CSI-F sondea la preocupación de los funcionarios por el futuro de las mutuas
10 de Septiembre de 2014

CSI-F lanza una encuesta para constatar el descontento con las prestaciones y el compromiso de los funcionarios con la pervivencia del mutualismo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, va a iniciar una campaña de sensibilización en diferentes ámbitos para evidenciar la preocupación entre el colectivo de funcionarios por el futuro y la viabilidad del sistema de mutuas, ante los sucesivos recortes en las prestaciones, la paulatina reducción de las aportaciones de las mutuas.

CSI-F está firmemente comprometido con la pervivencia del mutualismo administrativo, que a lo largo de su existencia han sido ejemplo de una gestión eficiente y sostenible, gozando de un mayoritario respaldo y alto nivel de satisfacción.

Sin embargo, desde el comienzo de la crisis los usuarios nos han trasladado de manera creciente su preocupación por los recortes, que pretendemos constatar mediante una amplia encuesta, que nos indique la percepción y el diagnóstico que realizan los funcionarios, para posteriormente trasladarlo a la opinión pública y a los responsables políticos.

La encuesta, que se hará pública coincidiendo con la elaboración de los Presupuestos Generales del próximo año, plantea a los funcionarios si auguran la futura desaparición del modelo, si están de acuerdo o no con las restricciones presupuestarias o la incidencia en su vida cotidiana de los recortes sufridos y les lanza la pregunta de si estarían dispuestos a aumentar su aportación para garantizar la pervivencia del mutualismo.

MUFACE sufrió el pasado mes de junio un nuevo recorte sobre las prestaciones sociales, estimado en cinco millones de euros. Además, el director general de la entidad avanzó que previsiblemente se congelará la aportación presupuestaria en la atención sanitaria para el próximo ejercicio.

Estos recortes no se corresponden con la supuesta recuperación económica que plantea el Gobierno y vuelve a situar a los empleados públicos como uno de los colectivos más perjudicados, en esta ocasión, con la reforma fiscal y la previsible reducción de ingresos del Estado.