El Defensor del Pueblo admite la denuncia de CSIF contra la imposición del nuevo modelo organizativo de la Justicia
-El Ministerio impone la ley de Eficiencia Organizativa sin negociar jornadas, horarios, centros de destino, ni retribuciones
-CSIF convoca movilizaciones enfrente del Ministerio de Justicia los próximos 30 de noviembre, y 2 y 16 de diciembre
22 de Noviembre de 2022

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones, contra el Ministerio de Justicia por vulnerar el derecho a la negociación colectiva al imponer la ley de Eficiencia Organizativa (LEO) -actualmente en tramitación parlamentaria-, y que implicará modificaciones en las condiciones laborales, sin negociar con los representantes de los trabajadores.

Por eso, como ya avisamos desde CSIF, nos vemos abocados al conflicto y convocamos una serie de concentraciones enfrente del Ministerio de Justicia que comenzará el próximo 30 de noviembre, y continuarán el 2 y el 16 de diciembre, en protesta por la imposición de un modelo de Justicia que empeora en todos los sentidos las condiciones de trabajo de las empleadas/os públicos.

La última reunión con el Ministerio, celebrada el pasado 18 de noviembre, tan solo sirvió para constatar su nula voluntad de negociar el futuro modelo de la organización de la Justicia y su impacto sobre las condiciones laborales de empleados/as de esta administración.

CSIF denunció en su queja al Defensor del Pueblo que Justicia vulnera al menos cuatro apartados del Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público (TREBEP) y que la LEO supone una amenaza directa a la negociación colectiva. El Ministerio pretende poner en marcha una ley (creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de justicia en los municipios) sin tener en cuenta la posición de los trabajadores.

La norma, que se aprobará en los próximos meses, contempla que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre Ministerio y Comunidades. A todo esto, hay que añadir la privatización que se está impulsando desde el ministerio con la introducción de la mediación obligatoria y las presiones para entregar la ejecución a los procuradores.

De hecho, tenemos constancia de que el Ministerio y las comunidades autónomas ya han elaborado en la Conferencia Sectorial los modelos de referencia de las oficinas (Unidad de Tramitación y servicios comunes) de los Tribunales de Instancia, de las Oficinas de Justicia en el Municipio y están, ahora negociando los modelos de relaciones de puestos de trabajo de esas oficinas y del Registro civil. De hecho, conforme a lo tratado en esa conferencia sectorial, ya se están produciendo recortes de derechos en algunas oficinas judiciales (Badajoz, Ciudad Real o Segovia), donde se están reduciendo la posibilidad de hacer guardia y recibir la retribución correspondiente.

Es inaceptable que los funcionarios/as de Justicia tengan que ser los paganos de los nuevos Tribunales de Instancia, con una reforma a coste cero, en una administración además que tiene un déficit estructural de más de 20.000 puestos de trabajo adicionales, unas aplicaciones informáticas que se caen todos los días y unas sedes judiciales en estado lamentable.