INJUSTICIA PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUSTICIA NAVARRA
El pasado 20 de junio Diario de Navarra publicó un articulo de opinión de CSIF sobre la historia reciente en forma de calamidades a las que vienen siendo sometidos los empleados públicos de Justicia. Reproducimos el mismo.
23 de Junio de 2016

INJUSTICIA PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUSTICIA NAVARRA

El siempre envidiado, maltrecho e injustamente maltratado sector de trabajadores públicos, también tiene su oveja negra. En Navarra, el sector de la Justicia ocupa a más de 500 trabajadores agrupados principalmente en tres cuerpos y con una temporalidad cercana a un tercio de la plantilla. Una buena parte de ellos tienen sueldos de orden mileurista, pese a haber superado oposiciones, tanto para ser funcionarios, como para estar en listas y poder ser contratados. Son empleados que sirven a intereses comunes del Estado (la justicia no debería tener fronteras) pero que son administrados por la Comunidad Foral, que es quien les paga, esta quizás sea la razón del martirio al que se ven sometidos.

Es necesario conocer las circunstancias del colectivo para entender porqué se concentran ante el Palacio de Justicia y la forma injusta y vejatoria en la que han sido tratados por los gobiernos de todo el arcoiris.

En 2010, como al resto de funcionarios se les bajó el sueldo el 5% impuesto por el Gobierno socialista de Zapatero, comenzando un particular vía crucis. En 2011, con UPN en el Gobierno de Navarra, quiso hacer suyos a estos empleados públicos y les prometió un sueldo igual a sus equivalentes forales a costa de integrarlos en sus filas. En 2012 también se les quitó la extra y aquí empezó el trato desigual, realizando el Gobierno Foral interpretación solemne de la normativa, indicando que las condiciones de la extra para ellos se regían por el Estado. De esta forma sentenciaba por una parte que ya la cobrarían cuando la pagase Madrid y por otra que “Gobierno de Navarra no adelanta pagas a funcionarios venidos del Estado”, rememorando quizás la bíblica frase de las 30 monedas. Pasaron entonces de ser bienvenidos a ser bien-marginados.

En 2014 una sentencia dejó patente que el Gobierno de Navarra se había extralimitado en sus competencias al cambiarles unilateralmente las condiciones laborales cuando los integró en 2011, lo que supuso nuevamente el cambio de su estatus, pasando de molestos a indeseados y la prometida equiparación de sueldos con los funcionarios forales se desvaneció en el aire. Mientras tanto no hay que perder de vista que a pesar de que la tan considerada y tan boyante Comunidad Foral tiene un poder adquisitivo y unas referencias de PIB siempre a la cabeza del resto de territorios pobres y desfavorecidos del resto del país, los funcionarios de justicia tienen los sueldos del vagón de cola cuando se comparan con sus colegas del resto del territorio nacional, es decir se comparen con quien se comparen, en Navarra o fuera de ella, el panorama es desolador.

En 2015 llegó el supuesto gobierno del cambio y con él la esperanza de resarcimiento para el colectivo, pero lejos de ello, como se suele decir, toda situación es susceptible de empeorar. El gobierno de Geroa Bai, en esta ocasión por obra y gracia del cuatripartito volvió a hacer interpretación solemne de la normativa para negar, tres veces si fuera preciso, la devolución de la extra, que ahora no devuelve Navarra pero sí el Estado, incluso a los jueces y fiscales de esta Comunidad. Eso sí, con conocimiento de causa, porque tanto Hacienda como el Gobierno están bien informados por la Consejera, puesta al día por los sindicatos de las calamidades sufridas. También está en el aire, en forma de promesa incumplida y tan deseado como difuso o inalcanzable el posible incremento retributivo, que según los números del Gobierno Foral, ahora se pretende cifrar en menos de una quinta parte de la masa salarial presupuestada que se esfumó en 2014 y que a duras penas llegaría para alcanzar la media nacional a sabiendas de lo mencionado sobre el PIB.

No existe justificación alguna para este trato tan discriminatorio como inmerecido, porque se puede decir más alto pero no más claro: en inferioridad de asignación presupuestaria, de personal y de sueldo, están a la cabeza del ranking de trabajo resuelto para beneficio de los navarros y orgullo de sus gobernantes. Es tiempo de reconocerlo y de una vez por todas hacer JUSTICIA (en mayúsculas) con los empleados de la misma, y eso no es llegar con limosnas y tapar los agujeros de los bolsillos, los empleados públicos de Justicia tienen que ocupar por derecho propio el lugar que les corresponde.