- Los servicios jurídicos de CSIF ultiman un protocolo para evitar que los empleados públicos incurran en prevaricación
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El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) Miguel Borra advierte de que la resolución aprobada ayer por el Parlamento Catalán puede tener consecuencias negativas para los empleados públicos de la Generalitat, que se verán obligados a prestar sus servicios para unas funciones que no tiene amparo legal.

En declaraciones a Radio Nacional de España, Borra se refiere en concreto al mandato aprobado ayer para desarrollar la Hacienda Pública y la Seguridad Social Catalana, algo para lo que, record “hacen falta personas y esas personas no salen de la nada”.

“Querrán utilizar a funcionarios que estén realizando esas labores en Cataluña y se nos va a crear un problema importante. Los empleados públicos nos debemos a la legalidad vigente, que en estos momentos representan la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, valoró apuntando que “van a empezar a crearse problemas a personas que lo único que van es a su puesto de trabajo”.

“Va a hacer falta que cientos de funcionarios vayan a prestar sus servicios a algo que no tiene amparo legal”, añadió. En este sentido, los asesores jurídicos del sindicato están ultimando un protocolo “sencillo y fiable” que permita responder de manera eficaz a los problemas que pudieran plantearse.

Este protocolo –que será aprobado la próxima semana en Barcelona, en el marco de una ejecutiva nacional del sindicato, donde se ofrecerá nuestro apoyo expreso a los compañeros de Cataluña—recomendará, en primer lugar, que los empleados públicos a los que se les planteen dudas, pidan la orden por escrito.

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