CSI·F denuncia que la ministra Fátima Báñez acelera la privatización de la Gerencia Informática de la Seguridad Social
22 de Octubre de 2014

Para el sindicato independiente resulta indignante y vergonzosa la vorágine privatizadora de los sucesivos gobiernos en lo que se refiere a todo tipo de servicios públicos y, especialmente, en las dependencias de su departamento y mas concretamente en el ámbito de la Seguridad Social. Ya se han privatizado por cifras millonarias servicios como las Vidas Laborales (4 millones de €), el Sartido para informatización de documentos (6 millones de €), la Tarjeta sanitaria, las campañas informativas de pensiones, etc.

Hace tiempo comenzó el troceo y reparto de las múltiples tareas realizadas por la Gerencia informática de la Seguridad Social, y parece que ahora ya, han decidido ir a saco con el resto de servicios y funciones que le quedan operativas a dicha entidad.

CSI·F señala que, en todos los casos mencionados, dichas tareas venían siendo realizadas por funcionarios que efectuaban dichos cometidos de manera intachable y con una profesionalidad a toda prueba y, además, por un módico coste, dada la permanente pérdida de poder adquisitivo de este colectivo.

CSI·F resalta que la optimización de recursos y el menor coste son vanas excusas que pretenden justificar un negocio encubierto. El sindicato alude a las cifras publicadas en los medios de comunicación que hablan de un coste anual de 60.763.550 euros frente a la nómina de funcionarios y laborales, incluidos los incentivos al rendimiento, de 27.016.332,63 euros.

El sindicato explica que son múltiples los ejemplos del menor coste del servicio público en relación al privatizado: el caso de FOGASA en donde se multiplicó el coste y se ampliaron los retrasos existentes previamente o la externalización de tareas de mantenimiento de determinados vehículos y equipos en el ejercito español, por no hablar de la privatización de los servicios de vigilancia privada en los perímetros de los Centros Penitenciarios.

Al mismo tiempo CSI·F explica que en la privatización de determinados servicios siempre queda en entredicho el cumplimiento íntegro y exacto de la ley de protección de datos, toda vez que se ponen en manos privadas informaciones y datos especialmente sensibles, y todo ello de una manera masiva.

En definitiva, entre la tasa de reposición cero, la obligatoriedad de realizar cada vez más trámites por Internet y la "externalización" de servicios con que nos sorprende el BOE cada día, este sindicato teme que los empleados públicos empiecen a ser una especie en extinción. Con esta política de privatizaciones, los Empleados Públicos de la Administración General del Estado nos tendremos que plantear la dirección en la que vamos a dirigir el voto en las próximas elecciones. Es la mejor manera de defender los intereses y los derechos de los trabajadores.

22 de octubre de 2014