CSIF reclama al Gobierno Regional que acelere el impulso de la Ley de ‘permiso de paternidad’
La Central Sindical demanda también que se igualen los permisos de paternidad del mismo modo que se ha hecho en la Junta de Andalucía

El sindicato conoce el Proyecto de Ley que propone el Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea Regional
19 de Septiembre de 2018
CSIF reclama al Gobierno Regional que acelere el impulso de la Ley de ‘permiso de paternidad’

CSIF reclama al Gobierno Regional que acelere el impulso esta Ley y que se igualen los permisos de paternidad del mismo modo que se ha hecho en la Junta de Andalucía que equiparará a partir de este año y de forma progresiva los permisos por maternidad y paternidad del personal del sector público andaluz, de forma que el otro progenitor disfrutará de un permiso retribuido e intransferible de cinco semanas en 2018, que llegará a 10 semanas en 2019 y a 20 semanas en 2020.

Representantes del sindicato CSIF han conocido hoy la Proposición de Ley por la que se crean los permisos adicionales de paternidad y parto en el ámbito de la Administración Pública regional, presentada por el Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea regional.

La propuesta, que tiene como finalidad equiparar los permisos por paternidad a los permisos por parto, por adopción o acogimiento, lo que se conoce por ‘permiso por maternidad’, y que según se aprobó en el Parlamento Europeo en 2017 debe pasar a ser de 20 semanas, consiste en equiparar dicho permiso de paternidad con el de maternidad de una forma progresiva, de modo que quedaría de la siguiente manera: 12 semanas en 2019; 16 semanas en 2020 y en 2021 se alcanzarían las 20 semanas.

CSIF considera que es una iniciativa que cumple con las expectativas de este sindicato, si bien, los dos primeros tramos “tendrían que acortarse en uno solo” para coger la misma “velocidad” que ya tienen los empleados de otras administraciones autonómicas, como es el caso de Andalucía.

El Proyecto de Ley de Permisos y Licencias por la que se crean los permisos adicionales de paternidad y parto que hemos conocido hoy se aplicaría al personal empleado de la Administración General de la Comunidad Autónoma y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, tal y como establece la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región.