CSIF ha criticado que la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en el municipio pone patas arriba, una vez más los destinos del personal de Justicia y crea una gran incertidumbre en el personal de Justicia. Los destinos vuelven a quedar difuminados en grandes unidades de tramitación y servicios comunes.

No se garantiza la existencia de áreas por jurisdicciones o especialidades que queda a la opinión de la Administración cuando elaboren las relaciones de puestos de trabajo. En cambio, para los jueces sí, que se establece la división por secciones/órdenes jurisdiccionales o especialidades.

No queda garantizada la percepción de las retribuciones actuales ni tampoco se dan garantías sobre posibles casos de movilidad geográfica y/o funcional forzosa ni se asegura que no vaya a haber amortizaciones de plantilla con la excusa de los acoplamientos.

Se crean puestos deslocalizados (el Ministerio no consigue explicar en qué consisten) y se establece la posibilidad de compatibilizar funciones de la OJM y de los servicios comunes o unidades del Tribunal de Instancia del partido, pero no se dice nada ni de cómo y para qué se permite esta compatibilidad ni si eso va a suponer un extra retributivo.

¿Qué cambios se incorporan en el anteproyecto?

Se eliminan los Juzgados unipersonales y Juzgados y Agrupaciones de Paz. Se mantienen los órganos judiciales colegiados: Audiencias provinciales, TSJ, AN y Tribunal Supremo.

Se crean 431 Tribunales de instancia, uno por partido judicial actual.

• Se eliminan los Servicios Comunes de Ordenación del Procedimiento. (SCOP)
• Se crea una Unidad de Tramitación (UTRAM) para todo el Tribunal de instancia que sustituye a las UPAD y a los SCOP y que podrán estructurarse en áreas y si fuera necesario en equipos.
• Se incrementan el número de servicios comunes incluyendo uno de medios adecuados de solución de controversias con funciones de asistencia a los servicios de mediación que la ley de eficiencia procesal entrega a abogados, procuradores y graduados sociales). Es decir, trabajar para el sector privado.

Se crean las oficinas de justicia en el municipio (OJM) herederas de los Juzgados de Paz y Agrupaciones que desaparecen junto con los jueces de paz.

• Estas oficinas se crean en cada municipio donde no haya Tribunal de Instancia como unidades administrativas con la función de prestar servicios a los ciudadanos de cada municipio.
• El Ministerio informa que se van a incrementar el número de oficinas de justicia en el municipio con personal de Justicia respecto de los Juzgados y Agrupaciones de Paz.
• Estas OJM quedan fuera de la estructura de la oficina judicial aun cuando su personal va realizar un trabajo procesal e incluso se pretende que compatibilicen su trabajo en esta oficina con el de los servicios comunes y unidades del Tribunal de Instancia de su partido.

Sobre los fondos europeos, el Ministerio explica de forma desordenada y verbal que los 410 millones que le tocan a Justicia del fondo de resiliencia y recuperación servirán para financiar entre otras cosas, los cuatro proyectos que están en marcha:

• Ley de eficiencia procesal 112 millones de euros.
• Ley de eficiencia organizativa 8.270.000 euros
• Ley de eficiencia digital 134 millones de euros
• Ley de Enjuiciamiento Criminal 8.900.000 euros

Para CSIF más allá de la información, existen muchas cuestiones implicadas en estos cambios que deben pasar por la MESA DE NEGOCIACIÓN. Si no lo hace voluntariamente, acudiremos a los tribunales.