Entrevista realizada en el Diario La Verdad, a Juan Miguel López, Presidente Autonómico de CSI.F.
05 de Noviembre de 2013

El Tribunal Supremo acaba de darle la razón al sindicato CSI-F

Ver Noticia publicada en el Diario la Verdad, hoy 05-11-2013.

El Tribunal Supremo acaba de darle la razón al sindicato CSI-F, la negociación colectiva es obligatoria. Así que como últimamente muchos gobiernos autonómicos, locales y el mismo gobierno central, se estaban saltando a la torera este principio básico, esta sentencia vuelve a poner los puntos donde corresponde. Y quien mejor que el máximo responsable de CSI-F en la Región de Murcia para hablar de ello y otras cosas.

¿Que valoración haces de la sentencia del Tribunal Supremo en la que obliga a la administración a negociar las condiciones laborales?

Una cosa es gobernar con austeridad en tiempos de crisis y otra cosa es utilizar la mayoría absoluta de un gobierno para pisotear los derechos de los trabajadores. Los Gobiernos deben negociar con los sindicatos y no aplicar recortes por la vía del decreto, tal y como refrenda el Tribunal Supremo, las medidas de planificación en materia de recursos humanos deben ser objeto de negociación con los sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores.

¿Cómo pudiera afectar dicha sentencia en la Región de Murcia?

El gabinete jurídico de CSI-F está analizando las implicaciones jurídicas de esta sentencia para defender los intereses de los trabajadores de las diferentes administraciones públicas de la Región que, desde el comienzo de la crisis, se han visto afectados por recortes unilaterales en sus condiciones de trabajo y por extensión, la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

En este mismo sentido, CSI.F consiguió el pasado 9 de septiembre que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia emitiera una sentencia condenando al Ayuntamiento de Cartagena por no negociar con los sindicatos los presupuestos municipales y Oferta de Empleo Público del año 2009.

¿Cómo están las negociaciones actualmente con el Gobierno Regional?

Muy mal, el consejero de Economía y Hacienda y su equipo con sus actos han demostrado el poco afecto que tienen hacia los empleados públicos y hacia los sindicatos independientes. Nos es más fácil hablar con el presidente regional que con este consejero y eso es un problema, ya que la gestión directa económica y de recursos humanos de la CARM recae en el consejero y en su equipo.

Ver al Director General de la Función Pública diciendo a los sindicatos independientes en las mesas de negociación que lo que tienen que hacer es irse a los tribunales de justicia, en vez de estar sentados negociando, cuanto menos es esperpéntico.

Por eso, me parece muy acertada la nueva postura de algunos sindicatos de no sentarse en las mesas de negociación, mientras no se negocie
primero la recuperación de los derechos arrebatados a los empleados públicos de la CARM. Es lo que CSI.F viene diciendo desde hace meses.

El Gobierno central se ha dado cuenta que quitarle el dinero a los empleados públicos y encima insultarles no es buena política de cara a las elecciones y parece que tiene intención de rectificar. El Gobierno regional después de leer su anteproyecto de Ley de Presupuestos para el año que viene, sigue con su política de insulto y recortes a los empleados públicos. Todavía están a tiempo de cambiar.

¿El CSIF teme que la Reforma de la Administración Local, que quiere llevar el gobierno a cabo, termine por poner de patitas en la calle a muchos trabajadores laborales de los ayuntamientos?

Esta Ley puede ser usada para privatizar los servicios públicos en los ayuntamientos de la Región y de paso echar a parte de su personal laboral. El presidente nacional de CSI.F, Miguel Borra, ya reclamó a representantes en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del PP y al Partido Popular, que asuma con responsabilidad las recomendaciones del Consejo de Estado y promueva un acuerdo institucional en torno a la Reforma de la Administración Local

Los empleados públicos también se verán afectados por el traspaso competencial que cuestiona el Consejo de Estado. Para CSI-F, una ley de semejante envergadura debe contar con el consenso institucional de administraciones, grupos políticos y desde luego los representantes de los trabajadores, para garantizar ante todo la prestación de los servicios que reciben los ciudadanos, así como la seguridad jurídica y la dignidad de los empleados públicos que ya han sido suficientemente castigados a lo largo de esta crisis.

El Gobierno debe tomarse en serio el informe del Consejo de Estado porque, de lo contrario, el proyecto de ley podría tener una contestación muy importante institucional y por parte de los trabajadores.

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