CSIF critica la política errática y desnortada del Ministerio de Universidades
22 de Febrero de 2021

CSIF critica la política errática y desnortada del Ministerio de Universidades

Hace un año, era extremadamente urgente para el Ministerio de Universidades aprobar el Estatuto del PDI como herramienta normativa que acabara con la precariedad del profesorado universitario laboral y con la inaceptable situación de los Profesores Asociados. Algunos meses más tarde, el ministro Castells nos apremió con la discusión de un anteproyecto de ley que contemplaba reformas puntuales de la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

Tras diversas reuniones y la discusión de varios borradores de ambos textos normativos, en los que CSIF mantuvo una posición firme en defensa del sistema universitario público y del colectivo PDI, todo quedó en agua de borrajas tras el rechazo generalizado de los actores implicados ante unos proyectos legislativos que laboralizaban aún más las plantillas docentes y no aportaban soluciones ni a la precariedad ni al resto de los problemas endémicos del sistema universitario.

Ahora, tras la aprobación de la polémica “ley Celaá” (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), que afecta a las enseñanzas preuniversitarias, y con la excusa de que la reforma de la universidad es una prioridad de Bruselas, previa a que España pueda recibir los fondos europeos de recuperación por los efectos de la pandemia, todas las urgencias anteriores se han esfumado y el Ministerio de Universidades, persistiendo en su política errática, ha pasado a considerar como fundamental para las universidades españolas la redacción de una nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Mientras, se ha difundido a través de las redes sociales y en algunas universidades el documento titulado “Nueva versión 4 de Anteproyecto de Ley del Personal universitario docente e investigador" que, sin embargo, no ha sido oficialmente puesto ni en Mesa, ni a disposición de las organizaciones sindicales más representativas.

El tiempo sigue pasando y muchos meses más transcurrirán hasta la hipotética aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que, al parecer se presentaría en otoño. Entretanto, continuarán sin resolverse los problemas de precariedad e inestabilidad del profesorado laboral, seguiremos sin un Estatuto del PDI que defina una carrera académica estable y predecible, sufriremos la escasa financiación, el mantenimiento de la tasa de reposición y los obstáculos burocráticos de la investigación, no habrá mejora de niveles y retribuciones para el PDI, mantendremos los aspectos nocivos del RD 14/2012 y no se derogará el régimen disciplinario, etc., etc.

La intención del Ministerio de Universidades es introducir dentro de la nueva ley los temas laborales referentes a los colectivos universitarios y al Estatuto del PDI entremezclados con la gobernanza, la internacionalización y el modelo de financiación universitaria. Asimismo, se pretende dejar en manos de las Comunidades Autónomas la creación de nuevas figuras laborales, al tiempo que se esquiva la creación de un foro específico de universidades, donde CSIF tiene un papel relevante, apostando por la más cómoda y menos comprometida “Mesa de Diálogo Social Sectorial: Economía del Talento, Especialización y Futuro”, en la que participarían miembros del gobierno (Castells, Celaá, Duque) y los llamados “agentes sociales” (CCOO, UGT, CEOE, CEPYME).

Desde CSIF lamentamos la continua improvisación del Ministerio de Universidades con la consiguiente pérdida de tiempo y la esterilidad de todo el trabajo realizado en reuniones a las que siempre hemos acudido presentando previamente y por escrito propuestas razonables y constructivas. Nos congratulamos por haber contribuido a frenar iniciativas, entre otras, como el disparate legislativo de crear figuras de Catedrático y Profesor Titular laborales; pero lamentamos que, por ejemplo y como aparecía en el último borrador, no sea ya una realidad la reserva de plazas del 15% para Profesores Asociados con título de doctor y sigan vigentes algunos aspectos especialmente dañinos para el PDI universitario del “Decreto Wert”.

Por otro lado, el pasado 5 de febrero desde CSIF le pedimos que el Ministerio de Universidades que trasladase a Sanidad que el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades fuera considerado personal de riesgo en el proceso de vacunación frente al Covid-19.

Ante las noticias publicadas en varios medios donde se obvia a los trabajadores de las universidades públicas, desde CSIF hemos solicitado de nuevo al Ministerio de Universidades y a la Consejeria de Salud de la CARM que considere a este personal como esencial en la campaña de vacunación.

Desde el inicio de la pandemia, colectivos universitarios de docentes, investigadores, bibliotecarios, administrativos, auxiliares de servicio, técnicos de laboratorio, etc., están en primera línea, trabajando a diario con denuedo, implicación, con numerosos estudiantes que pertenecen a los grupos de edades con mayores porcentajes de transmisión del virus.