CSIF ha presentado un escrito dirigido al Ministro de Sanidad, donde plantea sus dudas al documento publicado sobre el Plan de Respuesta Temprana para el control del COVID-19.
El Ministerio de Sanidad debe dar una respuesta eficaz y coordinada con las Comunidades Autónomas, ante incrementos de la transmisión de la Pandemia.
23 de Julio de 2020

El Ministerio de Sanidad publicó el 13 de Julio, un Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19. Este plan, contempla la organización de una respuesta eficaz y coordinada entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas ante incrementos de la transmisión en un escenario de control de la pandemia del COVID-19

Establece dentro de sus objetivos generales, reducir el impacto de la pandemia mediante intervenciones oportunas y eficaces y reparar las capacidades frente a un incremento de la transmisión que pueda derivar en una segunda oleada.

Dentro de sus objetivos específicos, diseña bases de preparación y respuesta para el control de la enfermedad, establece un marco de evaluación de riesgo y recomendaciones de intervenciones en Salud Pública.

Los apartados incluidos dentro del plan contemplan:

  • Clarificación del marco competencial y de gobernanza para hacer frente a un posible incremento de casos donde es necesaria la coordinación y toma de decisiones conjuntas según los distintos escenarios que puedan plantearse.
  • Configuración de una reserva estratégica de equipos de protección y medicamentos.
  • Refuerzo de la vacunación frente a la gripe.
  • Planes de contingencia para reforzar las capacidades a nivel asistencial y de salud pública por parte de las Comunidades Autónomas.
  • Definición de los indicadores epidemiológicos y asistenciales para elevar el nivel de riesgo en un territorio.
  • Proponer, cuando sea necesario, medidas adicionales en coordinación con las Comunidades Autónomas.

Las medidas que deban adoptarse de acuerdo a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 14 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública serán competencia de las Comunidades Autónomas, con la coordinación de la Administración General del Estado - Ministerio de Sanidad si fuese necesario, pudiendo declarar el Gobierno, mediante Real Decreto, el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca, entre otras situaciones, crisis sanitarias, tales como la pandemia por COVID-19.

Desde CSIF, tras la realización de una valoración del documento, hemos planteado al Ministro de Sanidad, Don Salvador Illa, una serie de cuestiones en referencia a los puntos expuestos en el plan y relativas a su ámbito competencial, y a su función de coordinación general con las Comunidades Autónomas:

  • ¿Se encuentran planificadas las posibles fórmulas de cogobernanza que se pactarán con las Comunidades Autónomas, en función de los distintos escenarios que puedan plantearse, en el caso de existir una presión creciente sobre el sistema y superarse las capacidades de respuesta asistencial y en Salud Pública?, y en caso afirmativo, ¿cuáles serán las posibles estrategias de cogobernanza que se llevarán a cabo?
  • ¿Cómo se prevé garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública dedicados a la respuesta de COVID-19 que asegure la aplicación de los protocolos de detección de casos e identificación y seguimiento de contactos?
  • ¿Se van promover desde el Ministerio que se dimensionen adecuadamente las plantillas por parte de las Comunidades Autónomas para asegurar la capacidad de detectar precozmente los casos en todos los niveles asistenciales, especialmente en Atención Primaria
  • Ya que se debe prever la necesidad diagnóstica en el marco de la vigilancia de enfermedades respiratorias víricas ante la posible coexistencia del virus de la gripe y del SARS-CoV-2, además de la inversión en nuevas técnicas diagnósticas, ¿se va a promover la contratación de personal de laboratorio por parte de las Comunidades Autónomas para asegurar su capacidad ante el posible aumento de la demanda diagnóstica?
  • ¿De qué forma se va a garantizar la capacidad suficiente de recursos humanos tanto en atención primaria como en hospitalaria que permita:
    • Dar respuesta a la actividad extra, asociada a un incremento de transmisión del SARS-CoV-2.
    • ¿cumplir el plan de atención COVID-19 en domicilio liderado desde la Atención Primaria y la atención específica y segura a pacientes vulnerables?
  • ¿Cómo se va a realizar la coordinación junto a las Comunidades Autónomas para que dispongan o tengan acceso a una capacidad suficiente de camas de agudos y de cuidados críticos con capacidad de respiración mecánica invasiva?
  • ¿Se van a establecer directrices a las Comunidades Autónomas para que establezcan el acceso a marcadores de evolución y/o exploraciones complementarias para el manejo y seguimiento en Atención Primaria de los casos leves y leves-moderados?
  • ¿Cómo se va realizar la coordinación con las Comunidades Autónomas para facilitar el regreso al funcionamiento habitual en el ámbito asistencial?
  • Ante una eventual emergencia epidemiológica que justificara el uso de vacunas en estudio no autorizadas por el momento, tras realizárseles una evaluación riesgo-beneficio, ¿qué previsión existe actualmente en referencia al número de dosis que se encontrarían disponibles para su uso?
  • La compra de vacunas que realizará la Comisión Europea, a la que se ha sumado nuestro país a través de la llamada Alianza Inclusiva por la Vacuna del COVID-19, pretende facilitar el desarrollo y acceso a las dosis necesarias de vacunas seguras y eficaces en el menor tiempo posible, ¿de qué forma va a garantizar la AEMPS el acceso equitativo a las dosis disponibles?
  • La reserva estratégica nacional para la provisión y reposición de productos sanitarios y críticos, a los que el mercado nacional no puede dar respuesta, dará cobertura al 25% del consumo medio total declarado por las Comunidades Autónomas y tiene un periodo de cobertura de ocho semanas, por lo que se cuestiona si ¿existe una previsión de cómo se gestionaría dicha reserva que si la necesidad de estos productos se extiende más allá de dos meses?
  • ¿Cómo se va a garantizar la disponibilidad suficiente de recursos humanos, tecnológicos y organizativos, para responder a las obligaciones de remisión de información manteniendo las actividades priorizadas en Salud Pública y la detección, investigación y control de los brotes epidémicos?

Desde CSIF, creemos que todas las cuestiones planteadas, son suficientemente importantes para que el Ministerio nos ofrezca una pronta respuesta y explique ampliamente todas las dudas señaladas.