Con estos acuerdos se abre la puerta a la mayor oferta de empleo público en más de 20 años y se va a desarrollar entre los años 2017, 2018 y 2019. Este acuerdo se fundamenta en el carácter excepcional de la alta temporalidad en la Administración de Justicia y supone asumir el compromiso, por primera vez, de reducir la tasa de temporalidad entre el 6 y el 8% y mantenerla en ese límite. Asimismo, este acuerdo tiene en cuenta la reciente jurisprudencia del TJUE en materia de contratación temporal en el sector público; sin olvidar los principios constitucionales y legales de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional y del Supremo. Aun cuando no recoge el 100% de las peticiones de CSIF la valoración es positiva y, por ese motivo, hemos firmado el acuerdo.

Tanto en el turno libre como la promoción interna el sistema de acceso será el concurso-oposición respetando los criterios generales de la Mesa General de Función Pública y la doctrina del Constitucional respecto al peso que deben tener la fase de concurso.

En relación con la promoción interna del personal de carrera este acuerdo:

• Se convocará una oferta adicional y extraordinaria de Promoción Interna cuyo número de plazas será el 60% de las ofertadas al turno libre en la OEP de 2019.
• Se establece un solo ejercicio tipo test por proceso selectivo, fijando el corte en el 50% de la nota máxima posible. A pesar de la insistente petición de CSIF para que P.I a LAJ también contase con un solo ejercicio y que se eliminase el examen oral por falta de transparencia, objetividad y contrario a la última jurisprudencia del TS, el Ministerio mantiene dicho ejercicio.
• En la fase de concurso, a petición de CSIF, se valorará todo tipo de titulaciones oficiales, la formación homologada, la experiencia profesional y la superación de ejercicios en las dos últimas convocatorias.
• El acuerdo no recoge la petición que CSIF ha realizado en Mesa, para que, con carácter excepcional, se permitiera a quienes en el año 2003 eran funcionarios de carrera y no se encuentren en posesión de la titulación requerida para promocionar ya que consideramos que se atenta contra la promoción profesional de los compañeros afectados.

En relación con el turno libre:

• La nota de corte del primer ejercicio (tipo test) se fija en el 60% de la nota máxima posible y con una ratio máxima de 10 aspirantes por plaza. CSIF mostró su rechazo a la propuesta del Ministerio de fijar la ratio ya que la misma desvirtuaba la nota de corte. El Ministerio justifica su inclusión en el acuerdo al amparo de los datos de los últimos procesos, donde tomando esta ratio la nota de corte estaría en un 60% de la nota máxima posible.
• Para el resto de los ejercicios se establece el corte en el 60% de la nota máxima posible, si estar sujeta a ratio.
• En esta fase de concurso, a petición de CSIF, se tendrán en cuenta como méritos evaluables de todo tipo de titulaciones oficiales, experiencia profesional, formación homologada y superación de ejercicios de las últimas dos últimas convocatorias.

Además, el acuerdo contempla el compromiso del Ministerio de convocar la Mesa de negociación el próximo 15 de enero de 2019. En este sentido, en el turno de ruegos y preguntas, CSIF ha vuelto a reivindicar al Ministerio la negociación de las retribuciones de su ámbito, la modificación del Art. 74 del Reglamento (sustituciones) garantizando el 100% de las retribuciones del Cuerpos que se sustituya, el complemento de violencia sobre la mujer, la revisión y mejora del régimen de guardias, la carrera profesional así como su desarrollo y revisión de la LOPJ y normativa complementaria.

Tras la firma del acuerdo el Ministerio de Justicia adaptará las bases comunes y las bases de los procesos selectivos de Promoción Interna y remitirá los mismos para alegaciones. Sin perjuicio de las alegaciones que traslademos al Ministerio, CSIF ha exigido en la Mesa que se incremente el tiempo de duración de cada prueba (90 minutos); que la penalización por preguntas no acertadas sea del 0,25 y que existan, al menos, un Tribunal por cada ámbito territorial.