CSI·F saliendo al paso
12 de Noviembre de 2013

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) del Sector de Correos sale al paso con la idea de evitar distorsiones de la realidad, incómodos malentendidos, confusión en la ciudadanía y noticias contrapuestas ante las continuas apariciones de reseñas en los medios de comunicación sobre el futuro de Correos.

No son nuevas las noticias referente a este tema, pues podemos ver cómo el 22 de mayo de 1977 ya se mencionaba en el diario de tirada nacional “El País” unas supuestas intenciones del Gobierno de la Nación de crear planes para reorganizar la Dirección General de Correos y Telégrafos e, incluso, convertirla en empresa pública. El propio editorial reconocía que “la falta de información sobre la realidad de alguna de estas posibilidades ha sido el denominador común de toda la operación”, y que esto “comienza a causar cierto temor y desconfianza entre los casi 60.000 funcionarios del Cuerpo”.

Cambios de marco jurídico

Esta Dirección General, dependiente del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones a través de la Secretaría General de Comunicaciones, desapareció con la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, en su artículo 99, creándose el nuevo Organismo Autónomo Correos y Telégrafos de carácter comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independientes de los del Estado y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, a los efectos de lo establecido en el artículo 4.1.b) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Con la publicación en el BOE núm. 299, de 14 de diciembre, del Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos, se constituye en su artículo único dicho Organismo Autónomo y se aprueban los estatutos del mismo, entrando su funcionamiento efectivo al día siguiente de su publicación, según manifiesta la disposición adicional primera.

Para adaptarse al contenido liberalizador previsto en la Directiva 97/67/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, el Organismo Autónomo cambia de nuevo de marco jurídico mediante la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en su disposición adicional undécima. Con la publicación en el BOE núm. 43, de 19 de febrero de 1998, del Real Decreto 176/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos, se constituye la misma mediante su artículo único y entra en funcionamiento, según la disposición adicional primera, al día siguiente de su publicación.

Correos cambia, de nuevo, su marco jurídico con la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, definiéndose en su artículo 58 y concediendo un plazo de 6 meses para la instauración de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. El Consejo de Ministros, en su reunión del 22 de junio de 2001, aprobó la creación de la Sociedad Estatal, con el Estado como único accionista y dueño del 100% del capital social. El día 29 de junio de 2001 se otorgó escritura pública de constitución y con fecha 3 de julio de 2001 se hizo la solicitud de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, quedando la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos definitivamente extinguida.
La Sociedad Estatal pasa a depender funcionalmente del Ministerio de Fomento a través de su Subsecretaria, perteneciendo en propiedad al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado como único dueño del capital social.

El 7 de junio de 2012 se produce la incorporación del Grupo Correos, y su capital, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dejando de depender directamente de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

En todos estos cambios de marco jurídico estuvo presente CSI·F, como una de las principales organizaciones sindicales representativas de los trabajadores, tanto funcionarios como laborales, de Correos y Telégrafos.

Comparecencia del Presidente de la SEPI en el Congreso

El lunes 7 de octubre de 2013 tuvo lugar la comparecencia del Presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, en la Comisión de Presupuesto del Congreso de los Diputados, manifestando las siguientes cuestiones:
Que en los próximos meses la sociedad postal estatal Correos podría cerrar una operación de contratación con Portugal. "Espero que en breves meses podamos tener buenas noticias si nos fijamos en alguna operación que se está gestando en Portugal", ha dicho Aguirre, que posteriormente ha explicado a la prensa que se están llevando a cabo negociaciones para comprar un operador postal del país vecino con el objetivo de "tener presencia en un Correos Ibérico que abarque toda la península".
Que las prioridades de Correos para 2014 serán, por una parte, "abrir fronteras" en su actividad y, por otra, modernizarse tecnológicamente con el objetivo de adaptarse a la desaparición de la carta como "elemento de comunicaciones" y sustituir esta línea de trabajo por otros nichos de negocio.
Que Correos "está inmerso en un proceso de ajuste" pactado con los sindicatos, que permitirá que este año se puedan cancelar 518 millones de euros de deuda del servicio público universal postal "arrastrada de ejercicios anteriores". En total, a final de 2014 se habrá amortizado la "mochila de deuda" de 700 millones por dicho concepto con que comenzó la legislatura, una decisión de la que Aguirre está "muy satisfecho".
Que la compañía ha afrontado una reducción de 400 millones de euros en los gastos de explotación del grupo y se ha reducido la plantilla en 7.000 trabajadores "de forma pactada con los sindicatos" a través de las bajas no sustituidas. La empresa también ha acordado con los agentes sociales "la consolidación de temporales de cara a 2014".
En cualquier caso, Aguirre ha asegurado que tras estos procesos no se esconden planes de privatización. "Ni un solo plan de privatización para el grupo Correos", ha insistido.

CSI·F Correos desea que el Presidente de la SEPI, Sr. Aguirre, aclare y explique con mayor lujo de detalles las palabras manifestadas a los señores diputados del Congreso de la Nación, para una mayor tranquilidad del colectivo de empleado públicos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Igualmente, CSI·F anima al Presidente de Correos a informar a esta organización sindical, que lucha por el derecho a la información de los trabajadores, sobre las afirmaciones efectuadas por el Sr. Aguirre, así como a rechazar abiertamente los infundios implantados recientemente en la opinión pública.

Comentarios que han surgido en los medios de comunicación

A raíz de la comentada intervención en la Comisión del Congreso del Presidente de la SEPI y de la aprobación por el Gobierno del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, se han difundido una serie de noticias durante estos días en la prensa diaria que no se ajustan a la realidad, que nada benefician a Correos y que CSI·F quiere denunciar. Citaremos, entre ellas, las siguientes:

Se ha hablado de la inyección sumergida de 518 millones de euros para el grupo público Correos, al cual se le ha denominado gigante empresarial con más de 300 años de historia y una plantilla cercana a los 60.000 trabajadores con pleno declive en su secular un negocio tradicional. Igualmente, que se trata de una justificación, mediante una trasferencia corriente, para cubrir el llamado Servicio Postal Universal (SPU) y los ejercicios pendientes de liquidación del anterior Gobierno a este grupo (cien por cien del Estado).
También se ha tildado a esta deuda como una de las herencias más envenenadas del Ejecutivo anterior. Por ello, ahora se cubren las deudas estimadas de los años 2011, 2012 e incluso 2013 (aunque recordemos que las elecciones generales fueron en 2011). Que con los 318 millones de euros de los Presupuestos del año anterior, han servido para sanear Correos como paso previo a la reconversión de la empresa y que según palabras del presidente del grupo estatal, Javier Cuesta, conducirá en su momento a la privatización.
Se alude también a la fuerte caída de la demanda de los servicios postales y que no se afrontó la reconversión de Correos dejando pendiente de pago el anterior Gobierno el Servicio Postal Universal. Se vuelven a mencionar las palabras del presidente de Correos, Sr. Cuesta, de reducir cada año la plantilla hasta 2.000 trabajadores; con la caída de ingresos del 12% en 2012 y unas pérdidas de 6,4 millones de euros en el mismo año.
Asimismo, se ha publicado que Correos es culpable de la deprimida situación de los presupuestos del Ministerio de Fomento y se pone como ejemplo la necesidad de inversión en los aeropuertos. Pero no se indica cuál de ellos tiene esta necesidad: Castellón, Ciudad Real, León, Lérida, Albacete, Badajoz, Burgos, Logroño, etc. Todos ellos creados por intereses políticos y no por la rentabilidad económica, coincidiendo de forma redundante algunas de estas capitales con las líneas del AVE.

Saliendo al paso

CSI·F Correos, ante esta clase de noticias, no puede por menos que decir basta ya de tergiversar con medias verdades y giros de la realidad, que confunden a la opinión pública y solo tienen el propósito de animar al actual Gobierno a realizar actuaciones que no tiene ni previstas ni pensadas hasta ahora, como es la privatización de Correos, el gigante empresarial según un rotativo nacional, con más de 300 años de historia, pero que en realidad lo conforman cuatro sociedades anónimas creadas en el siglo XXI, con gestión propia de su patrimonio y sin subvenciones(prohibidas por Bruselas): Nexea Gestión Documental S.A., Correos Telecom S.A., Chronoexprés S.A. y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.

También quiere dejar claro CSI·F Correos, que se han generado errores lingüísticos con las mal llamadas subvenciones cuando en realidad son cobros por servicios postales realizados al Estado, por los trabajadores profesionales de Correos, con un trato preferente y a precio de coste (sin beneficio comercial). Correos tiene la obligación por ley de realizar una contabilidad analítica, o de costes, para separar aquellos que pertenecen al Servicio Postal Universal (SPU) del resto de servicios. Esta contabilidad y el coste del SPU pasa por las auditorías del Tribunal de Cuentas, del Ministerio de Fomento y de la propia auditora de la empresa.

CSI·F se pregunta, ¿cómo es posible que en algunos medios de comunicación se utilice la expresión cantidades estimadas para referirse a unas deudas auditadas por el propio Estado? Incluso se ha achacado a Correos como culpable de arruinar al Ministerio de Fomento por cobrar la facturación de varios años seguidos, al agotar el presupuesto del departamento para inversiones en otros sectores. Esto no se corresponde con la realidad, ya que lo recibido por Correos no son inversiones de este Ministerio sino los costes generados en su momento por la prestación del servicio universal, y que no fueron en su momento cobrados. Correos, al depender funcionalmente de Fomento, recibe estas partidas del Estado a través de dicho departamento y nada más.

CSI·F se vuelve a preguntar, ¿el personal de Correos ha de trabajar gratis y vivir del aire por que tenga un cliente llamado Estado? Entendemos que las deudas son deudas y que quién paga descansa. No concebimos que, por el mero hecho de cobrar una deuda, se hable ya de reconversión, mala gestión y privatización. Tenemos casos en los que sí se ha producido lo anterior. ¿No ha recibido la banca dinero de todos los españoles después de dilapidar su propio patrimonio? Si el motivo para privatizar es la mala gestión pública, en el caso de la banca habría que nacionalizarla por su desafortunada gestión privada. Vemos lo absurdo de la lógica que se quiere implantar al intentar aplicarse en un sentido y no en el otro, de una misma dirección.

Recordemos también que la liberación de los servicios postales y la desaparición de los monopolios fue obra de la Unión Europea a través de sus directivas, cumplidas en cada país mediante leyes nacionales. En España, entre otras, se creó la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, en la cual se asigna a Correos la prestación del servicio universal durante un período 15 años.

Por ello, CSI·F Correos alerta que no se ha de matar al mensajero por el mero hecho de llevar el mensaje y cumplir con una ley que le obliga con fuertes sanciones. Pero una cosa es prestar por obligación un servicio y otra muy distinta realizarlo gratis a costa del patrimonio propio. Correos paga puntualmente las facturas de sus proveedores y las nóminas de su personal con el dinero que recibe de sus clientes, ni más ni menos que cualquier otro negocio. El Estado es un cliente más, que se ha comprometido al pago de un servicio y, por tanto, debe pagarlo. ¿Qué empresa puede soportar que su cliente principal le pague, no con meses, sino con años de retraso?

Y sin embargo, durante este tiempo, en medio de una crisis económica general, Correos ha de agradecer el esfuerzo y profesionalidad de sus empleados públicos, porque tan sólo haya tenido unas pérdidas de 1,06 y 6,32 millones de euros en los años 2011 y 2012 respectivamente. Si ahora sumamos la deuda de 318 millones de euros cobrada en 2013 y la prevista de 518 millones para 2014 (y que corresponde por el Servicio Postal Universal de los años 2011 y 2012), ¿quién puede hablar de mala gestión, de exceso de personal, de caída en los ingresos, de falta de beneficios, de baja productividad…?

Asimismo, se resalta en los medios de comunicación que tan sólo queda un tercio de funcionarios en Correos de una plantilla cercana a los 60.000 trabajadores, y que la empresa se encuentra en pleno declive de lo que ha sido secularmente su negocio tradicional. Es verdad que cada día hay menos funcionarios, pero también es cierto que ya no se convocan en Correos oposiciones para la entrada de nuevos funcionarios, y los que ya están se jubilan o pasan voluntariamente a otros órganos de la Administración.

CSI·F Correos quiere dejar claro QUE NO HA NEGOCIADO CON LA EMPRESA este ajuste natural en la regulación de la plantilla que permite a Correos la reducción de costes de personal sin coste laboral, entendiendo que existe un exceso de contratos de temporalidad que perjudica el clima laboral. Asimismo CSI·F Correos denuncia el INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA DE UNA CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO PACTADA CON LA MISMA para eliminar este exceso de contratación temporal.

Según el “Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas”, editado por el Registro Central de Personal en enero de 2013, la plantilla actual de Correos es de 47.183 trabajadores, de los cuales 19.847 son funcionarios (42%) y 27.335 laborales (58%). No hace muchos años el personal de Correos rondaba la cifra de los 70.000 trabajadores.

En cuanto al declive de nuestro negocio secular, CSI·F ha hecho un gran esfuerzo de colaboración, mediante informes, propuestas, reuniones, etc., para impulsar a Correos en la modernización tecnológica y su adaptación a los mercados, mediante la formación y promoción del personal, la implantación de planes estratégicos y programas de mejora continua, creación de nuevos productos, diversificación de actividades, captura de otros mercados, etc.

Quizá, por ser la empresa estatal más valorada por los ciudadanos, gracias a la experiencia y profesionalidad de sus trabajadores, es por lo que altos “intereses ocultos” intentan quedarse con este suculento pastel, y para ello generan falsas noticias sobre gestiones funestas, reconversiones necesarias, privatizaciones inminentes, costes excesivos, pérdidas millonarias, etc., para que un pez llamado Gobierno pique en cebo envenenado.

CSI·F Correos quiere volver a recordar la comparecencia del Presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, en la Comisión del Congreso del día 7 de octubre de 2013, donde, en otras palabras, manifestaba sobre la privatización de Correos que en el presente: NI HA VENIDO NI SE LA ESPERA.