• Hemos solicitado que desde el Ministerio se den las órdenes o instrucciones oportunas para que las Universidades no suspendan o extingan los contratos temporales de los Profesores Asociados durante el tiempo de vigencia del estado de alarma.

• En aquellos casos en que unilateralmente alguna universidad suspenda o extinga algún contrato, que se considere como prestación efectiva de actividad el curso completo. Además, en aquellos supuestos en que el docente haya perdido su actividad principal por las repercusiones del COVID-19, se considere acreditada el ejercicio de actividad profesional fuera del ámbito académico universitario a efectos de prórrogas o nuevas contrataciones.

• Que, una vez finalizada la situación de excepcionalidad, como consecuencia del estado de alarma, se proceda a la ampliación del contrato y sus posibles prórrogas a los Profesores Asociados, ya que en la mayoría de los casos están realizando una prestación efectiva de servicios de manera telemática, a fin de que estos empleados públicos puedan ayudar a recuperar de la manera más rápida posible la normalidad en la prestación de servicios por parte de las Universidades.

Se adjunta escrito remitido a Manuel Castells, Ministro de Universidades.

Exención excepcional del visado de recetas #ESTADODEALARMA

Para facilitar el acceso a los medicamentos durante el estado de alarma se ha aprobado por la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf), la exención de visado de recetas mientras dure su vigencia.

Con esta medida extraordinaria, los mutualistas no tendrán que acudir a las oficinas para su sellado y podrán adquirirlas en la farmacia solo con la receta.

Ante la sentencia del TJUE sobre personal interino

CSIF reclama al Gobierno que adopte medidas urgentes para acabar con la temporalidad en la Administración

El sindicato valora que el Tribunal de Justicia de la UE constaté una vez más el abuso continuado de la contratación de empleados públicos temporales en España y exige medidas urgentes para atajar la precariedad.

La reciente sentencia declara que serán los Tribunales españoles quienes deberán determinar, en virtud de la legislación de nuestro país, si procede la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente.

La última Encuesta de Población Activa volvió a constatar que la temporalidad en el empleo público (905.300 empleos, el 27,8% del total) supera un punto y medio a la que se registra en el sector privado (26,3%).

Para CSIF, la administración no puede perder ni un minuto más en eliminar la tasa de reposición que impide la convocatoria de plazas estructurales ocupadas por personal temporal y el desarrollo de los procesos selectivos.