Si se puede vivir sin paga extra, es que no es necesaria.
22 de Julio de 2014

Según informaciones aparecidas en la prensa de hoy, el próximo día 31 de julio, día previo a las tradicionales vacaciones de agosto, el Ministerio de Hacienda ha convocado a las Comunidades Autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se adoptarán nuevos recortes. Las propuestas, de materializarse, inciden sobre la totalidad de los servicios públicos, acelerando su progresivo desmantelamiento.

Esta batería de “medidas de racionalización de gasto” han surgido, al parecer, de las propias comunidades autónomas y su sola presencia en un documento oficial a debatir, nos orienta sobre la consideración que les merecen los trabajadores públicos. Las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia, País Vasco y Valencia se han apresurado a desmarcarse como “autores intelectuales” de estas propuestas

Entre las medidas planteadas que afectan al empleado público están las siguientes: la eliminación del exceso de plazas vacantes (RPTs especiales), no crear nuevas plazas salvo en servicios “prioritarios”, la ampliación de la jornada semanal de los funcionarios a 40 horas semanales, la eliminación de todos los moscosos y la supresión de la festividad de los días 24 y 31 de diciembre.

También se recoge un clásico: reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria.

Además de lo anterior, se propone la suspensión de los planes de pensiones, la reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal, la revisión del gasto en acción social y un largo etcétera.

Según noticias recogidas en medios aragoneses ,el consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo regional, Roberto Bermúdez de Castro ha declarado que las medidas planteadas "no las va a tomar Aragón ni nadie". Al final resultará que las propuestas han nacido sin padre ni madre, aunque algunas "ocurrencias" nos resulten extrañamente familiares. Está claro que para evitar el desgaste político preelectoral, es preferible que las medidas las imponga "Papa Estado". Luego en las mesas de negociación nos dirán que no hay margen, que hay que cumplir con la Ley...

CSI-F trasladó hoy alportavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Merino y al Ministerio de Hacienda, la preocupación por estas informaciones. Según Merino, el Grupo Popular no tiene constancia de estos recortes y manifestó la voluntad política de avanzar en mejorar la situación de los trabajadores de nuestras administraciones públicas.

CSI-F espera que esa voluntad se traduzca en hechos concretos y en una propuesta que satisfaga las expectativas de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias. Los empleados públicos fuimos los primeros en sufrir las consecuencias de la crisis y ahora que, según el Gobierno, se empiezan a vislumbrar los primeros signos de la recuperación, debemos participar también de esta nueva fase de crecimiento.

En el documento adjunto podéis ver parte de las medidas planteadas en el documento oficial de trabajo.

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