Las Administraciones Públicas se quedan fuera de la creación de empleo y la temporalidad se dispara al 21,5 por ciento
23 de Julio de 2015

CSIF exige al Gobierno una oferta de empleo público como mínimo del 100 por cien para el próximo año

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora de manera positiva, como no puede ser de otra manera, el descenso en el número de parados publicado hoy, porque se alivia la situación de dificultad de muchas familias.

No obstante, CSIF pide al Gobierno que modere su lectura triunfalista. No podemos estar satisfechos hasta que no se consolide con claridad una tendencia positiva y estructural en la creación de empleo de calidad y estable, acorde a las necesidades de nuestro país.

En lo que se refiere al sector público, CSIF da la voz de alarma porque en el último trimestre las administraciones públicas se quedan al margen de la creación de empleo generalizada y se frena (-400) el tímido crecimiento que se empezó a experimentar desde el cuarto trimestre de 2013.

Según la EPA, el número de ocupados se sitúa en 2.956.300 y las plantillas de la administración arrastran un déficit de347.300 puestos de trabajo perdidos desde finales de 2011, cuando empezó la sangría en nuestras administraciones públicas como consecuencia de los ajustes del Gobierno.

Además, a lo largo de los dos últimos años, la tasa de temporalidad en la administración se ha disparado hasta alcanzar el 21,5 por ciento, con 637.600 trabajadores temporales, mientras que hace dos años esta cifra se situaba en 564.500.

El Gobierno está realizando una reestructuración perversa de nuestro modelo de administraciones públicas, mediante la eliminación de puestos de trabajo del personal que se jubila (como ocurre en la Administración Central, con una plantilla muy envejecida, y único sector que destruye empleo) y la creación de plazas temporales y precarias.

La sociedad no se puede permitir prescindir en tiempos de crisis del personal que mantiene nuestros servicios, como la sanidad, servicios sociales, la educación, personal administrativo (sin ir más lejos en las oficinas de empleo) o en nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por tanto, si el Gobierno quiere que la negociación colectiva que se acaba de poner en marcha llegue a buen puerto, debe impulsar un plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario y de manera estable, con una oferta pública que cubra como mínimo el 100 por cien de las plazas que se jubilan.

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