CSI.F Murcia: El Ministerio de Justicia y las CC.AA., con competencias se ven directamente afectados por las recientes sentencias del TJUE contra la precariedad laboral.
20 de Septiembre de 2016

Estas sentencias dejan en evidencia también al Gobierno catalán que renunció a la convocatoria de 300 plazas en la OPE de 2015 agravando el problema de precariedad laboral en esa comunidad autónoma y que CSI.F denunció en solitario ante la callada del Ministerio y del resto de sindicatos de Justicia.

Tras conocer las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

CSI.F exige al Ministerio de Justicia y a las CC.AA., con competencias:

1º La identificación y consolidación de todas las plazas de refuerzo existentes a fecha de hoy, convirtiéndolas en plazas de plantilla.

2º Que se proceda a la convocatoria de las más de 8.000 plazas vacantes en la Administración de Justicia de forma inmediata tanto en turno libre como en promoción interna.

Si algo dicen las Sentencias, es que las plazas estructurales deben estar cubiertas por personal estable y, en la administración de Justicia, ese personal sólo puede ser funcionario de carrera de los Cuerpos de Jueces, Fiscales, Letrados y cuerpos generales y especiales al servicio de la Administración de Justicia.

En este sentido, CSI.F viene denunciando desde hace varios años la altísima precariedad en el empleo dentro de la Administración de Justicia. CSI.F propuso, tanto al anterior Ministro como al actual, un plan de empleo a cuatro años para reducir este problema en la Administración de Justicia teniendo en cuenta que en Justicia no había siquiera incremento de gasto al ser plazas ya presupuestadas. El Ministerio siempre ha preferido mirar para otro lado y ahora viene el TJUE a enmendarle la plana.

3º Que, de forma inmediata, se proceda a negociar la normativa de provisión temporal de puestos de trabajo sustituciones, comisiones de servicio y, por supuesto, la normativa de interinos.

Una normativa de provisión temporal ágil que dé preferencia al personal de carrera y reserve el nombramiento de interinos a situaciones de urgente necesidad tal y como establece la LOPJ.

Una normativa de interinos que prime la transparencia en el nombramiento tanto de interinos para puestos de plantilla como para refuerzos en todos los órganos jurisdiccionales incluidos el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Una normativa de interinos que ya no podrá ser igual a la que pretendía colar el Ministerio de Justicia hace unos meses y que CSI.F rechazó de manera contundente.

La sentencia obliga a adoptar soluciones que impidan el abuso de la contratación temporal de personal funcionario de la misma forma que en el ámbito del personal laboral se ha establecido también desde la jurisprudencia europea. Es decir, que se proteja al trabajador frente al abuso de la contratación temporal hasta que la plaza se cubra por los cauces normales de provisión de puestos de trabajo. Una cobertura que, de ningún modo, se puede demorar tal y como viene ocurriendo en Justicia desde hace demasiado tiempo y que se ha visto agravada por la cerrazón de una austeridad mal entendida.

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