Centenares de funcionarios/as de justicia de toda España se manifiestan en Madrid contra el bloqueo de Hacienda a la subida salarial
- El acuerdo, que afecta a 15.000 personas, contemplaba una subida de entre 80 y 195 euros para homologar salarios con las CC.AA
20 de Noviembre de 2021

Centenares de funcionarios/as de justicia de toda España se manifestan en Madrid contra el bloqueo de Hacienda al acuerdo logrado en materia de retribuciones y condiciones laborales para el personal dependiente del Ministerio de este ámbito.

El acuerdo -alcanzado con el Ministerio de Justicia- contemplaba una subida del complemento específico para el personal dependiente de este Departamento (Servicios Centrales, Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla) para homologar sus retribuciones con las del personal dependiente del resto de comunidades autónomas con transferencia.

CSIF, junto al resto de sindicatos de la Justicia, inició sus movilizaciones el pasado lunes con una concentración de delegados sindicales. Criticamos que el Ministerio de Hacienda conocía la existencia de la negociación con Justicia, ya que se ha desarrollado al amparo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Durante la negociación, el Ministerio de Hacienda ha marcado los límites presupuestarios de la misma y era informado por el Ministerio de Justicia puntualmente tal y como nos trasladaron los representantes de la Administración en la negociación.

Sin embargo, con este incumplimiento, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el Gobierno de España quiebran el principio de buena fe en la negociación establecido en la ley y ponen en peligro el éxito de las reformas pendientes en la Administración de Justicia.

CSIF, y el resto de sindicatos con representación en la mesa de negociación, denunciamos la irresponsabilidad de Pilar Llop, que anda desaparecida de los asuntos de este Departamento y de los problemas de la Justicia, y ocupada de su imagen de “gira estelar” por España, ajena a este conflicto del que ella es la principal responsable. Cada día que pasa sin que dé la cara, el descrédito de la ministra Llop aumenta y su credibilidad como responsable política disminuye exponencialmente.

Asimismo, CSIF y el resto de sindicatos rechazamos el lamentable comportamiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública que pretende reescribir el acuerdo, imponerlo con un chantaje inaceptable e intentando escurrir el bulto con excusas de mal pagador para intentar justificar lo injustificable: que son incapaces de asumir sus compromisos, cumpliendo la ley y con la palabra dada en la mesa de negociación.

Conflicto colectivo

CSIF y el resto de sindicatos de la Administración de Justicia han declarado conflicto colectivo en el sector tras constatar:

1. La flagrante violación de derechos fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva.

2. El grave incumplimiento de las disposiciones de lo establecido en la ley de presupuestos.

3. El desprecio a los empleados/as públicos/as de la Justicia y el ataque a su dignidad profesional.

En primer lugar, el Ministerio de Justicia (en realidad el propio Gobierno) quiebra el principio de buena fe establecido en el artículo 34.7 del TREBEP. En segundo lugar, el Gobierno vulnera la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 cuya Disposición Adicional 157:

• Reconoce la grave discriminación salarial entre el personal destinado en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Instituto de Toxicología, Fiscalía General del Estado y órganos judiciales y oficinas fiscales de Castilla León, Castilla La Mancha, Murcia, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla).

• Obliga a negociar un acuerdo sobre adecuación salarial y aproximación del complemento específico en estos órganos judiciales y CCAA.

• Obliga, y aquí una de las claves, al Gobierno a adoptar “los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada a la presente disposición." Es decir, no caben excusas, la ley le exige poner el dinero para hacer posible lo que se pacte en la mesa de negociación.

En tercer lugar, el Gobierno, que tanto presume de ser el gobierno de los trabajadores, el gobierno social que defiende la negociación colectiva, se burla de sus empleados/as públicos/as saltándose a la torera sus derechos fundamentales, atacando la dignidad profesional de su personal y mostrando un desprecio absoluto hacia sus condiciones laborales.

Por todo lo anterior, las cuatro organizaciones sindicales exigen al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos en la mesa de negociación.

Mientras no lo haga:

- Seguirá el conflicto colectivo y las acciones para exigir el cumplimiento del acuerdo.

- Se están intensificando los contactos con los grupos parlamentarios, en especial, con quienes apoyaron la enmienda de ERC que dio lugar a la Disposición Adicional 157.

- La negociación colectiva queda suspendida por falta muy grave de confianza. No se puede reconocer como interlocutor a un Gobierno que MIENTE.

De hecho, el resto de sindicatos de Justicia ya no acudimos a la convocatoria que se nos cursó para el día 16 de noviembre dando por no negociado el orden del día y advirtiendo de que exigiremos responsabilidades si se pretende ejecutar lo que no está negociado no por voluntad sindical sino por la irresponsabilidad de la Administración.

-Se intensificarán las medidas de presión concentraciones de trabajadores, paros, etc. incluida la huelga para paralizar toda la Administración de Justicia

- Se llevará el asunto a los tribunales de Justicia y a instancias europeas para denunciar la violación de derechos fundamentales con el objetivo de que se restituya el contenido del acuerdo cerrado en la mesa de negociación el pasado 14 de septiembre.