CSIF reclama al ministro Iceta una solución inmediata al problema de «los interinos en fraude de ley»
CSIF reclama que se identifiquen las situaciones en fraude de ley y establecer medidas sancionadoras para las administraciones que abusen de la temporalidad. Hay que restaurar el daño o el perjuicio que se ha ocasionado al personal interino.
17 de Mayo de 2021

La organización sindical CSIF reclama a Iceta una solución inmediata al problema de los interinos en fraude de ley

Francisco Lama, secretario de Acción Sindical, es partidario de sanciones a los gestores de las administraciones que abusen de la temporalidad para evitar que estás situaciones se repitan en los próximos años

“Nosotros se lo hemos dicho al ministro Iceta desde la primera reunión que tuvimos con él y también públicamente. Queremos que se trasponga al marco legislativo la Directiva 1999/70 para evitar las situaciones de abuso y en fraude de ley”, afirma Francisco Lama, secretario general de acción sindical de CSIF

Desde este sindicato, el más representativo en las administraciones públicas también se reclama “que se identifiquen las situaciones en fraude de ley y establecer medidas sancionadoras para los órganos gestores de las administraciones que abusen de la temporalidad”.

En este escenario, CSIF cree que seria bueno instaurar inspecciones al menos con carácter anual para detectar estos fraudes. “Por otro lado hay que restaurar el daño o el perjuicio que estos empleados públicos interinos se les ha ocasionado. Ahí habría que aplicar las directivas europeas”.

Desde CSIF se urge al ministro Iceta a que encuentre una solución urgente a este problema “los grandes perjudicados de esta negligencia que ha cometido la administracion son estos empleados públicos en fraude de ley”.

“La Administración ha generado la situación y es quien la debe solventar y resarcir el daño. Esta es la tesis que vamos a defender en cualquier reunión con el Ministerio”.

Francisco Lama ocupa el cargo secretario general de acción sindical de CSIF desde septiembre del 2019, tras el IX Congreso Nacional de aquel año celebrado por este sindicato el más representativo en las administraciones públicas en Valladolid. Su anterior etapa fue de ocho años como presidente de CSIF Justicia.

Nadie mejor que este experto para conocer qué reformas necesita nuestra administración pública en un contexto de recuperación económica tras los efectos contundentes de la pandemia del Covid19 que en estos quince meses está condicionando la actividad de nuestro país

En cuanto a la reforma que plantea Miguel Iceta, ministro de Función Pública y Administración Territorial, en la que el titular de esta cartera se va a acompañar de un grupo de expertos para trabajar en diferentes direcciones, Lama señala que “la pandemia ha resaltado la carencia que existen en la mayoría de los servicios públicos”.

“Hay que recordar que afrontamos la crisis sanitaria con un déficit en las plantillas de sanitarios y otras profesiones importantes. Muchos han estado en primera línea y gracias a su esfuerzo han dado esa prestación a la ciudadanía. Un estudio a modo de plan de choque de Recursos Humanos ponía el foco en las necesidades reales del conjunto de nuestras administraciones”.

Este experto señala que “en los últimos diez años, en el conjunto de las administraciones públicas se han destruido más de 100.000 puestos de trabajo pese a que la población española creció en más de un millón de habitantes. Esto ha afectado a los servicios necesarios que se han empleado para luchar contra esta crisis del Covid-19”.

A este respecto nos señala que “el SEPE que ha estado colapsado desde el minuto cero pese a su ampliación de personal. Eso repercute en que las prestaciones de los ERTES se han ralentizado mucho. Dentro de la Administracion General del Estado se han destruido 43.477 puestos de trabajo”.

También nos aclara que “este año cuando negociaciones la oferta de empleo publico dentro de la Administracion General del Estado, nosotros no firmamos ese acuerdo, entendimos que hay que acometer un Plan estratégico que permita la recuperación de esos efectivos. Ese plan estratégico debe hacerse a tres años para que la administración pueda asumir”.

DESTRUCCIÓN DE 43.477 PUESTOS DE TRABAJO

A nivel de Administración de Justicia, que conoce bien, “tenemos una carencia de jueces y resto de personal notable, en relación con otros países de la UE. Si tenemos en cuenta la previsión que hace el Ministerio de Justicia de incrementos de asuntos cuando acabe el Covid19, harían falta 19,300 públicos empleados más dentro de la administración de justicia”.

Respecto al personal sanitario “han estado expuestos desde el principio a esta pandemia y la administracion ha sido incapaz de darle las protecciones adecuadas para que no se contagiasen, pese a lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

También recuerda que “tenemos una inversión inferior a la media europea. Hay una ratio de camas por cada mil personas de 3, mientras que a nivel europeo la media es de 5 y en Alemania tiene 8,1. En cuanto a profesionales de enfermería la ratio es de 3,8 frente a la media europea de 8,3 y Alemania 12,7”, advierte.

Si a esta carencia de medios públicos le sumamos el deterioro económico que han sufrido los empleados públicos en estos diez últimos años que se traduce en que llevan una perdida retributiva acumulada que supone” que un empleado publico del Grupo A1, un médico por ejemplo ha trabajado 18 meses gratis en ese periodo de tiempo. Del Grupo A2, técnicos superiores, habrían trabajado 15 meses gratis y otro C1, Bachiller o técnico habría trabajado 13 meses gratis”, aclara Lama.

Para Lama hay que darse cuenta que los recortes se remontan al 2010 “donde un recorte económico en las retribuciones al realizarse un cambio en la estructura salarial que generó una reducción porcentual en las retribuciones que se vienen arrastrando desde esa fecha. Nosotros seguimos reclamando que hay que actualizar esta partida salarial”.

A juicio del secretario de acción sindical del CSIF todo es cuestión de voluntad política, “creo que el Gobierno debe poner en valor la ejemplaridad y dedicación y el trabajo de os empleados públicos. En una situación adversa como la que hemos vivido han respondido de forma notable”.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

Respecto a la reforma de la Administración que quiere poner en marcha el ministro Iceta “le hemos trasladado al ministro nuestra decepción de no poder participar en ese Comité de Sabios, creemos que las organizaciones sindicales debemos participar de ese debate. Tenemos su palabra de que no hurtará la negociación colectiva pese a que se ha creado dicho Comité de Expertos”.

Lama recuerda que con la excusa de la cogobernanza “la negociación colectiva se ha debilitado. Se han cerrado diferentes asuntos que afectan a los trabajadores con las Comunidades Autónomas y luego va a la mesa de negociación donde hay escaso margen para mejorar los documentos”.

Desde CSIF se tiene claro que “nosotros siempre defenderemos que la negociación colectiva debe hacerse en el marco legal establecido por nuestro ordenamiento jurídico y por los interlocutores que cada cuatro años son elegidos por los propios trabajadores de la administracion pública “.

En este escenario, uno de los temas más controvertidos es la situación de los más de 800.000 empleados interinos en fraude de ley.

La intervención de Iceta en el Senado dejó abiertas muchas dudas.

El ministro se compromete a presentar un plan de choque este mes de junio, aunque no se sabe qué hará con estos profesionales que ahora se manifiestan el próximo día 22 de mayo en Madrid.

“Este es un tema que nos preocupa y al que hay que dar una solución de manera inmediata. El conjunto de empleados públicos, independientemente de su relación contractual con la Administración han demostrado su buen hacer en plena pandemia. Hay que atender sus demandas”.

Este experto reconoce que hay una bolsa de temporalidad muy elevado en las administraciones publicas “esto ha ocurrido porque las administraciones les ha resultado más practico contratar de las bolsas de temporales que sacar ofertas de empleo público o desarrollar procesos selectivos”.

Lama recuerda que CSIF en los años 2017 y 2018 firmo con el Ministerio de Función Publica dos acuerdos para estabilizar al personal temporal “esos acuerdos se han ejecutado de manera dispar, en función del ámbito y comunidad autónoma. Ahora el ministro plantea una serie de cuestiones en un contexto en el que tenemos carencias importantes en el ámbito legislativo”.

“Estos acuerdos eran la puerta que abría a la solución, además se planteaba una reducción importante de las tasas de temporalidad, pero las administraciones lo incumplieron, con lo cual parece que no había una voluntad política clara de resolver el problema”.

Sobre esas carencias, nuestro interlocutor señala que “ese marco legislativo hay que complementarlo porque hay la Directiva 1999/70 vincula todos los países miembros y que debería estar ya traspuesta desde el 2001. Esa carencia de regulación impide que se establezcan medidas disuasorias y sancionadoras a las administraciones ha permitido que se engloben las bolsas de temporalidad”.

SANCIONES A GESTORES PÚBLICOS

De esta forma “aquel gestor de recursos humanos que incumpla y abuse de la temporalidad debería tener una responsabilidad por supuesto disciplinaria y porque no penal, como señala el Titulo 1 del Capítulo 9 del Código Penal y una responsabilidad patrimonial, en este caso civil. Es la mejor manera de que no se repita el problema en los últimos años”.

En su opinión “la contratación temporal es necesaria, pero únicamente en los casos establecidos por ley. Pero no se puede abusar de esa contratación y no sacar las ofertas de empleo público. Ahora se plantea una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, sin voluntad política por las partes implicadas no se podrá realizar”.

Francisco Lama es consciente que la situación se está complicando de forma notable, entre los paros que organizan colectivos de interinos en muchas Comunidades Autónomas y alguna querella judicial interpuesta “no debería abandonarse la negociación en este problema. Nosotros defenderemos una solución real y efectiva para el conjunto de los empleados públicos en fraude de ley”.

Desde CSIF se insiste en que “la responsabilidad de que se arregle la situación a estos 800.000 interinos en fraude de ley está en manos de la administración. Como ya dije anteriormente ellos han generado el problema y por lo tanto deben buscar la solución. Vamos a ser muy exigentes en la negociación y propondremos medidas que den una solución efectiva a esta problemática”.

Noticia publicada por el CONFILEGAL VER