CSI.F Murcia: Las indemnizaciones por daños derivados del accidente de trabajo a la luz de la nueva Ley Procesal.
08 de Marzo de 2013

Prevención de Riesgos y Salud Laboral: Las indemnizaciones por daños derivados del accidente de trabajo a la luz de la nueva Ley Procesal

saludlaboral
La nueva norma mantiene el objetivo explícito de crear un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado y dotar de una mayor protección a los trabajadores en casos de siniestralidad laboral. En tales supuestos el orden social de la jurisdicción será competente para conocer en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con inclusión de la acción directa ejercitable contra la aseguradora. En la forma expuesta todas las cuestiones litigiosas derivadas de tales contingencias, salvo puntuales e inevitables excepciones, se tramitarán en este orden, acabando así con el llamado «peregrinaje jurisdiccional» existente hasta el momento.

Tal y como se contempla en el apartado I del Preámbulo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social uno de los objetivos de la norma persigue proteger «mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales». Por un lado, se produce una unificación de la materia laboral que persigue «dar una cobertura más especializada y coherente a los distintos elementos de la materia laboral». Desde esta perspectiva se pretende concentrar en el orden jurisdiccional social todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que, hasta ahora, llevaban a la interposición de acciones judiciales antes distintos tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

Con esta fórmula el objetivo que se persigue es hacer a la jurisdicción social competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose así un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado.

Por otra parte (Preámbulo, apartado III) la indicada unificación persigue de manera general «convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales». Se viene a producir así una asignación de competencias que se efectúa con carácter pleno, incluyendo tanto a los funcionarios o personal estatutario, quienes desde la aplicación de la nueva norma deberán plantear sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, con inclusión de las acciones con fundamento en la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial o estatutaria o laboral.

En cuanto a la norma positiva, en sí, es apreciable la acumulación de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo con excepciones muy puntuales. Hasta la fecha de vigencia de la nueva norma, ante un accidente laboral, el trabajador y el empresario podían dirigirse a los cuatro órdenes jurisdiccionales que existen para obtener una reparación adecuada. A este respecto del artículo 2.a) LRJS se deriva un nuevo orden de reparto jurisdiccional. Si hay delito, la competencia siempre quedará atribuida al juez penal competente -como no podía ser de otra manera— sin que la reforma ofrezca efectos en estos casos. Si no hay delito la competencia en el resto de los supuestos queda atribuida de forma genérica al Juez de lo Social.

A tenor del artículo 2 b) LRJS los interesados habrán de dirigirse al juez de lo Social para determinar si está o no ante un accidente de carácter laboral y para todas las controversias que se deriven de la interpretación del contrato o de las prestaciones de la seguridad social. Asimismo, podrán accionar ante la jurisdicción social para obtener una indemnización por daños a partir de la responsabilidad extracontractual, en especial si afecta a terceros vinculados con el empresario.

El criterio jurisprudencial para realizar la imputación de la responsabilidad frente al empresario se concreta a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de septiembre de 1997, (Sala 1.ª RCUD 22/97) —cuyo criterio es reiterado por las de fecha 20 de julio de 2002, RCUD 3801/99 y 2 de febrero de 1998, RCUD 124/97—. En la misma se viene a requerir la existencia de culpa o negligencia en el empresario, precisándose que el elemento culpabilístico requiere la concurrencia de estos elementos —culpa o negligencia del empresario— en el sentido clásico y tradicional. Se venía a mantener así una responsabilidad objetiva sobre la base de que el acto ilícito creaba un riesgo empresarial (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2002, Rec. 123/97) de modo que, de no haber existido culpa, en lógica consecuencia, no se habría producido el accidente (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1995). Así, de acuerdo con una reiterada doctrina de la Sala de lo Civil, que recoge también la sentencia de 12 de julio de 2007 de la Sala de lo Social, la culpa de la víctima no rompe el nexo causal que proviene del agente externo, salvo cuando el daño se ha producido de forma exclusiva por una actuación culposa imputable a la víctima. Cabía asimismo, llevar a cabo una «imputación objetiva» (sentencias del Tribunal Supremo de 6 de septiembre de 2005, 10 de febrero de 2006, 12 de diciembre de 2006 y 23 de abril de 2009) recurriendo al criterio de la adecuación cuando la causa es suficientemente relevante para la producción del daño. A este respecto, como señala Segoviano Astaburuaga, la prueba de la culpa viene a adquirir una especial relevancia y ha de fijarse partiendo de la existencia de una obligación previa de carácter contractual que recae sobre el deudor. En la forma expuesta, en la medida en que el empresario se erige en deudor de seguridad —ex artículos 19 ET y 14 LPRL— ha de desplegar una prueba suficiente al respecto de que cumplió con su obligación legal, o bien, de forma alternativa, acreditar que si no cumplió, ello fue debido a la culpa exclusiva del perjudicado, por fuerza mayor, o caso fortuito. La conclusión que se deriva de esta exigencia probatoria se traduce en la acreditación de que cumplió con su obligación en materia de prevención de riesgos laborales. De otro lado, además, el orden social será el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos.

Asimismo se determina la jurisdicción social como principal garante de los derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito de la relación del trabajo acerca de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo [artículo 2.f) LRJS]. A través de la nueva regulación se posibilita la extensión competencial del orden social frente a los terceros causantes de la vulneración de un derecho fundamental siempre que tengan conexión con la relación laboral en los términos que ha venido a contemplar la sentencia del Tribunal Constitucional 250/2007, de 17 de diciembre, frente a los terceros causantes de la vulneración de un derecho fundamental siempre que tengan conexión con la relación laboral.

En lo que respecta a la carga de la prueba en casos de accidente de trabajo se establece en el artículo 96 LRJS una previsión que se traduce en que: «En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo». Se aprecia que, en tales supuestos, no podrá considerarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador, ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o la confianza que ésta inspira.

Se ha de tener presente que en los procesos sobre responsabilidades que se tramitan sobre accidentes de trabajo puede entrar en juego la vulneración del derecho fundamental a la vida y a la integridad física (artículo 15 CE), circunstancia que se ha de interpretar de modo conjunto con la complejidad tecnológica de los procesos productivos y la dificultad con que se enfrentará el trabajador para acreditar y determinar las causas de los accidentes. Ello conduce a la inversión de la carga de la prueba que tiene entrada en la norma procesal a través del párrafo segundo del reseñado artículo 96.2 LRJS y es congruente con la posición de garante del empresario en el cumplimiento de las normas laborales (artículo 19 ET y 14 LPRL) quedando obligado a utilizar correctamente los medios de protección proporcionados por el empresario, sin que el trabajador tenga obligación de aportar tales medios, ni de organizar la prestación de trabajo en una forma adecuada.

La reseñada modificación legislativa no hace otra cosa que incorporar al texto normativo el criterio de interpretación que se había impuesto a través de la constante jurisprudencia existente al respecto y que se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 20 de enero, 30 de junio y 22 de julio de 2010. De entre las sentencias citadas la de 30-06-2010, dictada en Sala General, es sin duda la más destacable. Parte de que la responsabilidad por daños debe encuadrarse en la culpa contractual, sin que por tanto responda de tales daños y perjuicios cuando el accidente se produce «por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario», concluyéndose que incluso en tales supuestos «es al empresario a quien corresponde acreditar esa posible causa de exoneración». Esta importante sentencia, aunque no supone una dejación absoluta del principio culpabilístico para acogerse a los postulados de la responsabilidad objetiva o por el resultado, sí que constata un claro movimiento con respecto a la jurisprudencia previa, ya que incide tanto en la atenuación del grado de culpa exigible, como en la imposición de la carga de la prueba al imputado del daño.

En conclusión, la deuda de seguridad contraída por el empresario no es otra cosa que una deuda de seguridad, que se desprende de un deber genérico «garantizar la seguridad y salud laboral» de los trabajadores (artículo 14.1 LPRL) y de las obligaciones contractuales que se desprenden de los artículos 4.2.d) y 19.1 ET, 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL, de manera que, una vez producido el siniestro laboral para enervar su posible responsabilidad el empresario ha de acreditar que había agotado toda la diligencia que le era exigible, más allá del cumplimiento formal y reglamentario de las medidas de prevención. Se viene así a facilitar la posición procesal del trabajador al eximirle de tener que acreditar no sólo que el empresario no ha aplicado las medidas preventivas necesarias y adecuadas, sino también los factores excluyentes o minoradores de la responsabilidad empresarial.

Autor: Don José Sánchez Pérez. Profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada

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