicia.

NO ES CIERTO QUE LOS REGISTRADORES SEAN NECESARIOS PARA MODERNIZAR EL REGISTRO CIVIL.- Según datos de la empresa pública Red. es dependiente del Ministerio de Energía están digitalizados los 432 Registros principales donde se encuentra la mayor parte de la población y más de 900 Juzgados de Paz (los más grandes). En la actualidad la mayor parte de las inscripciones que se utilizan de forma ordinaria están digitalizadas y se pueden consultar desde cualquier Registro civil que tenga INFOREG, es decir, desde la totalidad de Registros principales y desde la mayoría de los Juzgados de Paz.
El problema es que el Gobierno no ha querido introducir una mínima modificación legal para crear el Registro civil electrónico en alguno de los más de 80 Reales Decretos Leyes que ha dictado desde que asumió el poder el Sr. Rajoy. Con ese Registro electrónico el paraíso que se nos promete con los Registradores podría haber sido una realidad desde hace años y con funcionarios de Justicia.

NO ES CIERTO QUE LA ÚNICA FORMA DE DESJUDICIALIZAR SEAN LOS REGISTRADORES.- En primer lugar, el Ministerio se escuda en la Ley de Zapatero de 2011 pero olvida que esa ley, que CSIF no apoyó por olvidar a los funcionarios de Justicia, al menos conservaba el Registro civil dentro de la Administración pública ordinaria. En segundo lugar, un Registro civil con funcionarios de Justicia también sería un Registro civil
desjudicializado, es decir, sin jueces.

¿PORQUÉ NO SE DICE LA VERDAD?. ¿PORQUÉ NOS MIENTEN?.

¿Por qué se oculta a los ciudadanos el fracaso de la digitalización de expedientes de nacionalidad que ha llevado a miles de extranjeros a recurrir denegaciones de nacionalidad debidas a la impericia de los Registradores?. ¿Porqué se echó la culpa del atasco al Registro civil cuando la competencia era de la Dirección General dependiente del propio Ministerio?.

¿Por qué se oculta a los ciudadanos que las cuentas no salen y que habrá que cobrar directa, indirectamente o de las dos maneras?. Sobre todo teniendo en cuenta que los Registradores en Zaragoza se opusieron a asumir el Registro civil gratuitamente como sigue pretendiendo el Ministro Catalá. Ahora, es el Decano de los Notarios quien “no tiene claro como se puede garantizar la gratuidad del Registro civil”

¿Por qué se esconde la cabeza ante el claro conflicto de intereses que afecta al Presidente del Gobierno y a los Directores Generales de Registros y del Notariado anterior y actual que participan directamente en la negociación con el Colegio de Registradores?

¿Por qué se insiste en continuar con la idea de entregar el Registro civil a los Registradores que no cuenta ni con el consenso político ni sindical necesario para una reforma de tanto calado?

¿Por qué se humilla y se denigra la profesionalidad de miles de funcionarios de Justicia que llevan toda su vida en un Registro civil a los que les gusta su trabajo, con formación, experiencia y potencial suficientes para afrontar el reto de mejorar y modernizar el Registro civil permitiendo desarrollar plenamente los recursos de que se disponen?

El día 4 de noviembre, en la mesa sectorial, el Ministro de Justicia dijo: “vamos a defender un Registro civil público, gestionado por funcionarios públicos, con bases de datos de titularidad pública y gratuito. Es la opción más adecuada”. CSIF le respondió que esa opción ya la tiene, que no hacen falta Registradores, que si se meten en un ordenador estas condiciones el resultado es:
FUNCIONARIOS DE JUSTICIA.

El Sr. RAJOY al anunciar la retirada de la Ley del Aborto dijo: “Este Gobierno no llevará a cabo ninguna reforma legal que no esté acompañada del consenso”. ¿Porqué no se cumple con ese compromiso en relación con el Registro civil, Sr. Rajoy ?.