CSIF se concentra junto a otras organizaciones para mostrar su rechazo a la supresión de unidades de la escuela pública
08 de Marzo de 2021

Se cumple un año de la huelga en protesta por el decreto 21/2020, el Decreto de Escolarización aprobado por la Junta de Andalucía. Ya entonces consideramos que se trataba de una medida que supone un ataque en toda regla a la enseñanza pública la cual se fundamenta en premisas como la integración, la pluralidad, la interculturalidad y la participación, con un alto nivel de diversidad, pero con recursos, en bastantes casos, insuficientes. Y ahora de nuevo volvemos a mostrar nuestro rechazo.

A nuestro entender, la administración andaluza debería poner en valor la educación en los centros públicos, el trabajo del profesorado, los recursos dedicados a la atención a la diversidad y a la innovación educativa. No olvidemos que la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación gratuita y de calidad.

Denunciamos que la pérdida de grupos refuerza a la educación concertada y perjudica a las familias. Pongamos como ejemplo determinadas zonas como el casco histórico de Sevilla, donde hay familias que se quedan sin poder escolarizar a sus hijos e hijas en centros públicos. Tenemos ya datos de que alrededor de 30 grupos se perderán en la provincia de Sevilla, todos en la escuela pública, confirmándose más a diario. Mientras, la Delegación de Educación sigue sin dar datos concretos. El año pasado se perdieron cerca de 600 grupos en toda Andalucía, siendo aproximadamente 200 en la provincia de Sevilla.

Perder unidades en la escuela pública conlleva la pérdida de empleo público, de pluralidad y calidad, y fomenta el desplazamiento de personal docente y no docente, mermando la estabilidad laboral. El descenso de la natalidad debe servir para bajar las ratios y mejorar la calidad de la enseñanza.

En la situación actual provocada por la pandemia de la COVID-19, en la que la distancia social es clave, debemos más que nunca apostar por una disminución de ratios, y no el cierre de unidades. No tiene sentido partir del límite máximo, pues luego esto se traduce en ratios por encima de lo permitido debido a las matriculaciones extemporáneas. La Administración es consciente, pero actúa como si no fuese a suceder.

Además esto contraviene a la nueva ley educativa, la LOMLOE, la cual considera a la escuela concertada subsidiaria de la pública, y no complementaria, como hasta ahora. Se aboga también en esta ley por garantizar una oferta suficiente de plazas en los centros públicos, garantizando el acceso en condiciones de igualdad y libertad de elección de centro, instando a las administraciones educativas a promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.

Defendemos el blindaje de las unidades de la enseñanza pública en la provincia de Sevilla, por lo que exigimos que no se proceda al cierre de ninguna de ellas. Exigimos la estabilidad de las plazas públicas y poder recuperar aquellas perdidas. Por todo lo expuesto, seguiremos movilizándonos y luchando y hacemos un llamamiento a la participación en las diferentes acciones que vamos a emprender.

¡NI UNA PLAZA MENOS EN LA PÚBLICA! ¡BAJADA DE RATIOS YA!