CSIF convoca una concentración el 7 de abril para exigir a Justicia más medios tecnológicos y refuerzos de plantillas
- Rechazamos el protocolo del teletrabajo que se firma hoy para la Justicia porque establece trabas a esta modalidad laboral y no garantiza los equipos tecnológicos
- La pandemia pone en evidencia la falta de personal, la acumulación de asuntos y el incremento de los retrasos en los juzgados: La Justicia solo recibirá 410 millones de los 140.000 de los fondos europeos
- CSIF exige al ministro que atienda a las necesidades de la Justicia 2021 y que abra la mesa de negociación para abordar las reformas que pretende llevar a cabo con la participación real y efectiva del personal
29 de Marzo de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, iniciará la próxima semana un calendario de movilizaciones para reclamar más medios materiales y personales ante la saturación actual de los juzgados a causa de la pandemia y la ausencia de negociación por parte del titular de este departamento. Las movilizaciones comienzan el próximo 7 de abril con una concentración ante el Ministerio.

De entrada y a modo de ejemplo, CSIF rechaza el protocolo del teletrabajo de Justicia, que se firmará hoy en el Ministerio, porque establece un sistema de autorizaciones que en la práctica dificultará el acceso al teletrabajo de manera homogénea entre comunidades autónomas. Además, no se establece la obligación de proporcionar los equipos tecnológicos necesarios a las personas que opten por esta modalidad.

El derecho fundamental de negociación colectiva está siendo arrinconado de forma sistemática por el Ministerio y advertimos que desde el minuto uno se ha utilizado el estado de alarma para sortear la obligación de negociar todo lo que afecta a las condiciones de trabajo del personal de Justicia.

Incremento de los retrasos en los juzgados por la Covid19

Desde el sindicato, lanzamos hace meses la voz de alarma ante la acumulación de asuntos por la suspensión de plazos y el aumento de litigios relacionados con el Covid-19, en todos los órdenes jurisdiccionales.

Los juzgados de lo social, contencioso administrativo y mercantiles están muy afectados y la ciudadanía no puede sufrir los efectos de la crisis en nuestros servicios públicos. Los problemas por el incremento de los retrasos y el empeoramiento del servicio a los ciudadanos los había y los va a seguir habiendo, pero corregidos y aumentados por la crisis, según alertamos desde CSIF.

Además, rechazamos la pésima gestión por parte del Ministerio de la protección de la salud del personal de Justicia durante la pandemia. No ha habido medios de protección, seguimiento de casos ni de impacto de la incidencia del virus y se ha excluido a las plantillas de los grupos prioritarios de vacunación, al igual que otros servicios esenciales.

Falta de inversiones reales

Pese a la gravedad de la situación, desde CSIF advertimos de que la Justicia solo va a recibir 410 millones de euros de los 140.000 millones del fondo de resiliencia europeos, una cifra claramente insuficiente para acometer las reformas pendientes y paliar todas las carencias estructurales.

España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea y se necesitan al menos 19.222 nuevos puestos de trabajo en la Administración de Justicia. Por otro lado, no podemos olvidar el mal estado de algunas sedes judiciales en las que no se invierte en su mantenimiento y que no son dignas de albergar un servicio público de calidad.

Negociación de las condiciones de trabajo

CSIF no va a tolerar que la reforma de la Justicia se haga a costa de los derechos del personal y que suponga una merma de sus condiciones de trabajo. Esta reforma debe pasar por el reconocimiento laboral y retributivo de los funcionarios de Justicia cualquiera que sea el ámbito territorial en el que estén destinados lo que incluye solucionar la discriminación salarial del personal bajo la dependencia orgánica del Ministerio.

CSIF siempre ha abogado por el diálogo y la participación en la necesaria reforma de la Administración de Justicia. Pero si no se abre esa puerta a la participación real y efectiva del personal de Justicia y al acceso de información concreta sobre los planes que afectan a sus condiciones laborales solo nos quedará la vía del conflicto.