"El Futuro del Estado del Bienestar".
23 de Diciembre de 2010

La revista EL SIGLO XXI, ha publicado un extenso artículo bajo el título EL FUTURO DEL ESTADO DEL BIENESTAR y firmado por el Presidente de CSI-F, Domingo Fernández Veiguela

Uno de los pilares del Estado del Bienestar se encuentra en los servicios que reciben los ciudadanos del Estado, a través de sus distintas Administraciones y de su dos millones setecientos mil empleados públicos, funcionarios y laborales.

En los países de la Unión Europea, a la que pertenecemos, estos servicios son, con pequeñas variantes, la Educación, la Sanidad, la Seguridad, la administración de la Justicia, la protección del Medio Ambiente, las Obras Públicas, la Inspección y Control de los distintos aspectos del funcionamiento de un Estado democrático.

Esta Europa social, que tanto ha costado conseguir, parece estar en peligro. Dicen que es muy cara y que hay que reducir el déficit público. Y a ello se han puesto nuestros gobernantes. Pero, hasta el momento, y llevamos ya casi tres años de crisis, todo lo que se les ha ocurrido es:

a)reducir las retribuciones de los empleados públicos
b)congelar las pensiones de nuestros mayores
c)anunciar la subida de la edad de jubilación para todos los trabajadores.

Esto, y permitir que se generalice la opinión de que sobran funcionarios, precisamente los profesionales encargados de proporcionar esos servicios; funcionarios y laborales que han sido seleccionados tras demostrar públicamente, en libre concurrencia, su preparación. Funcionarios y laborales que están muy mal retribuidos.

Así es como se pone en peligro el Estado social del bienestar. Porque no se puede mantener una enseñanza obligatoria y gratuita desde la infancia, sin los 650.000 profesores que la imparten. Ni una sanidad universal sin los 500.000 sanitarios que la atienden (médicos, enfermeras, celadores) Ni podemos garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos prescindiendo de alguno de los 130.000 efectivos de nuestras fuerzas armadas, de los 80.000 guardias civiles, de los 60.000 policías nacionales, y de los 90.000 policías municipales y bomberos. Ni podemos deteriorar más el lento funcionamiento de la Justicia, sin contar con los 60.000 funcionarios que la sirven, que son claramente insuficientes, como lo son los 30.000 funcionarios de las prisiones masificadas que tenemos.

Y así podíamos continuar, hablando del servicio de Correos, de Hacienda, de la Seguridad Social , etc.

Nuestra relación número de trabajadores del Estado-número de ciudadanos, es de las más bajas de Europa. No es aquí donde se pueda o se deba ahorrar, pero sí se podría analizando y corrigiendo una serie de factores que han influido, y mucho, en la generación de este déficit de las Administraciones Públicas:

1- El Estado de las Autonomías y su deriva a las Administraciones Locales.

Si los que defendimos hace treinta años el modelo autonómico del Estado llegamos a saber que iría por este camino, nos lo hubiéramos pensado dos veces. Porque resulta que, aparte de otras consideraciones fundamentales, para la organización del Estado, hemos construido un modelo bastante ineficaz y muy caro que, en los actuales términos, no podemos pagar.

Contamos con una Cámara de las Autonomías, el Senado, de la que no tenemos clara su utilidad.

Contamos con 17 Parlamentos Autonómicos, con todos sus avíos.

Contamos con 17 Gobiernos de Comunidad y dos de Ciudad Autónoma, con toda su parafernalia.

Tenemos 59 Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y más de 8.000 Ayuntamientos.

Todos los parlamentarios, la mayoría de los alcaldes y muchos concejales (por su dedicación exclusiva) cobran del dinero público.

Luego están los miles y miles de altos cargos, elegidos a dedo. Sobran al menos el 50% y los que sean necesarios tendrían que ser seleccionados entre los funcionarios de carrera.

Y están las decenas de miles de asesores, ¿qué hacen?, ¿dónde trabajan? ¿cuánto ganan?, sobran al menos nueve de cada diez.

Y está el llamado personal de confianza;

Contando alcaldes, concejales, asesores, altos cargos, etc. ¿Cuántos liberados políticos pagamos? ¿sesenta mil? ¿ochenta mil? ¿Cuánto cuestan al contribuyente? ¿Tienen que ser tantos y cobrar todos y tanto? ¿Cuánto se podría ahorrar aquí sin reducir el número de funcionarios y sus retribuciones?

2- El despilfarro, la alegría en el gasto.

Había dinero para todo y en último extremo no había límites para el endeudamiento. Y nuestros gobernantes, consejeros, alcaldes, concejales- con sus excepciones, que las hay- se han acostumbrado a las coches de alta gama, chofer las veinticuatro horas, escoltas para todo, gabinetes de prensa, de presidencia, de protocolo; viajes por todo el mundo, buenas dietas, mejores comidas, delegaciones-embajadas en los cinco continentes, subvenciones para todo y para todos.

¿Cuánto se podría ahorrar aquí sin bajar las pensiones de nuestros mayores?

3- La multiplicación de las empresas públicas, que escapan del control presupuestario y de la Intervención, que cuentan con Consejos de Administración muy bien pagados, que tienen directivos nombrados a dedo y sistemas de selección de personal muy personales.

Empresas, casi todas deficitarias, que nos cuestan más de cuarenta mil millones de euros al año.

Estado, Comunidades, Ayuntamientos, abusan de esta figura, que en unos casos entran en competencia con las empresas de capital privado y en otros sirven para externalizar servicios públicos y montar administraciones paralelas. Buen ejemplo de esta tendencia lo tenemos en la Junta de Andalucía con el conflicto y el caos que ha dejado como herencia el actual Ministro responsable de las Administraciones Públicas ¿Cuánto ahorro se podría tener en este apartado, manteniendo las empresas verdaderamente justificadas, aunque sean deficitarias y privatizando las restantes, incluidas televisiones, casinos, clubs de fútbol, fábricas de coches, etc?

Una última consideración sobre la edad de jubilació, que forma parte también de las conquistas sociales: todo es debatible y todo se puede consensuar, pero nosotros seguiremos defendiendo la jubilación flexible.

Esto quiere decir que si se fija la edad de jubilación en X años se debe de tener en cuenta:

Que hay profesiones, que están en la mente de todos, que no se pueden ejercer a partir de cierta edad.

Que se tendría que incentivar la prolongación voluntaria de la edad laboral.

Que se tendrían que prohibir las prejubilaciones con cincuenta y pocos años, como ha ocurrido en banca, televisión pública, y ahora se habla para los sobrantes de las fusiones de las cajas de ahorros.

Que se tendría que potenciar la jubilación parcial, a partir de cierta edad, combinada con contratos en prácticas para jóvenes, y que no queremos que se convierta en la práctica en una jubilación anticipada.

Y, sobre todo, queremos que se valore el tiempo de cotización, a partir de un determinado número de años cotizados (30-35 años) tiene que ser posible la jubilación con los condicionantes que se establezcan. Y a partir de un determinado número de años cotizados (35-40) tiene que ser posible la jubilación voluntaria sin perdida de derechos.

En este asunto de la jubilación, también tendrían que dar ejemplo nuestros políticos. Es una vergüenza que con unos pocos años de ejercicio en el cargo se les garanticen jubilaciones vitalicias que no están al alcance de ningún otro trabajador.

Queremos concluir con nuestro convencimiento que, si se corrigen los excesos, si se adelgaza el entramado administrativo autonómico y local, si todos nos apretamos el cinturón (y nuestros políticos tienen que dar ejemplo) podemos salvar este Estado de Bienestar basado en unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos.

Domingo Fernández Veiguela

(pdf) ACCESO A LA REVISTA EL SIGLO XXI.

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