Las reivindicaciones de CSIF Justicia para 2021
- 2021 debe ser el año en el que se ponga fin al agravio salarial entre Comunidades Autónomas
29 de Enero de 2021

Javier Jordán de Urríes Sagarna, presidente de CSIF Justicia, manifiesta a Confilegal que 2021 «debe ser el año en el que se ponga fin al agravio salarial entre Comunidades Autónomas, especialmente grave en el complemento específico de los funcionarios destinados en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia».

«La Disposición Adicional 157º de la Ley de Presupuestos de este año obliga al Ministerio a hacerlo», señala.

Además, reivindica que en los próximos meses también «deben sentarse las bases para una revisión y redistribución de las funciones dentro de la oficina judicial», y que «se ponga en valor el capital humano de la Justicia, dando funciones de verdadero valor añadido a todos los Cuerpos de la Administración de Justicia (Letrados de la administración de justicia y cuerpos generales y especiales)».

Reclama que paralelamente se aborde la adecuación salarial de estos Cuerpos, así como la reordenación de los conceptos retributivos.

También pide que se sienten las bases de la carrera profesional en Justicia. «Este sistema de promoción profesional se incluyó diciembre de 2018 en la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces, fiscales, letrados de administración de Justicia, cuerpos generales y especiales gracias a la acción de CSIF, pero queda pendiente su desarrollo», apunta.

Otra de las reivindicaciones de este sindicato para este año es que se garantice una promoción interna «real» en la oficina judicial. Para ello, pide que se amplíe el porcentaje de plazas reservado para este turno, y se eliminen las restricciones a las sustituciones de cuerpo de superior titulación».

CSIF Justicia también exige que «se tomen en serio las cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales y la protección a la salud del personal de Justicia».

En este sentido, reclama que se regule «de forma estable y garantista» el derecho al teletrabajo, establecido en el artículo 47 bis del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

Añade que también debe ser el año en el que se cumplan «en su integridad» los acuerdos firmados en 2014 y 2015 por el Ministerio de Justicia y los sindicatos en materia de regularización de los periodos trabajados y no cotizados.

«Hay decenas de funcionarios que trabajaron antes de 1990 sin cobertura por jubilación y ahora ven mermadas sus pensiones al llegar a la edad de jubilarse. El Ministerio se comprometió en 2015 a buscar soluciones y ahora ya no caben más excusas tras la publicación de la Disposición Adicional 158ª de la Ley de Presupuestos, que recoge que el Gobierno tiene la obligación de oficio o a instancia de parte de regularizar estos periodos no cotizados», precisa.

En este sentido, CSIF también pide que se refuerce la Justicia de Paz y se establezcan «sistemas de provisión de puestos de trabajo eficaces y transparentes, desde los concursos de traslados hasta las bolsas de interinos, pasando por las sustituciones y las comisiones de servicio;

Por último, reclama que, además, se sienten las bases de la revisión de las guardias, cuya regulación data del año 2003.

«Estas y otras cuestiones deben ser incluidas en ese proyecto de Justicia 2030 y abordadas en el seno de la Mesa de negociación», reclama Javier Jordán de Urríes.

CSIF informa que estas medidas están incluidas en un documento con 53 líneas de actuación, agrupadas en 7 ejes, que el pasado mes de septiembre presentó al Ministerio y señala que hasta la fecha no ha recibido «respuesta alguna».

«Cuando se habla de participación, queda mucho camino por recorrer», destaca Jordán de Urríes.

CSIF afirma que «está dispuesto a dialogar y negociar en este 2021, como ha hecho siempre».

Según denuncia, «el ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical, en el que se incluye el de negociación colectiva, ha sido marginado sistemáticamente durante la pandemia».

Destaca que es este derecho fundamental «el mecanismo legal para hacer realidad la participación real y efectiva de los empleados públicos en el proceso de reforma.»

«No sólo en términos de legalidad, sino también, desde el sentido común, el Ministerio de Justicia está obligado a contar con los empleados públicos en el diseño y puesta en marcha de un modelo de Justicia en el que las condiciones de trabajo van a cambiar de forma radical», señala el presidente de CSIF Justicia.

Y vuelve a advertir que «lo contrario es un tremendo error que sólo lleva al conflicto».

Javier Jordán de Urríes reconoce que «la situación excepcional que se nos planteó a partir del 14 de marzo exigió adaptar la negociación para dar agilidad a la toma de decisiones relativas a la pandemia», pero subraya que «ahora no hay excusa, ni siquiera con esa nueva metodología de trabajo denominada co-gobernanza».

Hace hincapié en que «la gran reforma de la Justicia no está en externalizar o privatizar servicios, ni en reformar su estructura externa imponiendo la Justicia colegiada».

«La gran reforma, la más importante y duradera, es la reorganización interna, dando funciones de valor añadido a todo los Cuerpos, redefiniendo los perfiles profesionales necesarios, redistribuyendo funciones dentro de la oficina; en definitiva, aprovechando el capital humano existente con el correspondiente reconocimiento laboral y retributivo, para mejorar la Justicia «, manifiesta el presidente de CSIF Justicia.

Por otra parte, respecto al Registro Civil, señala que, «tras años de lucha de miles de funcionarios de Justicia, por fin parece que se queda en la Administración de Justicia a través de una Proposición de Ley que reformará la Ley 20/2011 y que se está tramitando en el Congreso de los Diputados».

Dice que «se abre la oportunidad para aprovechar el conocimiento, experiencia y capacidad del personal destinado en los Registros civiles y modernizar un servicio público desde el punto de vista tecnológico y organizativo en beneficio de los ciudadanos».

«Un servicio público próximo al ciudadano, aprovechando la actual demarcación y reforzando las funciones de los Juzgados y Agrupaciones de Paz que tienen dotación de personal de los Cuerpos de Justicia», agrega Jordán de Urríes.

Según CSIF, el Registro Civil «debe ser el órgano especializado en materia de estado civil de las personas», pide que «se recuperen algunas funciones exclusivas que se han ido externalizando en los últimos años y se refuerce su papel en otras materias, como las nacionalizaciones en las que los Registros Civiles pueden ser la solución al enorme atasco que sigue habiendo en esta materia».

Fuera del ámbito de la Administración de Justicia, De Urríes Sagarna desea para este nuevo año «que los responsables políticos acierten con sus medidas para combatir el virus, que aprendan de los errores cometidos, y que doten de personal y de medios materiales y organizativos para que la Administración pública pueda cumplir con su función constitucional de servir con objetividad al interés general, «es decir, al interés de los ciudadanos que somos todos, incluso en tiempos tan críticos como los que atravesamos».

CSIF Justicia también quiere dar las gracias «a los miles de empleados públicos que, con su trabajo, han salvado vidas y han permitido que la vida continúe a pesar de la grave situación que atravesamos, y de las limitaciones y restricciones a las que se han visto sometidos».

Afirma que «si algo bueno trae esta maldita pandemia es el ejemplo de los empleados públicos, de su compromiso con la sociedad, y, por otro lado, la demostración del valor esencial de unos servicios públicos fuertes y bien dotados de medios personales y materiales en una sociedad moderna».

«Pido salud para todos, que las vacunas/tratamiento lleguen pronto a toda la población, y que, poco a poco, vayamos recuperando la libertad perdida, en todos los sentidos, por las medidas adoptadas, y que se siguen adoptando para frenar al virus», concluye.