CSI.F Murcia-Justicia: CSI.F vuelve a exigir la participación de los funcionarios de Justicia en la reforma del Registro Civil y recuerda al Ministro el compromiso de negociar el modelo “desde cero”.
23 de Julio de 2015

CSI.F vuelve a exigir la participación de los funcionarios de Justicia en la reforma del Registro Civil y recuerda al Ministro el compromiso de negociar el modelo “desde cero”

SE PUBLICA EN EL BOE LA DEROGACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL… PERO LA LUCHA CONTINUA

Las reformas publicadas no contarán con los medios necesarios para ponerlas en marcha pues la propia ley lo impide (DA 4ª)

Sin la participación de los funcionarios de Justicia ninguna reforma tendrá éxito. CSI.F exige el derecho de información y consulta a los trabajadores en estos procesos de reforma de los servicios públicos.

El pasado 14 de julio se publicó la Ley 19/2015, de 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil en cuya disposición derogatoria única se anula el proceso de privatización del Registro Civil puesto en marcha por Gallardón y que Catalá quería culminar.

La norma modifica varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (subasta electrónica) y de la Ley 20/2011 del Registro Civil en materia de inscripciones de nacimiento y defunción y del procedimiento para la obtención de la nacionalidad por residencia.

En cuanto a la modificación de la LEC se trata de la enésima reforma operada en este texto del año 2000 durante esta legislatura y no será la última pues hay en cartera al menos una gran reforma más. Los cambios que se están realizando tanto en esta como en otras normas de procedimiento deberían ser objeto de planes de información y de formación a todos los funcionarios de Justicia así como de la puesta a disposición de las plantillas correspondientes a los nuevos procedimientos. Salvo raras excepciones, en alguna CC.AA., esto no se ha producido y así está la Justicia en estos momentos con un Ministerio al que se le llena la boca con reformas, que no cuenta con los implicados para ponerlas en marcha y que no pone los medios necesarios para ello.

REFORMA DEL REGISTRO CIVIL. Mucha incertidumbre y poco sentido común.

La reforma introducida supone la implantación del sistema de comunicación electrónica de nacimientos y defunciones desde los hospitales a los Registros Civiles. Una vez más, la música puede gustar pero la letra es bastante mala.

· La Disposición Adicional4ª establece la prohibición de incrementar el gasto de personal lo que plantea serias dudas sobre el éxito de la reforma puesto que, parece evidente, que el personal de los hospitales van a ver incrementada su carga de trabajo ya de por sí sobrecargada en una sanidad que ha sufrido especialmente los recortes.

· Por otro lado, la comunicación electrónica exige la existencia de equipos informáticos, certificados de firma electrónica, comunicaciones y acceso a los programas de gestión del Registro Civil. En este sentido nada dice la ley sobre cómo se va a conseguir esto tanto en los hospitales como también en los Juzgados y Agrupaciones de Paz cuyos medios materiales dependen de los Ayuntamientos y en un 90% de los casos dejan mucho que desear.

Además, el uso de estos nuevos programas, certificados de firma electrónica, así como las nuevas funciones atribuidas a médicos y demás personal sanitario en materia de filiación y de comunicación tanto al Registro Civil competente como al INE de los datos del nacimiento y del nacido exige una formación específica para la que no se ha previsto nada. Una formación necesaria para ofrecer la información que los ciudadanos precisen a la hora de rellenar el formulario y conocer la documentación que precise.

· Pero es que una lectura detenida de la minirreforma demuestra que estamos ante una chapuza. En primer lugar porque la D. Final 10ª establece la entrada en vigor de los artículos de la Ley 20/2011 que se modifican en esta ley y sólo ellos. Así, a partir del 15 de octubre habrá dos leyes aplicables al Registro Civil. Pero es que, además, la entrada en vigor parcial de la ley 20/2011 se hace sin reparar que esos mismos artículos remiten en ocasiones a otros de la misma ley que no están en vigor. La más importante la que se refiere a la aplicación del código personal en el momento de inscribir al nacido (ver artículo 44). Además, hasta en 9 ocasiones el texto que entrará en vigor el próximo 15 de octubre se remite a un supuesto desarrollo reglamentario o reglamento que hasta la fecha se desconoce su contenido.

· Para terminar la normativa tiene algunas lagunas, sobre todo en relación con la comunicación, inscripción, competencia para expedientes, elección de orden de apellidos, elección del Registro de inscripción y aplicación de las presunciones que van a crear importantes disfunciones tal y como está regulado en esta ley.

Por otro lado, se establece un nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad pero al que le falta el desarrollo reglamentario por lo que no se sabe ni como, ni donde ni porqué se encauza este procedimiento.

· Será la Dirección General de Registros y del Notariado la encargada de tramitarlos. Sí, habéis leído bien. La misma Dirección General que ha provocado el atasco de cientos de miles de expedientes del Registro Civil que fueron la causa que inició el proceso de privatización. Ahora parece que sí puede hacerse cargo de estos expedientes “electrónicos”. Eso sí, por el camino nos hemos dejado 4 millones de euros en digitalización de expedientes atascados por culpa de la falta de medios.

· Además, se establece una prueba de integración, a cargo del Instituto Cervantes, dividida en dos partes una de idioma (nivel A2) y otra de cultura española.

· El procedimiento tendrá una tasa de 100 euros que se abonarán al inicio del mismo gestionada por el Ministerio de Justicia pero que como ha ocurrido en otras ocasiones no revertirá en la mejora del servicio sino en engrosar la caja general de Hacienda.

Poco a poco, el Ministerio perfila el nuevo modelo de Registro Civil y, lamentablemente, instalado en la verdad absoluta, no permite la participación de los funcionarios de Justicia. En la Ley de Jurisdicción Voluntaria atribuye los expedientes de matrimonio a los Notarios que deja de ser gratuito, ahora saca el expediente de nacionalidad de los Registros Civiles que también deja de ser gratuito y en, a través de una enmienda de última hora que no pasó, como era obligado, por la mesa de negociación del Ministerio de Justicia, los Secretarios podrán estar en servicios especiales como Encargados del Registro Civil.

De todo lo anterior, se puede concluir que el Ministerio sigue adelante con su proyecto de Registro Civil fuera de la Administración de Justicia y de pago. ¿Dónde queda el compromiso del Ministro de Justicia de negociar el modelo de Registro Civil “desde cero”? CSI.F exige al Ministro que cumpla su palabra. Que se negocie desde cero el modelo de Registro Civil y que este siga siendo un servicio público servido por funcionarios de Justicia, moderno, eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos.


Por eso la lucha continúa por un Registro Civil público servido por funcionarios de Justicia.

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