La revisión de causas penales pone de relieve la falta de medios y la descoordinación existente en la Administración de Justicia
Para CSIF es lamentable el espectáculo que se está dando con acusaciones cruzadas entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado utilizando a las oficinas judicialess, Letrados y Fiscales comoo arma arrojadiza
02 de Junio de 2016

Como ocurre con el proyecto de Justicia digital, la ausencia absoluta de consenso y el exceso de imposición que se confunde con liderazgo, unido a la falta de previsión de medios materiales y personales, lastra cualquier intento de modernizar la justicia en nuestro país.

Con independencia de la opinión que se tenga sobre la reforma de los plazos máximos de instrucción, para CSIF es lamentable el bucle de acusaciones cruzadas en el que se están perdiendo el Ministerio de Justicia, en particular la Secretaría General de la Administración de Justicia, y la Fiscalía General del Estado durante estos días cuando son quienes deberían haberse puesto a trabajar conjuntamente desde el principio para implementar los medios organizativos, personales y materiales necesarios para que se pudiera cumplir la ley, sin perturbar el normal funcionamiento de los órganos judiciales y fiscalías.

Para CSIF es imposible exigir ahora coordinación cuando ni siquiera los programas informáticos de los Juzgados y de las Fiscalías están conectados. Además, un plan de revisión de causas como éste no se puede dejar en manos de interpretaciones particulares sobre la competencia de unos y de otros, sino que debiera haberse previsto una normativa de desarrollo de las previsiones legales contenidas en el artículo 324 de la LECRIM. Además, las prisas de última hora y el propio conflicto planteado denota una falta absoluta de control sobre el proceso de revisión de causas y pone en entredicho los mensajes optimistas lanzados por el Ministerio de Justicia durante estos meses en relación con la “buena” marcha de la revisión de causas y el cumplimiento de los plazos.

Hace varios meses CSIF se dirigió a las administraciones y órganos competentes para pedir planes de actuación concretos y con criterios definidos aprovechando el potencial de las oficinas judiciales para abordar con garantías, esta revisión exigida por la ley a iniciativa del propio Gobierno.

Por esta razón, para CSIF es lamentable e inaceptable que Ministerio de Justicia y Fiscalía usen a los Fiscales y, muy especialmente, a los Letrados de la Administración de Justicia como chivos expiatorios para escurrir el bulto de su propia inoperancia.