Rueda de Prensa Carrera Profesional
CSIF, junto a CCOO, UGT, e INTERSINDICAL, organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Administración y Servicios, han llevado a cabo hoy una rueda de prensa en el jardín de San Esteban, frente a la sede del Gobierno regional, en la que han explicado su oposición al acuerdo que ha firmado la Administración regional con el sindicato FSES y han informado a los medios de comunicación sobre la reclamación de la Carrera Profesional para más 8.000 empleados públicos del ámbito de Administración y Servicios

21 de Marzo de 2019

La Carrera Profesional está en la Administración desde el año 2008, en teoría se tendría que haber empezado a cobrar en el año 2009, pero la Administración retiró ese acuerdo y desde entonces estamos sin Carrera Profesional. Ahora han aplicado una ‘carrerilla’.

El presidente de CSIF en la Región, Juan Miguel López Blanco, ha denunciado hoy en rueda de prensa, convocada junto a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Administración y Servicios, que la actual Carrera Profesional, que en realidad es una ‘carrerilla’, pues lo que se va a cobrar es muchísimo menos de lo que es la verdadera carrera, como la que están cobrando en el SMS, “no llega ni al personal interino ni a aquellos funcionarios de carrera que han promocionado y estén menos de 5 años en la categoría profesional correspondiente”, y que no van a poder cobrarla, a pesar de que supone simplemente un 15 por ciento de un primer tramo.

López Blanco ha explicado que la Administración regional tiene una “deuda histórica” con el personal de Administración y Servicios desde el año 2008, al que no se está pagando ni reconociendo el 1 por ciento de la masa salarial y no se está pagando la carrera profesional.

Si el Gobierno regional y su presidente, Fernando López Miras, está diciendo que en España hay ciudadanos de primera y de segunda, y que a los murcianos nos tratan de segunda, resulta que dentro de su propia Administración estamos sufriendo empleados públicos de primera, de segunda y de tercera categoría. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es arreglar los problemas que han ocasionado esas “desigualdades” dentro de la propia Administración y creemos que luego “tendrán valor” para hacer esa reclamaciones al resto de España.

En cuanto a las acciones de protesta, López Blanco ha manifestado que las organizaciones sindicales han planteado recursos ante los tribunales de Justicia, pero no descartan cualquier actuación de movilizaciones, de huelga y de lo que haga falta, porque la Administración, sabiendo que hay unas sentencias que se tienen que cumplir, está obviando ese cumplimiento, de tal manera que cuando hay unos recortes y hay unas sentencias, “las aplica inmediatamente” y cuando resulta que hay una sentencia favorable a los empleados públicos, pues entonces “no la quiere aplicar”. Ese “doble rasero y ese doble criterio” es lo que no debería haber aplicado este Gobierno regional.

López Blanco ha señalado que la respuesta del Ejecutivo regional tras la sentencia ha sido “patética”, pues dicen que “no la conocen”, nos la piden y se la hacemos llegar, la hemos publicado… y volvemos a lo mismo: una situación que es una “chapuza”, una auténtica chapuza que está creando tensiones entre distintos empleados públicos dentro de una misma Administración regional, cuando esto no debería de pasar. Discriminación que sufre el personal dentro de la Administración con su propios derechos como empleados públicos en cuanto a licencias y de permisos, que la Administración permite que sean diferentes según el lugar en donde trabajen, algo que la legislación “prohíbe”, pero que aplica, provocando con ello diferencias que indicen a tensiones.

Los sindicatos, añadió López Blanco, “no vamos a caer en ese error”, la culpable es claramente la Administración, es la que ha provocado esta situación y es la que “tiene que resolverla”. Además, debe hacerlo de manera equitativa y justa porque recordamos que hay unas elecciones políticas, y los funcionarios de la Administración pública regional, que son 50.000, votarán los próximos 28 de abril y 26 de mayo.

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