CSI-F y el resto de sindicatos del sector público solicitan a la Defensora del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de recortes
10 de Octubre de 2012

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) y el resto de sindicatos presentes en la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos se ha reunido esta tarde con la Defensora del Pueblo para solicitarla que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el RDL 20/2012 de 13 de julio de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Los sindicatos del sector público recurren el decreto de recortes, que incluye entre otros aspectos la retracción de la Paga Extra de Navidad, la supresión de días libres o la reducción de retribuciones por incapacidad temporal al entender que vulnera, por la vía del Real Decreto, el derecho a la negociación colectiva que contempla la Constitución (Artículo 86 de la CE).

En la misma línea, consideran que el decreto vacía el contenido del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, seleccionando un colectivo concreto de trabajadores para privarles de medios constitucionales de fijación de condiciones de trabajo, eliminando derechos pactados colectivamente (artículo 28 de la CE).

Igualmente, los sindicatos creen que el decreto vulnera el derecho a ser indemnizado, en caso de expropiación de derechos, tal y como establece el artículo 33.3 de la Constitución Española, además de incumplirse los requisitos para dictar decretos leyes (artículo 86 CE). El decreto también vulnera el artículo 9.3 de la CE, que garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, la publicidad de las normas o la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Por último, los sindicatos apelan al artículo 35 de la Constitución sobre la dignidad de la persona, en conexión con el derecho a una remuneración suficiente para atender las necesidades del trabajador y su familia, en cuanto el decreto afecta a una retribución básica como son las pagas extraordinarias.

“Si se está quitando lo básico, está claro que la remuneración no es suficiente, no es digna y el trabajador no puede atender a sus necesidades y a las de su familia. Esto unido a la subida de IVA, IRPF, inflación, recortes en descansos y vacaciones, prolongaciones de jornada, disminución de derechos sociales, etcétera, nos lleva a decir que este precepto constitucional ha sido claramente conculcado”, argumentan.

CSI·F, sindicato mayoritario en las AA.PP., recuerda que el Tribunal Constitucional Portugués declaró ilegal la supresión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas al considerarlo discriminatorio, respecto al resto de los ciudadanos.

“Los empleados públicos nos sentimos maltratados y desprotegidos. Ayer lo reflejó muy bien la encuesta del CIS: los ciudadanos queremos unos políticos y unos gobernantes cercanos a nuestros problemas, con los pies en el suelo y pegados a la realidad”, añade.

Por último, en relación a las previsiones del FMI conocidas ayer, CSI·F advierte de que las políticas de ajuste se están mostrando claramente ineficaces, porque nos impiden crecer y nos alejan del modelo social que hemos construido entre todos con tanto sacrificio.