"20 años de empresas privadas en la atención telefónica del 112"
Desde CSIF exigimos a la Administración Pública regional que garantice las retribuciones y las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa privada que gestiona las llamadas del 112 y que la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias evite, bajo su responsabilidad, que se produzca cesión ilegal de trabajadores
28 de Noviembre de 2017

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su ámbito territorial, es la entidad prestataria del servicio de atención de llamadas de urgencia, a través del teléfono único europeo 112. Esta competencia está asignada a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, perteneciente actualmente a la Consejería de Presidencia y Fomento.

El servicio de explotación operativa, que realizan trabajadores de una empresa privada, consiste básicamente en la atención telefónica y clasificación de las llamadas de emergencia que realizan los ciudadanos a través del número telefónico 112, y en la remisión de la información recibida del ciudadano a los “servicios que gestionan las emergencias, desempeñados por empleados públicos” de la Región, para su actuación rápida, coordinada y eficaz.

Dichos empleados públicos que gestionan las emergencias son: operadores de Transmisiones del cuerpo Técnico Auxiliar opción Transmisiones de la Carm, Jefes de Operaciones (Técnicos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias); Técnicos de la Dirección del Medio Natural; Responsables de Información (Funcionarios de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias); Responsables coordinadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia; Médicos, Enfermeros y operadores del 061(pertenecientes al Servicio Murciano de Salud). Todos ellos en la sala del Centro de Coordinación de Emergencias. Así como Parques municipales de Bomberos de Murcia y Cartagena, Policías Locales, Policía Nacional y Guardia Civil, que se encuentran ubicados en sus correspondientes sedes al disponer de terminales remotas del 112.

Por todo ello, es necesario destacar lo siguiente:

1º.- Que los servicios que gestionan las emergencias en esta Región son todos prestados por empleados públicos ya sean de la Administración Local, autonómica o estatal.

2ª Que el único contrato externalizado es el de atención telefónica de las llamadas que realiza el ciudadano, pasando la información a los órganos gestores de las emergencias que son los que deciden enviar los distintos medios dependiendo de la emergencia de que se trate (ambulancias, vehículos de bomberos, policías etc.).

3ª Que ese servicio esta externalizado desde el año 1998, es decir casi 20 años.

4º.- Que hasta diciembre de 2016, fecha que empezó a prestarlo la actual adjudicataria del contrato, han realizado ese servicio diferentes empresas: una, alrededor de cuatro años y medio para la instalación y puesta en marcha de la Plataforma; otra durante un año y medio, y otras empresas, pertenecientes al mismo grupo, unos 14 años aproximadamente.

5ª Que por tanto, el servicio de atención de llamadas telefónicas siempre lo ha prestado una empresa externa y no se privatiza ahora sino que lo está desde el año 1998.

6º.- Que los trabajadores de esas empresas han estado siempre sometidos al Convenio Colectivo que les corresponde en su ámbito de trabajo, teniendo la obligación cumplirlo los responsables de la Administración Pública Regional.

7º.- Que proponer que el servicio de atención telefónica de llamadas lo presten funcionarios públicos sería quizá una buena opción, pero siempre que fuera mediante la oportuna creación de plazas y provisión de las mismas con una convocatoria pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad (como marca el Estatuto Básico del Empleado Público y el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia) para que todos los ciudadanos puedan presentarse en igualdad de condiciones, a través de oposiciones libres.

En caso contrario, sería discriminatorio para el resto de ciudadanos que no tendrían igualdad de oportunidades para acceder a esos puestos.

Además, sería incoherente que la Administración pida previamente pasar por un examen de oposición para estar en una bolsa de trabajo y ahora abriera una puerta trasera a otros para que fueran empleados públicos. ¿Qué opinarían de esto el resto de funcionarios interinos y laborales temporales de la Administración Regional?

Sin embargo, si se les abrieran las puertas para ser funcionarios o laborales a este colectivo sin oposiciones libres, el resto de colectivos que prestan servicios externalizados, como 012, Retenes Forestales, Personal de limpieza tanto de la Carm como del Servicio Murciano de Salud, Vigilantes de Seguridad, o sala 092 de la Policía Local de Murcia, entre otros, exigirían probablemente en aras del principio de igualdad, convertirse también en personal funcionario o laboral de esta Comunidad Autónoma con el consiguiente coste económico para la Región que difícilmente podría soportar decenas de miles de nuevos empleados públicos.

Informa CSIF