Defensora del Pueblo admite la denuncia de CSI.F sobre las irregularidades en la redistribución de efectivos de la CARM
11 de Abril de 2014

El presidente regional del sindicato CSI.F en Murcia, Juan Miguel López Blanco, presentó denuncia el pasado 4 de diciembre de 2013 ante la Defensora del Pueblo de España, por la continua ocultación de información por parte de los responsables de la Dirección General de Función Pública de la Administración Regional, en los procesos de redistribución de efectivos de los empleados públicos de la CARM, el cual se podría estar articulando en su conjunto de manera injusta, discriminatoria y abusiva.

Ver Nota de Prensa.

A los empleados públicos se les están cambiando masivamente de un Servicio a otro, de una consejería a otra, para ello la Administración está utilizando la herramienta de la redistribución de efectivos, pero sin seguir con carácter general los criterios legales marcados por la propia Administración y aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2012 (BORM nº 289 de 15/12/2012) para realizar esas redistribuciones de efectivos… “primero la voluntariedad, después el de menor antigüedad de servicios en el Cuerpo y en caso de misma antigüedad en el Cuerpo, se resolverá el empate atendiendo a la antigüedad en la Administración”.

En CSI.F pensamos que la Administración ha podido utilizar el proceso de redistribución de efectivos, de manera arbitraria, favoreciendo o perjudicando a determinados empleados públicos sobre otros, o trasladando a aquellos empleados públicos que les resultan molestos al político de turno por no compartir controvertidas decisiones políticas y administrativas (como por ejemplo los intentos por parte de la Administración de redistribuir a los representantes sindicales de CSI.F, sin ningún tipo de criterio legal).

Por este motivo, CSI.F y el resto de organizaciones sindicales le venimos solicitando a los responsables de la Dirección General de Función Pública que nos faciliten el listado con antigüedad en el Cuerpo, de los empleados públicos que han sido redistribuidos o van a ser redistribuidos, para que las organizaciones sindicales y los empleados públicos podamos esclarecer que en el citado proceso de redistribución de efectivos, no se ha estado vulnerado ningún de los derechos de los empleados públicos afectados.

La negativa de los responsables de la Dirección General de Función Pública a entregar dichos listados, a las organizaciones sindicales y a los afectados por la redistribución, no hace más que incrementar nuestras sospechas que se han cometido irregularidades por parte de los responsables de la Función Pública regional. Por lo visto, a algunos políticos se les llena la boca de hablar de transparencia en su gestión, menos cuando tienen que demostrarla, quizás sea por el “chaparrón” de todo tipo de denuncias que les pueden caer si se comprueba las irregularidades personales que podrían haber cometido....Seguir leyendo

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