CSIF pide sentido común y coordinación en la crisis del coronavirus en la Administración de Justicia
Para CSIF es inaceptable que para un mismo espacio de trabajo se hayan dictado tres resoluciones, decretos o instrucciones distintas sin conexión alguna entre ellas.
12 de Marzo de 2020

La salud laboral y la salud pública son valores mucho más importantes que la guerra competencial en la que siempre están metidos algunas instituciones de la Justicia. Los escenarios que debemos afrontar son los que marca la autoridad sanitaria para todos los ciudadanos. No es lo mismo que se adopten medidas de prevención a que se adopten medidas de cierre de colegios o a que se adopten medidas de cuarentena obligatoria como ocurre en estos días en Italia. Algunas medidas, además, van ligadas a la adopción de normas procesales excepcionales (por ejemplo, en materia de suspensión de plazos)

En estos momentos existen dos escenarios superpuestos:

  • Aquéllas zonas donde se solicita a la población que extreme las medidas higiénicas tanto personales como colectivas y limite la interacción con otros ciudadanos.

  • Aquéllas zonas de alta incidencia del virus donde, además de las medidas anteriores, se han tomado otras como el cierre de centros educativos y de centros de día y se solicita que, en la medida de lo posible, los ciudadanos se queden en sus casas y sólo salgan para lo imprescindible.

Ante estos dos escenarios y, desde el punto de vista de la prevención de riesgos, las administraciones competentes en materia de Justicia deben adoptar decisiones para TODO el colectivo con independencia del cuerpo al que pertenezcan.

En ambos, debería acordarse el incremento de la frecuencia de limpieza de los centros de trabajo y la dotación a todos ellos de jabón, toallas de papel e hidrogeles antisépticos. En ambos casos debería actualizarse la información sobre el avance del virus y distribuir esa información junto con las medidas preventivas que se estimen convenientes.

En la primera situación, en relación con la atención al público deberían acordarse medidas de autoprotección con medios de separación como por ejemplo la doble mesa o mamparas. También el establecimiento de turnos de atención al público para evitar sobre exposición. También habría que tener en cuenta las diligencias de calle.

En la segunda situación, está claro que hay que analizar el impacto en las plantillas de la concesión de los permisos para la atención de los hijos menores y mayores dependientes ante el cierre de colegios y centros de día. Está claro que no se puede atender la misma carga de trabajo con menos personal por lo que se impone una reducción de la actividad judicial a lo más urgente.

Quizá se podría estudiar la reducción de esa actividad judicial también en el primer escenario ya que estamos hablando de medidas preventivas y, entre ellas evitar las aglomeraciones de gente en espacios reducidos. Parece lógico pensar que cuanto menos sea interacción entre las personas, menos oportunidades damos al COVID -19 para que se propague.

Hablar de teletrabajo en la Administración de Justicia como hacen alguna de esas resoluciones es, lamentablemente, una quimera. No todos los cuerpos pueden teletrabajar y que, determinados cuerpos, puedan hacerlo y otros no, impide establecer esta medida de forma efectiva. Primero, porque no se puede condenar a un grupo de trabajadores a asumir mayor riesgo de contagio y, segundo, porque teletrabajar no sólo es tener un ordenador y una conexión de red sino que la red soporte el tráfico que se va a generar.

Pueden darse más escenarios, en Italia se ha cerrado el país y está claro que si la gente no puede salir de sus casas tampoco pueden mantenerse los juzgados abiertos y será cuando se tengan que revisar protocolos y dar nuevas instrucciones, a TODO el personal de forma coherente, integral y actualizada.