El 95,9 por ciento de los funcionarios temen que las mutuas desaparezcan por los recortes
17 de Noviembre de 2014

Primera encuesta de calidad de las mutuas de funcionarios

. Una encuesta sobre 26.379 usuarios de las mutuas de funcionarios revela el deterioro de las prestaciones y la calidad de la sanidad

La inmensa mayoría de los funcionarios (99,5 por ciento) considera que las mutuas que les ofrecen cobertura sanitaria y prestaciones sociales desde 1975 van a desaparecer como consecuencia de la situación económica y los recortes planificados por los dos últimos gobiernos, desde el comienzo de la crisis.

Este es el principal resultado que se desprende de una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, sobre 26.379 usuarios de las mutualidades MUFACE (funcionarios civiles del Estado), MUGEJU (funcionarios de Justicia) e ISFAS (Defensa). Se trata de la primera encuesta de este tipo realizada en la historia de estas mutualidades.

El 67,7 por ciento de los encuestados considera que esta situación se deriva de una falta de compromiso del Gobierno y una dejación de responsabilidades hacia sus funcionarios públicos y el 89 por ciento considera que el Ejecutivo tiene la obligación de dotar de financiación suficiente para evitar los recortes que están lastrando el funcionamiento de las mutuas

Y es que el 87,5 por ciento considera que en los últimos años se ha producido un deterioro notorio en las prestaciones y señalan entre las consecuencias los diversos recortes llevados a cabo en becas, ortodoncia, gafas, subsidios, reducción de medicamentos subvencionados, la reducción de compañías aseguradoras o la reducción de pruebas médicas.

Entre las quejas señaladas de manera espontánea por los encuestados destacan: la reducción de la paga de jubilación, ayudas ortopédicas, logopedia, ausencia de algunas especialidades (hepatólogos), descontento de los médicos por las retribuciones, desigualdad de asistencia entre capitales de provincia y otras zonas periféricas o rurales, , pérdida de médicos especialistas, reducción de sesiones de fisioterapia o el incremento de los tiempos de espera en algunas pruebas médicas.

También se producen quejas de no asistencia a mujeres embarazadas que tienen la cobertura de la Seguridad Social, la reducción de cuadros médicos por las compañías, o el hecho de que cada vez haya menos centros hospitalarios donde acudir.

Asimismo, señalan el cierre de clínicas, la centralización de servicios en las capitales, imposibilidad de elección de médico dentro del cuadro, peor atención, pruebas que no se realizan por su coste en determinados hospitales, problemas de mantenimiento, reducción de personal sanitario o cobro de medicamentos que en la seguridad social no cobran.

Sobre este punto, es preciso recortar que los jubilados deben seguir pagando el 30 por ciento de las medicinas, al contrario de lo que ocurre en el régimen general de la seguridad social.

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