La ‘Ley Mordaza’ reconocerá la figura del Agente de la Autoridad en Prisiones, tras las presiones de CSIF y ACAIP UGT
- Valoramos la decisión pero es insuficiente dentro de nuestro conflicto colectivo: hay que sacar adelante la Ley de Función Pública Penitenciaria y adecuar retribuciones
11 de Noviembre de 2021

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda a la Proposición de Ley Orgánica que reforma la Ley de protección de seguridad ciudadana (‘Ley Mordaza’) por la que reconocen la figura del agente de la autoridad en Instituciones Penitenciarias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mesa delegada de Prisiones, valora esta decisión que se produce tras las continuas denuncias realizadas junto a ACAIP UGT y el conflicto colectivo por la grave situación que atraviesan las prisiones españolas.

No obstante, esta medida es aún insuficiente en el marco del conflicto en Instituciones Penitenciarias. Para CSIF es imprescindible que la Administración Penitenciaria, el Gobierno y los diferentes Grupos Parlamentarios, asuman la necesidad de sacar adelante la Ley de la Función Pública Penitenciaria, con la adscripción del Cuerpo de Ayudantes al Grupo B del EBEP y una justa adecuación retributiva de todos los trabajadores de nuestra institución.

La enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos pretende modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria en los siguientes términos:

  1. Se otorga el carácter de Agentes de Autoridad a los funcionarios penitenciarios.

  1. Se establece el principio de veracidad en el ámbito disciplinario de los partes e informes elevados por los funcionarios penitenciarios.

  1. Se establece el principio de indemnidad, por el que la Administración Penitenciaria deberá compensar económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales o personales en acto o con ocasión del servicio, salvo que exista dolo, negligencia o impericia graves.

  1. Se garantizará la separación de los funcionarios penitenciarios del resto de los detenidos o reclusos en caso de detención o ingreso en prisión.

  1. Identificación por el número de registro profesional en los procedimientos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional.