CSIF Andalucía exige al Gobierno de la Junta de Andalucía que no se escude en la intervención de sus cuentas por parte del Ministerio de Hacienda por déficit excesivo en 2018 para no dar cumplimiento al acuerdo firmado entre la Administración regional y los sindicatos presentes en la Mesa General (CSIF, entre ellos) el 17 de julio de 2018. En ese documento se incluía, entre otros asuntos, la devolución a los 270.000 trabajadores públicos de la Junta de la parte autonómica de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014 que fueron detraídas.

El vicepresidente de CSIF-A, Francisco Iglesias, señala la profunda preocupación existente entre los empleados públicos por la posibilidad de que el Gobierno andaluz no mantenga las mejoras contenidas en el citado acuerdo y no ejecute la contratación de los 450 docentes y los 1.509 sanitarios previstos en el Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2020. “No permitiremos que el Ejecutivo autonómico empeore las condiciones laborales y salariales de los trabajadores públicos y no aumente la plantilla de los servicios públicos amparándose en la intervención de sus cuentas por el Gobierno central “, resalta Iglesias, quien asegura que el sindicato convocará movilizaciones si no se respetan los acuerdos.

CSIF-A recuerda que son muchas las mejoras para los empleados públicos incluidas en el acuerdo firmado el pasado año con la Junta, entre las que se encuentran el incremento de un 2% de sus retribuciones a partir del próximo 1 de enero, la implantación del permiso de paternidad de 20 semanas en 2020, la percepción del 100% de las retribuciones en los casos de baja por enfermedad, la recuperación de la carrera profesional en la Sanidad, la puesta en marcha de la Oficina Judicial o el desarrollo de un complemento específico en el ámbito docente.

El vicepresidente de CSIF-A recuerda que ese documento también recogía la entrada en vigor de una tasa de reposición del 100% del personal público en todos los sectores, a lo que sumaría un 8% adicional para el refuerzo de las plantillas, “algo que permitiría frenar la pérdida de personal y adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de los servicios que presta la Junta”. Asimismo, se establecía una oferta de empleo público de 8.326 plazas.