No puede haber ‘puertas traseras’ para entrar a la Administración
CSIF, ante la demanda de los trabajadores de la empresa privada del 112, insiste y destaca que todos los servicios que “gestionan las emergencias” en la Región de Murcia los prestan empleados públicos de las tres administraciones
31 de Mayo de 2018
CSIF, ante la demanda de los trabajadores de la empresa privada del 112,  insiste y destaca que todos los servicios que “gestionan las emergencias” en la Región de Murcia los prestan empleados públicos de las tres administraciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ante la demanda de los trabajadores de la empresa privada del 112, recuerda que la Comunidad Autónoma, en su ámbito territorial, “es la entidad que presta el servicio de atención de llamadas de urgencia, a través del teléfono único europeo 112”, competencia que está asignada a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dependiente en la actualidad de la Consejería de Presidencia.

Asimismo, recuerda que el servicio de explotación operativa, que realizan los “trabajadores de una empresa privada”, consiste básicamente en la atención telefónica y clasificación de las llamadas de emergencia que realizan los ciudadanos a través del número telefónico 112, y “remitirlas” a los servicios que gestionan las emergencias, función que desempeñan “empleados públicos de la Administración regional”, para que la actuación sea rápida, coordinada y eficaz.

Por estos motivos, CSIF cree muy necesario insistir y destacar:

1º.- Que todos los servicios que gestionan las emergencias en la Región de Murcia los prestan empleados públicos de las tres administraciones.

2ª.- Que el único contrato externalizado es el de “atención telefónica de las llamadas que realiza el ciudadano”, cuya información trasladan a los órganos gestores de la emergencias que son los que “deciden” enviar los distintos medios, dependiendo de la emergencia de que se trate (ambulancias, vehículos de bomberos, policías etc.).

3ª.- Que ese servicio está externalizado desde el año 1998, es decir “unos 20 años”, y que hasta diciembre de 2016, que empezó a prestarlo la actual adjudicataria del contrato, han realizado esa asistencia diferentes empresas: una alrededor de cuatro años y medio para la instalación y puesta en marcha de la Plataforma; otra durante un año u medio, y otras empresas, pertenecientes al mismo grupo, unos 14 años aproximadamente.

4º.- Que por tanto, este servicio de atención de llamadas telefónicas “siempre lo ha prestado una empresa externa y no se privatiza ahora, sino que lo está desde el año 1998”, y sus trabajadores han estado siempre sometidos al Convenio Colectivo correspondiente en su ámbito de trabajo, teniendo la obligación de cumplirlo los responsables de la Administración Pública regional.

CSIF considera que “proponer” que el citado servicio de atención telefónica de llamadas lo presten funcionarios públicos seria, quizás, una buena opción, pero siempre que fuera mediante la oportuna “creación de plazas y provisión de las mismas con una convocatoria pública en condiciones de igualdad, merito y capacidad”, como marca el Estatuto Básico del Empleado Público y el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Función Pública de la Región, para que todos los ciudadanos puedan presentarse en igualdad de condiciones, a través de oposiciones libres. En caso contrario, seria discriminatorio al no tener igualdad de oportunidades para acceder a estos puestos.

Asimismo, pensamos que sería “incoherente” que la Administración pida previamente pasar por un examen de oposición para estar en una bolsa de trabajo, y ahora abriera una ‘puerta trasera’ a otros para que sean empleados públicos. “¿Qué opinarían de esto el resto de funcionarios interinos y laborales temporales de la Administración regional?”

Desde CSIF advertimos que en el supuesto caso de que “sí se abriesen las puertas” sin realizar oposiciones libres a estos trabajadores para ser funcionarios o laborales, el resto de colectivos que prestan servicios externalizados como el 012, retenes forestales, personal de limpieza, vigilantes de seguridad, o sala de 092 de la policía, entre otros, exigirían, probablemente y en aras del principio de igualdad, “convertirse también en personal funcionario o laboral de esta Comunidad Autónoma” con el consiguiente coste económico que conllevaría para las arcas regionales, que difícilmente podrían soportar decenas de miles de nuevos empleados públicos.