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Era uno de los principales argumentos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para justificar el plan de privatización de la seguridad de las prisiones. Los escoltas que habían prestado servicio de protección en el País Vasco cuando ETA estaba activa debían ser compensados con una salida digna. Una vez que la banda terrorista no mataba, su labor carecía de importancia y tenían que ser recolocados.
Los guardaespaldas que pertenecían a las fuerzas de seguridad (guardias civiles y policías) lo tenían fácil, pues podían pasar a otras unidades de sus respectivos cuerpos. De hecho, venía bien que fueran reubicados para reforzar plantillas que estaban experimentando una reducción de efectivos a causa de la disminución de la oferta de empleo público desde 2010 provocada por la crisis económica.
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