CSIF, junto a CCOO y UGT, piden una reunión urgente a Montero para evitar el despido de 1.000 trabajadores del SEPE
05 de Julio de 2021

Estimada Ministra:

La Resolución firmada por su Dirección General de Costes de Personal y por la Dirección General de Función Pública respecto a las personas funcionarias interinas del SEPE conlleva una pérdida de empleo en el Organismo de 1.000 puestos de forma prácticamente inmediata, sin olvidar los 635 adicionales que cesan el mismo 30 de junio, sin que podamos prever cuando retornarán estos últimos.

Nada menos que 1.635 puestos, el 19% de la plantilla global y casi el 28% si la referenciamos a los efectivos en la red de Oficinas de Prestaciones, quienes prestan atención presencial a los usuarios de este Servicio Público.

Obviando la excepcional situación generada por la Pandemia, condicionante que sigue lastrando la gestión y lo hará todavía durante un periodo prolongado, se confirma que la presión de trabajo sobre el Organismo actualmente casi cuadriplica la existente en este mismo mes del año 2019.

Con la decisión que se adopta en las Resoluciones antes mencionadas y en lo que se refiere a plantilla presente en esos dos mismos momentos, se pondría de manifiesto que para gestionar un volumen de solicitudes cuatro veces superior contaríamos, a día de hoy, con 900 efectivos menos de los que el SEPE mantenía en julio de 2019. En concreto, 7.065 frente a los 7.970 de hace dos años.

El resultado entra dentro de claves grotescas, incluso cómicas si no fuera por las consecuencias que supone tal decisión. No solo por la ruptura de las expectativas de un conjunto de hombres y mujeres que han tenido que realizar, junto con el resto de la plantilla del SEPE, un esfuerzo titánico para responder al mayor reto administrativo al que se ha enfrentado la Administración de este País en todo el periodo democrático, ni tampoco por el endurecimiento de las condiciones laborales para el conjunto de personas que trabajan en el SEPE hasta unos niveles insoportables, si no por las consecuencias que esta decisión puede tener para el conjunto de personas desempleadas de este País.

El severo recorte de plantilla que conlleva la decisión de su Dirección General de Costes de Personal supone la necesidad inmediata de proceder al cierre de unidades de atención al público, al quedar las mismas completamente desprovistas de efectivos. Del orden de 158 unidades de atención van a quedar comprometidas, un 23% de la red.
Las demoras sobre los tiempos de reconocimiento de derechos económicos de la población desempleada serán inevitables, además del impacto demoledor sobre la calidad del servicio de este Organismo si este decremento desmesurado de plantilla se consolida. Y no debemos olvidar que todo ello se produce en el Organismo de la Administración General del Estado que, con diferencia, más atención ciudadana gestiona, sea cual sea el periodo de tiempo que se estime analizar.

¿Se ahorra en algo con esta decisión? No debemos engañarnos. El coste que conlleva mantener a este grupo de trabajadores y trabajadoras es ridículo comparado con el volumen de recursos económicos que están gestionando, no llegando a alcanzar el 0,001% de dichos recursos. Pero además, el ahorro formal de su cese o despido es una quimera, las dificultades e imperfecciones en la gestión que provocará este recorte de plantilla superará, con creces, lo que se pretende ahorrar.

Además, no parece contemplarse que el personal fijo discontinuo de este País (sobre todo en el sector de la Educación) junto al colectivo de trabajadores que finaliza las campañas agrícolas extraordinarias demandan nuestros servicios en cuanto finaliza este mes de junio, añadiendo a esta consideración que a 1 de julio buena parte de la plantilla del SEPE inicia el merecido periodo vacacional.

Es evidente que, desde cualquier punto de vista, la Resolución firmada es un sinsentido que nadie en esta Administración nos podemos permitir y, caso de consolidarse la misma, la conflictividad laboral se manifestará de manera inmediata en el Organismo, y no será fácil de solucionar. En este sentido y aun estando muy lejos de la voluntad y la trayectoria que en el SEPE llevamos manteniendo las tres Centrales Sindicales que suscribimos este escrito, el cese de este grupo de trabajadores/as nos obliga a una respuesta contundente, radicalizará a una buena parte de la plantilla y hará muy difícil la búsqueda de consensos.

Pero con independencia de lo anterior, no hay razón alguna que pueda justificar el cese de este grupo 1.635 funcionarios/as interinas/as en el SEPE. Y aquí reside el objetivo de esta comunicación, evitar que ello ocurra. Por tanto, creemos necesario mantener una reunión de forma urgente con
Vd., una reunión en la podamos poner en común alternativas que impidan el cese de este grupo de trabadoras/es.

Esperando sus noticias, reciba un cordial saludo.