La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Mesa de Negociación de Prisiones, ha registrado una queja al Defensor del Pueblo solicitando su amparo ante el avance del covid-19 en las cárceles y el incremento de un 73% de los contagios durante esta segunda ola.

Desde CSIF, advertimos de que los medios de protección son insuficientes, lo que sitúa al personal de Instituciones Penitenciarias y a la población reclusa en una situación de clara indefensión.

En este sentido, denunciamos el peligro que supone para la salud de los trabajadores que se repartan mascarillas con un uso homologado de 4 horas para todo un día de trabajo, ya que un profesional penitenciario debe utilizarla para trabajar mañana/tarde (dos jornadas laborables), es decir, 15 horas, o incluso mañana/tarde/noche (tres jornadas laborales) en el espacio de 24 horas (un día de trabajo).

Con ello, se están incumpliendo las recomendaciones sanitarias de no utilizar la mascarilla durante más de 4 horas, ya que transcurrido ese periodo de tiempo no cumple con su misión preventiva y es posible el contagio.

Durante la primera ola del virus, se registraron 278 trabajadores/as contagiados y otros 85 internos/as (de marzo a agosto), mientras que en esta segunda ola las cifras se incrementan hasta 295 trabajadores/as positivos por covid-19 y 334 reclusos/as, según los datos recabados por CSIF hasta el 22 de octubre. Desde el inicio de la pandemia, han fallecido 5 trabajadores y 4 internos en los centros penitenciarios.

Por esta razón, hemos solicitado el amparo del Defensor del Pueblo y nos hemos dirigido también al Parlamento Europeo para denunciar los riesgos que afrontan las plantillas en las prisiones de España por el incumplimiento de la normativa de prevención.

Para reforzar la seguridad, desde el sindicato reclamamos que se proporcione al personal de Instituciones Penitenciarias al menos una mascarilla por turno de trabajo, que se suspendan temporalmente los permisos de salida y las comunicaciones vis a vis, que se impida temporalmente el acceso al interior de las prisiones de todo personal ajeno a Instituciones Penitenciarias y la suspensión de los traslados entre centros de los internos, entre otras reivindicaciones.