CSI·F informa sobre implantación de nuevas tecnologías y órganos de nueva creación.
25 de Mayo de 2017

Implantación nuevas tecnologías

CSIF reitera al Ministerio de Justicia su intención de no acudir a la convocatoria del grupo de trabajo de nuevas tecnologías convocada para el próximo 15 de junio ratificándonos en el escrito que presentamos hace varias semanas y del que os dimos cuenta.

Para CSIF la implantación de Justicia digital está siendo un fracaso por varias razones.

  • Se está pidiendo a unos programas limitados y obsoletos cosas que no pueden ofrecer.
  • No se está acometiendo el proyecto de forma integral pues Justicia digital no es sólo poner en marcha programas, anunciar a bombo y platillo cifras millonarias de comunicaciones, instalar dobles pantallas o renovar equipos, sino que afecta a las formas de trabajo, funciones y tareas dentro de la oficina judicial que deben analizarse y ser objeto de un incremento retributivo en el complemento específico, así como de un nuevo reparto de la productividad.
  • No se está atendiendo a un programa integral de formación limitándose el “esfuerzo” formativo a acciones aisladas y claramente insuficientes que no permiten crear la cultura necesaria para adaptarse a la nueva forma de trabajo que imponen las TIC.
  • Hay que asegurar la suficiente inversión para afrontar este proyecto con garantías.

Por este motivo, CSIF ha solicitado parar la implantación de Justicia digital para abordar estos tres frentes en una mesa de negociación en la que, además se establezcan cauces de participación de los funcionarios de Justicia en lo que sin duda es el plan más ambicioso de reforma de la Administración en la que trabajan. Sin esa participación, no habrá implicación y sin implicación el proyecto se atascará. Mientras no sea así, CSIF no asistirá a las reuniones de ningún grupo de trabajo, aunque seguirá recabando datos sobre incidencias tal y como viene haciendo desde hace años.

Órganos de nueva creación.

El Ministerio nos informa que tiene ya negociada con Hacienda la creación del 70% de los órganos incluidos en la propuesta presentada en 2015 y ampliada posteriormente. Siguen negociando ese otro 30% estando supeditado este apartado a la aprobación de los presupuestos generales del Estado.