CSIF advierte en el Congreso que la Ley Universitaria ahonda en la precariedad laboral y carece de la financiación necesaria

CSIF advierte en el Congreso que la Ley Universitaria ahonda en la precariedad laboral y carece de la financiación necesaria

- Pedimos actualizar el sistema retributivo del Personal Docente e Investigador, reformar la provisión de puestos del PAS y crear un capítulo específico para las figuras pre y postdoctorales

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha advertido a los grupos parlamentarios que la redacción actual del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ahonda en la precariedad laboral del Personal Docente e Investigador (PDI) y carece de la financiación necesaria para mantener la media de la Unión Europea (UE).

 

Esto es lo que ha trasladado el vicepresidente del sector nacional de Educación y responsable del área de Universidades de CSIF, a los grupos parlamentarios, en su comparecencia hoy en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, para defender nuestras propuestas y enmiendas al citado proyecto de ley, que comenzará en breve su tramitación parlamentaria.

 

Caballero defendió durante su intervención que la redacción actual del texto tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios y fomenta la laboralización de las plantillas, lo que reducirá derechos y expectativas entre el Personal Docente e Investigador (PDI) para consolidar una carrera profesional.

 

CSIF considera que la LOSU es tan solo “una ley de mínimos”, y el Ministerio de Universidades tendrá que habilitar un largo período de adaptabilidad a través de Decretos y Reglamentos. Creemos que, con la excusa de la diversidad, se romperá la igualdad y el marco común básico, fragmentando el Sistema Universitario Español: cada universidad y cada comunidad autónoma decidirán a su modo en temas claves como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral.

También reclamó una financiación más ambiciosa para la educación universitaria y recordó que CSIF hizo llegar recientemente a los grupos parlamentarios un documento con propuestas y enmiendas para su defensa en la tramitación del proyecto de la LOSU. En concreto, el sindicato trasladó a las diferentes formaciones políticas, entre otras, las siguientes enmiendas a la redacción actual de LOSU:

 

• Aumentar la financiación en educación pública universitaria del 0,8% actual del PIB al 1,5%, más acorde con la media de la UE. Muchas universidades públicas españolas han visto reducida su financiación un 20% en la última década.

 

• La mejora y actualización del desfasado sistema retributivo del PDI con el incremento de los niveles profesionales y la eliminación de las desigualdades con respecto a otras administraciones.

 

• Reformar la provisión de puestos de personal técnico, de gestión y de administración de servicios (PAS) que se realizará mediante oposición y concurso-oposición, ya que la fórmula actual (solo concurso) no se adapta a la normativa y no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad.

 

• La creación de un apartado específico para la carrera de las figuras pre y postdoctorales, ya que la actual redacción de la LOSU obvia a este colectivo profesional y torpedea la línea de flotación de calidad presente y futura del modelo universitario.

 

• Eliminar que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) autorice, previo convenio, el desarrollo de la evaluación de méritos y competencias por parte de las agencias de calidad autonómicas, en el acceso a los cuerpos docentes universitarios. CSIF advierte que la ausencia de un marco común genera problemas de equidad y homologación.

 

• Aumentar de 120 a 180 el número máximo de horas lectivas que el profesorado asociado pueda impartir por curso académico. CSIF advierte que, con el texto actual, este colectivo reducirá sensiblemente unas retribuciones que ya son bastante bajas.

 

• Eliminar el déficit democrático que supone que un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno sea designado por el rector o rectora de cada Universidad.